En un plazo de tan solo dos semanas, cuando lo habitual suelen ser meses, los ministros de energía de la Unión Europea han logrado cerrar un acuerdo político sobre la nueva batería de medidas de emergencia con las que intervenir el mercado eléctrico europeo para rebajar la factura de la luz de millones de hogares y empresas. El plan, tal y como propuso en su día la Comisión Europea, contempla una reducción obligatoria del consumo de electricidad del 5% en las horas puntas más una reducción recomendada global del 10%, un tope a los ingresos extraordinarios de las tecnologías inframarginales de bajo coste como las renovables y una contribución temporal y solidaria de las petroleras y empresas gasistas.

Los Veintisiete han necesitado menos de una hora para validar el nuevo reglamento que llegaba a la reunión prácticamente cerrado, tras las transacciones de los últimos días de la presidencia checa de la UE para acomodar las posturas de los distintos Estados miembros y garantizar la flexibilidad requerida en la aplicación de las mismas. Una flexibilidad que permitirá a los gobiernos europeos seguir aplicando medidas equivalentes a las diseñadas a nivel europeo. Esto significa que el Gobierno de Pedro Sánchez seguir aplicando la minoración de los beneficios de las tecnologías inframarginales puesto en marcha en septiembre del año pasado así como el nuevo impuesto del 1,2% a las empresas energéticas que tramita actualmente el Congreso

“Vivimos tiempos excepcionales. El acuerdo alcanzado este viernes supondrá un alivio para los ciudadanos y las empresas europeas. Los Estados miembros aplanarán la curva de la demanda de electricidad durante las horas punta, lo que tendrá un efecto positivo directo en los precios” y “redistribuirán los beneficios excedentes del sector energético entre quienes tienen dificultades para pagar sus facturas”, ha celebrado el ministro checo de energía y presidente de turno del Consejo, Jozef Síkela.

Ahorro obligatorio pero flexible

El acuerdo establece un objetivo de reducción global voluntario del 10% del consumo bruto de electricidad y un objetivo de reducción obligatorio del 5% en las horas punta del día, las más caras con el objetivo de reducir el consumo de gas, hasta finales de marzo de 2023. Los Estados miembros tendrán libertad absoluta para identificar el 10% de sus horas punta durante las que reducir la demanda así como las medidas adecuadas para reducir el consumo para ambos objetivos en este periodo. En segundo lugar, la UE limitará los beneficios extraordinarios a 180 euros/MWh para los generadores de electricidad, incluidos los intermediarios, que utilizan las llamadas tecnologías inframarginales para producir electricidad, como las renovables o la nuclear.

Según los Veintisiete, estos operadores han obtenido ganancias financieras inesperadas en los últimos meses, sin que sus costes operativos hayan aumentado, debido al papel del carbón y el gas como fuentes marginales que fijan los precios y que actualmente inflan el precio final de la electricidad. El nivel del tope, que países como España consideran excesivamente elevado, está pensado para preservar la rentabilidad de los operadores y evitar que se obstaculicen las inversiones en energías renovables. El acuerdo, no obstante, permitirá a España seguir aplicando el tope de 67 euros MWh que tiene desde el año pasado.

Tasa a las energéticas

El tercer pilar del reglamento introduce una “contribución de solidaridad temporal obligatoria” sobre los beneficios de las empresas activas en los sectores del petróleo crudo, el gas natural, el carbón y las refinerías. Este impuesto se calculará sobre los beneficios imponibles, determinados según las normas fiscales nacionales en el ejercicio fiscal que comienza en 2022 y/o en 2023, que sean superiores a un aumento del 20% de la media de los beneficios imponibles anuales desde 2018. La contribución de solidaridad, del 33% de los beneficios extraordinarios, se aplicará además de los impuestos y gravámenes regulares aplicables en los Estados miembros. Aunque no es exactamente igual que el gravamen diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el reglamento garantiza que los Estados miembros podrán mantener sus medidas nacionales si son equivalentes.

La nueva norma también permitirá a los gobiernos fijar temporalmente un precio para el suministro de electricidad a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de apoyar a las pymes, y fijar, de forma excepcional y temporal, un precio para el suministro de electricidad que esté por debajo del coste. Según el acuerdo, que Estados miembros utilizarán los ingresos de la contribución de solidaridad para proporcionar ayuda financiera a los hogares y a las empresas y para mitigar los efectos de los altos precios de la electricidad al por menor. Las medidas entrarán en vigor en cuanto se adopten formalmente y una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la UE.