El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social trabaja en cerrar la brecha digital que impide que más canarios accedan al Ingreso Mínimo Vital (IMV). En su reciente visita al Archipiélago, el ministro José Luis Escrivá mantuvo un encuentro con el equipo técnico del Redlab, un proyecto piloto que tiene como objetivo eliminar las barreras tecnológicas que se encuentran quienes pretenden tramitar tanto la percepción del IMV como de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
La iniciativa, encargada a la Red Europea contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros que financia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y aspira a llegar a 4.300 participantes de todas las islas. Desde junio de 2020, solo 57.887 isleños han accedido al IMV. Un número escaso teniendo en cuenta que en las Islas 365.055 personas sobreviven con menos de 454 euros al mes, según datos ofrecidos la semana pasada por la propia EAPN.
Desde el ministerio han puntualizado este miércoles que para evaluar el acceso al IMV se tienen en cuenta "tanto las rentas como el patrimonio", por lo que "no se puede comparar con el índice Arope", el que arroja esas más de 365.000 personas en situación de pobreza severa. Además, han señalado que el número de hogares beneficiarios "casi dobla al de los protegidos por la PCI".
Los trabajadores sociales canarios señalaron este martes la conveniencia de dejar en manos de terceros la tramitación de las solicitudes. La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Delgado, recomendó establecer convenios con los ayuntamientos para dotarlos de personal que pueda desempeñar dicha labor. De ahí que pusiera en duda la utilidad de la guagua -stands en el caso de las Islas- que recorrerá los puntos de España con mayores tasas de pobreza y desempleo, y presentada por Escrivá al inicio de la semana.
El ministerio puso en marcha a finales del pasado año el Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital, en el que pueden inscribirse las organizaciones no gubernamentales para acercar a potenciales beneficiario a la prestación. ¿De qué manera? Acreditando su idoneidad, función que desde antes podían realizar los ayuntamientos. Es otra de las vías exploradas por Escrivá para llegar al máximo número de perceptores.
El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social reconoció esta misma semana que uno de cada cuatro potenciales perceptores del IMV no conoce la existencia misma de la prestación. Desde su puesta en marcha en junio de 2020, el IMV ha llegado en toda España a unos 510.000 hogares y casi 1,5 millones de personas, 600.000 de ellas menores. Escrivá espera mejorar esas cifras y superar los 650.000 hogares al final de la legislatura.
Al lanzar la prestación, Inclusión esperaba llegar a 850.000 hogares. «Se hicieron estimaciones de medio plazo en su momento de hasta dónde podíamos llegar, todavía no teníamos los datos», aclaró el ministro, tal y como recogió Europa Press. A ello añadió que hasta el momento se han recibido más de 2 millones de solicitudes a lo largo y ancho del Estado y que la tramitación está «prácticamente al día» con «retrasos mínimos».
¿Quiénes pueden beneficiarse?
Residencia
Los potenciales perceptores deben residir en España durante al menos el año, ininterrumpidamente, anterior a la solicitud. Están exentos de esta condición los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; las víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual, y las mujeres víctima de violencia de género.
Vulnerabilidad
Para determinar quién está en situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante, individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros. La cantidad debe ser inferior en 10 euros a lo que corresponde cobrar por el IMV. Además, se tiene en cuenta el patrimonio (excluida la vivienda), que no puede triplicar el hipotético ingreso por el IMV. En el caso de una persona individual, el límite está en 17.698,80 euros.
Cantidad a cobrar
La casuística es muy variada y los ingresos mensuales van desde los 491,63 euros de un solo individuo hasta los 1.189,75 euros de, por ejemplo, una familia monoparental con cuatro o más menores a su cargo.
No es una suma fija
La cuantía a cobrar cambia en cuanto lo hacen las circunstancias expuestas en la tramitación inicial. Tanto las del solicitante como la de toda su familia. El cambio será efectivo desde el primer día que sigue a aquel en el que se registra el cambio.
