La proliferación de residentes en las zonas turísticas del Archipiélago cuesta dinero. Así al menos lo recoge el informe Los impactos económicos de la residencialización de zonas Turísticas elaborado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la ULPGC. Solo estimando –«a la baja», sostiene el documento– la existencia de 19.000 usos residenciales en San Bartolomé de Tirajana, «la pérdida de actividad económica sería de unos 591 millones de euros anuales».
Esa suma supone que en cada ejercicio dejen de llegar a las arcas públicas «83 millones de euros en impuestos» y que se vayan al limbo 12.433 puestos de trabajo. «Nuestro trabajo se ciñe a la vertiente económica del problema, en ningún caso entramos en la legal», puntualiza Carmelo León, director del Tides.
Ese otro plano, el de las leyes, es el escenario donde se enfrentan los inversores agrupados en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) y la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT). El presidente de esta última, Blas Padrón, invoca «el derecho a la propiedad privada» como límite que no pueden superar las normas que se redactan para atajar el problema.
Los propietarios reivindican el derecho a la propiedad privada
En otras palabras, aquellos que han comprado un apartamento en alguna de las áreas turísticas del Archipiélago rechazan que se legisle para que no puedan estar cuando quieran y durante el tiempo que quieran en sus inmuebles.
«Somos muy respetuosos con el derecho a la propiedad, pero no es un derecho absoluto, tiene sus limitaciones», sostiene por su parte el secretario general de la FEHT, Fernando Mathias. Las lindes, explica, las marcan «los usos que determine el planeamiento. Es como si tienes un garaje y quieres vivir ahí, no es posible porque no reúne las condiciones de habitabilidad», ejemplifica.
El informe del Tides está elaborado con datos de 2014, pero «tiene plena vigencia», aclara Carmelo León. Es más, «si acaso, los datos serán ahora peores, porque son muchos los extranjeros que han adquirido desde entonces una propiedad con uso turístico y están viviendo en ellas», subraya el también catedrático de Economía Aplicada de la ULPGC.
273.000 empleos al limbo
La importancia que el negocio turístico tiene para las Islas queda clara con un simple vistazo a algunas de las cifras que ofrece el Tides. «Generó unos ingresos fiscales de 1.827 millones de euros, así como 273.000 empleos directos e indirectos». Al analizar esas mismas variables por plaza alojativa, el resultado es que cada una de ellas genera un «impacto económico de 31.125 euros, un ingreso fiscal de 4.363 euros y 1,3 empleos por cada dos plazas».
Números que erosiona cada uso residencial que se suma a los ya existentes. Pero no es este el debate que la PALT promueve. «Lo que queremos, como ocurre en cualquier lugar de España o de Europa, es poder hacer con nuestras propiedades lo que queramos», enfatiza Blas Padrón.
Una de las últimas acciones que ha iniciado el colectivo es la remisión al Parlamento de Canarias de una iniciativa legislativa popular que insta a cambiar la normativa turística autonómica. Según explica el presidente de la PALT, «en breve se iniciará» el proceso de recogida de «las 15.000 firmas» que se exigen.
En opinión de los propietarios de los inmuebles, las leyes que se han articulado en las Islas responden «a presiones de los lobbies empresariales sobre los políticos». Al final del proceso termina primándose, afirma Padrón, «el interés particular», el de los promotores turísticos, «sobre el general», el de los propietarios que quieren dar a su propiedad el uso que estimen más pertinente.
¿Cuál es el interés general?
Tampoco en la definición del término interés general se ponen de acuerdo las partes. Recientemente la FEHT visitó al Diputado del Común, Rafael Yanes. El objetivo de ese encuentro fue explicar al comisionado «la necesidad de hacer cumplir las normas autonómicas destinadas a impedir la residencialización de los inmuebles ubicados en parcelas de uso turístico», según el comunicado hecho público el 11 de octubre.
12.433
empleos
- El uso residencial de la planta alojativa supone la pérdida de 12.433 oportunidades de empleo, según el informe Los impactos económicos de la residencialización de zonas Turísticas.
17.000
alegaciones
- Unas 17.000 alegaciones, según el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, se presentaron contra el planeamiento en San Bartolomé de Tirajana.
15
veces menos
- El uso residencial propicia unas rentas quince veces menos que el turísticos. Esa merma conlleva menos ingresos fiscales para las arcas públicas y menos actividad económica.
Yanes recibió una copia del informe del Tides, sobre el que Carmelo León señaló entonces que apunta «a la necesidad de ser realistas y tomar decisiones prácticas acordes con el interés general». Es decir, desde esta otra orilla se entiende que el interés general radica en la defensa de una actividad que genera rentas –actividad económica e ingresos fiscales– que multiplican por quince a las que propicia el uso residencial.
"Lo que la FEHT demanda son actuaciones eficaces por parte de las administraciones competentes"
«Lo que la FEHT demanda son actuaciones eficaces por parte de las administraciones competentes para erradicar el uso residencial y el alquiler ilegal de los establecimientos turísticos, ya que cuentan con los instrumentos legales para ello», subraya Mathias.
En opinión del secretario general de la patronal turística, «toda la legislación autonómica encaminada a resolver este problema da preferencia al uso turístico». Precisamente es eso lo que no entienden los propietarios que quieren residir allí. «Impedírnoslo no se sostiene con la Constitución ni el Código Civil en la mano», expone el presidente de la PALT.
Más gasto en los hoteles
El informe elaborado por el Tides señala que el gasto diario que cada persona realiza en hoteles y aparthoteles, con independencia de su categoría, es superior al desembolso de quienes optan por apartamentos, villas y el resto de «unidades alojativas residenciales como vivienda propia o de familiares y amigos». Donde menos gasto se produce es en casa de amigos o familiares y en los apartamentos, bungalós o chalés propios. «Es lógico plantearse que en el caso de la oferta residencial, buena parte del gasto es cero por la utilización de la vivienda», subraya el documento. Es decir, más allá de si el gasto en hoteles o apartamentos es mayor o menor, las unidades alojativas cuyos propietarios las destinan a vivienda no generan renta alguna, ya que se retiran del mercado turístico. | J. G. H.
