Los alcaldes preparan un régimen sancionador contra aquellos propietarios de viviendas vacacionales que se salen de madre. Ni habrá un cambio en las reglas básicas del juego ni nadie que en estos momentos alquile su vivienda a turistas tendrá que dejar de hacerlo, aseguran. Pero habrá que cumplir con los clientes, con la comunidad de vecinos –si es el caso– y con la localidad, el barrio o la zona en que se encuentre el piso, la casa o el chalé. Están por ver los detalles de ese régimen y el alcance de las sanciones, pero una gran mayoría de los ayuntamientos, si no todos, tiene claro que el «vacío normativo» en que se mueve el negocio del alquiler turístico en el ámbito local tiene que acabar más pronto que tarde.
La propuesta normativa encargada por la Fecam no ha gustado a todos los ayuntamientos
En estos momentos está en vigor el Reglamento de viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que el Gobierno regional aprobó por decreto en mayo de 2015. Un decreto, el 113/2015, que, sin embargo, sufrió las tijeras de la Justicia hasta convertirse en un mal remedo de lo que el Ejecutivo autonómico pretendía que fuera. Los jueces suprimieron, entre otros, el artículo que prohibía la vivienda vacacional en las zonas turísticas. En definitiva, y más allá de lo judicial, el reglamento ha quedado desde entonces en entredicho. Los ayuntamientos llevan tiempo advirtiendo de que existe una serie de vacíos normativos ante la cual los municipios casi no tienen margen de actuación. Y, sin embargo, la misma Justicia que cercenó el decreto autonómico también ha abierto la puerta a que la Administración local, esto es, los ayuntamientos, intervenga en esta problemática a través del planeamiento urbanístico. De momento, en la Federación Canaria de Municipios, la Fecam –la entidad que armoniza los intereses de los 88 consistorios del Archipiélago–, aún están viendo qué hacer, pero sí avisan que es irrenunciable un régimen sancionador que les permita actuar contra los piratas de este negocio. Contra esos que tienen pisos vacacionales en edificios residenciales sin importarles lo más mínimo el bienestar de los vecinos, esos que organizaban fiestas «multitudinarias» en plena pandemia –así lo aseguraron ayer desde la propia Fecam– o esos otros que engañan a los turistas, como a quienes en un municipio del sur de Tenerife vieron que la casa que habían arrendado para pasar unos días en realidad no existía. El propio alcalde tuvo que ayudarlos a buscar alojamiento.
La Ascav afirma que aplicar el borrador acabaría con hasta el 95% de las viviendas vacacionales
Con este objetivo, la Fecam encargó a un despacho de abogados la redacción de una propuesta normativa, un borrador, que ha levantado ampollas en la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav). En la Ascav entienden que lo que en el fondo persiguen los alcaldes es acabar con esta actividad, algo que niegan de plano desde los ayuntamientos. De entrada, precisan, porque el borrador en cuestión, que ya ha sido distribuido entre los 88 consistorios, no ha gustado a todos, ni mucho menos. Y, además, recuerdan desde la Fecam, porque muchos alcaldes ya se enfrentaron en su día al Gobierno de Canarias cuando este decidió prohibir la vivienda vacacional en las zonas turísticas, lo que luego tumbaría la Justicia. Pero esto es una cosa, subrayan desde la Federación de Municipios, y otra distinta es que se permita una «barra libre» que, aseguran, ya se está dando en determinadas localidades. Por eso no van a desistir de su intención de armarse jurídicamente para poder así inspeccionar y, llegado el caso, sancionar a los propietarios incumplidores.
No obstante, también está sobre la mesa, sobre todo tras el llamamiento del Tribunal Supremo a la intervención de los ayuntamientos en este ámbito, la cuestión de qué hacer ante esos casos extremos en que la proliferación de las casas vacacionales menoscaba de una u otra manera el derecho constitucional a la vivienda. Un asunto espinoso que se aborda en la propuesta normativa que manejan los alcaldes justamente para casos extremos. Esos casos en los que «se evidencian dificultades para satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna, se incrementen significativamente los precios de compraventa de la misma o de los arrendamientos de larga duración, o se plantean problemas recurrentes de orden público y convivencia».
Un regidor tinerfeño tuvo que ayudar a unos turistas que vieron que la casa arrendada no existía
La posición de la Ascav es, por su parte, muy clara: si la propuesta normativa que ha salido a la luz «solo» es un borrador, la asociación «solo» lanza su particular aviso a navegantes. En cualquier caso, desde la organización avisan que si ese borrador de reglamento entrase en vigor en sus actuales términos, se llevaría por delante hasta el 95% de las viviendas vacacionales. Además, en la Ascav insisten en que no puede cargarse la responsabilidad de los problemas de falta de vivienda que padece la región sobre los hombros de las 70.000 familias que viven en las Islas del alquiler vacacional. No en vano, argumentan desde la asociación, esa propuesta aboga por establecer un régimen de autorización previa de la actividad en detrimento de la declaración responsable, amén de condenar al propietario que pierda la licencia a cesar en el negocio en los siguientes cinco años. Por todo ello, la Ascav avisa que volverá a los tribunales si fuera necesario.
