El Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo el mando de Yolanda Díaz, está ultimando la redacción del Estatuto del Becario, una norma que busca regular la formación práctica que cada año realizan miles de jóvenes en empresas y otros organismos, para acabar con los abusos que en diferentes ocasiones se producen hacia estas personas, que hasta ahora no han contado con un marco regulatorio común que resguardase sus derechos. El texto amparará a alrededor de 20.000 becarios de las Islas, según se desprende de las estimaciones que han realizado los sindicatos que, aunque señalan que no existen registros oficiales y es complicado aportar una cifra con exactitud, en el comienzo de la negociación con el Gobierno detallaron que cada año 447.000 jóvenes de todo el país realizan algún tipo de prácticas no laborales.
En esta cifra se engloba a titulados sin experiencia que recurren a prácticas para poder poner algo en su curriculum al iniciarse en el mundo laboral, pero también a aquellos que las realizan dentro de la formación para el empleo, los que las llevan a cabo para adquirir un certificado de profesionalidad y aquellas que se realizan dentro de los programas académicos de la Formación Profesional y los estudios universitarios, incluyendo las dos modalidades: curriculares y no curriculares.
Los sindicatos creen que este formato ha sido un «coladero de fraude y explotación laboral»
A través de este nuevo Estatuto del Becario, Trabajo pretende delimitar en qué condiciones se realizan estas prácticas no laborales y establecer un cuadro mínimo de derechos para estas personas, ya que según Esther Martín, secretaria de Acción Sindical, Mujeres y Juventud de Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, han sido hasta ahora «una fuente de fraude y explotación laboral».
Jornadas interminables, incluso sábados, domingos y festivos, sin retribución en muchos casos y con unos niveles de responsabilidad que sobrepasaban con creces lo que cabría esperar de una persona que se encuentra en proceso de formación. Esta es la experiencia que aseguran haber tenido muchos de los que antes de lanzarse al mercado de trabajo han recurrido a este tipo de mecanismos para ganar destreza en su ámbito laboral. Pero, lo que se acaban encontrando es que a través de ellos «lo que se quiere es cubrir un puesto de trabajo». Una forma de «precarizar» las condiciones de este segmento de población que tal y como apunta Martín también «atenta contra los ingresos de la Seguridad Social», ya que gran parte de las personas que realizan prácticas no laborales no cotizan.
El documento –que ya ha recibido el aval de los sindicatos y del que por ahora la patronal se ha descolgado– obliga a las empresas a pagar unas cotizaciones mínimas por sus trabajadores en prácticas y fija además que los becarios reciban una compensación de los gastos derivados de su dedicación, como el transporte o la manutención, siempre y cuando no reciban una remuneración, algo a lo que no se obliga a empresas ni universidades, al considerar que estos jóvenes realizan una formación y no un trabajo propiamente dicho.
El texto también impone un número máximo de becarios según el tamaño de cada empresa y este no podrá exceder del 20% de la plantilla, para evitar el abuso de esta figura para compensar la falta de trabajadores, así como la imposición de un tutor que vele por la formación de los alumnos.
La propuesta busca que se recurra a los contratos de formación que ya están en vigor
Tras su aprobación, los becarios tendrán también derecho a vacaciones y los mismos derechos respecto a descansos, jornadas y días festivos que establezca el convenio al que se acoja el resto de trabajadores de la empresa. Las prácticas tampoco podrán desarrollarse en horario nocturno o a turnos.
El nuevo Estatuto suprime la figura de las prácticas extracurriculares –aquellas que un estudiante realiza durante su etapa académica pero que no computan para nota ni forman parte del itinerario obligatorio– y da a las universidades un periodo de gracia para adaptarlas e incluirlas en los programas académicos.
Contratos formativos
Para el resto de las prácticas, la norma quiere establecer que se tenga que recurrir de manera obligatoria a alguno de los contratos formativos regulados en el Estatuto de los Trabajadores, ya sea el contrato de formación en alternancia o el de adquisición de práctica profesional. En septiembre, un total de 6.008 personas estaban afiliadas a la Seguridad Social vinculadas a estos contratos de formación en Canarias. Una modalidad que en el último año ha sufrido un incremento del 61,3%, el mayor del conjunto del Estado y que en las Islas tienen una proporción superior a la media nacional. Algo que podría indicar a su vez un empleo injustificado de esta modalidad, ya que en comunidades con un sistema productivo similar al canario las cifras son muy inferiores.
El texto ya pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT ha recibido por ahora el rechazo de la patronal pero también de las universidades. La Conferencia de Rectores expresó recientemente su descontento al considerar que perjudicará a la formación de sus estudiantes, ya que reducirá de modo «significativo» la oferta de prácticas que ahora disponen.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, también mostró recientemente sus dudas respecto a este documento. Aunque aseguró que está de acuerdo en que exista un Estatuto del Becario, ha matizado que su definición no está clara en el texto, pero advirtió que la negociación «todavía no está cerrada». La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, parece dispuesta a arrancar el respaldo a la patronal y con este objetivo ha aplazado la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros.
«Quedará en papel mojado si no hay inspecciones»
Carmelo Mena tiene 31 años y como tantos otros jóvenes canarios comenzó su trayectoria en el entorno laboral como becario. «El problema es que es la única vía que nos queda para ganar experiencia». Durante meses hizo prácticas como ingeniero en una organización pública de Gran Canaria y aunque reconoce que su experiencia no fue mala y demuestra que se pueden hacer las cosas bien, también reconoce que quizá la diferencia con lo que les ha ocurrido a muchos compañeros es que él las realizó en una institución pública. «Cobraba 600 euros, pero se respetaron los horarios y las responsabilidades», aunque admite que ya hacia el final de su etapa como becario, el trabajo que realizaba y la remuneración que recibía no iban a la par. Se muestra de acuerdo en que se quieran establecer una serie de derechos para el colectivo pero lamenta que si esto no va acompañado de inspecciones puede quedar en nada. | D.G.
«Parece una penitencia que tenemos que pasar»
«El objetivo de mi beca era cubrir un puesto de trabajo, tenía las mismas responsabilidades y nadie se encargaba de mi formación». Así resume Katherine Rodríguez las prácticas que durante dos meses realizó en una farmacia de Tenerife. Cobraba 200 euros, una cuantía que por supuesto no le daba para sufragar todos sus gastos. «Me tenían allí para sacar el trabajo, me encargaba de cuadrar la caja y sabía que si faltaba dinero me tocaría ponerlo a mi de mi bolsillo», señala. Esta joven de 30 años cuenta que tampoco le facilitaban nada si tenía que atender algún asunto relacionado con su formación. Rodríguez asegura que muchas empresas «se aprovechan porque cuando sales de la carrera no tienes mucha información ni conoces tus derechos» y las dificultades del mercado laboral «te hacen aceptar cualquier tipo de condiciones». «Parece una penitencia que los jóvenes tenemos que pasar». | D.G.
