El 1 de enero de 2023 las localidades españolas de más de 50.000 habitantes –149 en total– deben tener operativas zonas de bajas emisiones (ZBE) a las que no podrán entrar los vehículos que más contaminan. Los salidos de fábrica antes de 2001 no cuentan con la etiqueta que revela el volumen de gases nocivos que lanzan a la atmósfera y en Canarias, donde el parque móvil presenta una edad media muy elevada, son un total de 630.530.
El Ministerio para la Transición Ecológica maneja un proyecto de real decreto que determinará el reglamento a cumplir por los ayuntamientos. Llamativa la tardanza porque en abril se dio a conocer su existencia y por la importancia que tiene. Sin él en la mano, los municipios saben en qué línea deben trabajar pero desconocen si alguno de sus esfuerzos será finalmente baldío.
Desde las perspectiva contraria, Manuel Sánchez, presidente de la patronal Aconauto Canarias, señala que aunque los municipios acusan a la Administración central de querer imponer la ZBE de manera «precipitada», lo cierto es que se les avisó hace tiempo. De hecho, la medida está incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en mayo del año pasado y manejada como proyecto desde mucho antes.
Hasta el momento presente los rectores municipales no tienen en su mano el detalle de los preceptos que deben tener en cuenta, con lo que se hace complicado pensar que llegarán a tiempo de cumplir el plazo del 1 de enero. En el Archipiélago se encuentran en esta situación las dos capitales, además de Telde, Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; La Laguna, Arona y Granadilla de Abona, en Tenerife, y Arrecife, en Lanzarote.
Si bien es cierto que el reglamento sigue pendiente de aprobación, también lo es que el pasado año el ministerio publicó unas Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones. Con él en la mano, cabe la duda de si, por ejemplo en el caso de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se puede concluir que ya cuentan con algo similar.
Lo que ya existe
La capital grancanaria tiene peatonalizada una buena parte de Vegueta, Triana y sus aledaños, y Mesa y López. Lo mismo ocurre con calles del centro de Santa Cruz de Tenerife, donde el tráfico rodado se limita al transporte público, los vecinos y, en horas determinadas, los vehículos de carga y descarga. Ambas urbes tienen además otras acciones en cartera.
La cuestión más peliaguda es si desde el primer día del año próximo el paso de vehículos sin etiqueta estará prohibido o no. En el Ayuntamiento de la capital tinerfeña tienen en la mano una resolución ministerial que sitúa la creación de su ZBE «antes del 31 de diciembre de 2023». La orden es de la concesión de una ayuda (1,27 millones) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con cargo a los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia, no del de para la Transición Ecológica, que es el que promueve las ZBE. Hasta ahí llega la ceremonia de la confusión.
«Existe una clara falta de homogeneidad, parece que el abanico está abierto para que cada ciudad pueda hacer lo que quiera», añade el secretario general de la patronal canaria Fredica, Rafael Pombriego. A ello suma que la precipitación viene también dada «por el momento económico actual». Sitúa la media de edad del parque actual en 13,5 años –hasta los 15 la eleva Sánchez–, lo que significa que abundan los vehículos que ya han cumplido los 20 años. Además, muchos de ellos con motores diésel, consumidores de gasoil.
Si alguien pensaba en cambiar de coche, ahora, con la inflación y el incremento de las cuotas hipotecarias, lo tiene más difícil. «Habría que conducir esto de manera más pausada», explica el presidente de Aconauto. Él mismo incide en las múltiples veces en que el sector ha solicitado al Gobierno de Canarias un plan específico para la renovación del parque. «El plan Moves está muy bien, pero puedo asegurar que trece meses después de cambiar el coche, el propietario sigue sin ver un euro», afirma.
