Si el sector del automóvil es estratégico como dicen para España (representa un 10% del PIB), y actúa como tractor para la economía nacional, las medidas para fomentar la electromovilidad y contribuir a la descarbonización también deberían tener ese rango de estratégico. Al menos así lo ven varios actores, como la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que lleva años reclamando una racionalización de esa transformación a la movilidad eléctrica ordenada que todos los políticos reclaman. Anfac ha contactado con diferentes partidos políticos (Grupo Popular, PDeCAT y Ciudadanos) para trasladar esas soluciones al Gobierno (que también se ha hecho llegar al PSOE y a Podemos) en forma de enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La medidas propuestas también contarán con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC).

Desde la asociación han desarrollado una batería de propuestas encaminadas a acelerar la electrificación de la movilidad en España. Para ello se han presentado 13 enmiendas (en siete apartados) para conseguir esa transición rápida, eficiente y ordenada que el sector lleva pidiendo desde hace años. Las peticiones para incentivar esa electromovilidad impactan en varias leyes. Son soluciones que en muchos casos ayudarían directamente a esa descarbonización y mejorarían la seguridad del parque automovilístico en España (con una antigüedad media de 13 años).

Ley de IRPF

Se presentan enmiendas con número 4556 (Grupo Popular), 2542 (PdECat) y 3669 (Ciudadanos) en las que se solicita la "No integración en la base imponible del impuesto de las ayuda del programa Moves". La idea es que no figure como ganancia patrimonial (máximo de 7.000 euros) la ayuda para la compra de un vehículo electrificado (eléctrico total e híbridos enchufables), y es que España es el único país de Europa que tiene sujetas a fiscalidad esas ayudas. Se trata de una exención excepcional "análoga a la ya permitida en las ayudas forestales y agrícolas".

También se presenta enmienda (número 2541 por parte del PdECat) referente a las "Retribuciones en Especie por entrega de vehículos electrificados". Actualmente se permite una reducción del 30% para los empleados, pero se solicita incrementar a un 75% el porcentaje de deducción como sucede en otros países como Alemania.

Otra propuesta se encamina a la "Deducción del gasto en la compra de vehículos turismos y comerciales electrificados y sus infraestructuras de recarga (un 15% y 4.000 euros como máximo)". La presentan tanto PdECat (2543), PP (4558) y Ciudadanos (3670). Actualmente las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias, La Rioja y Navarra ya están aplicando esta ventaja fiscal.

Impuesto de Sociedades

El PdECat presenta la enmienda número 2551 referente a la "Amotrización acelerada para vehículos electrificados". Con ello se pretende duplicar el coeficiente de amortización lineal previsto por la ley, para todas las inversiones asociadas a vehículos eléctricos.

La "Deducción de la inversión en la compra de vehículos electrificados y de sus infraestructuras de recarga". La presentan Ciudadanos (4560), PdECat (3671) y PP (2552). El argumento es claro. Desde 2001 hasta 2011 estuvo vigente una deducción del 10% en el Impuesto de Sociedades sobre las inversiones realizadas por la compra e vehículos industriales y comerciales respetuosos con el medio ambiente. Estas deducciones fueron eliminadas en 2011 por la Ley de Economía Sostenible. La idea es recuperar las deducciones para vehículos electrificados incluyendo esa deducción del 10%.

Infraestructuras

En la enmienda 2757 que presenta el PdECat se propone una "nueva partida destinada a incentivar un programa de ayudas específico para las infraestructuras de alta potencia con una dotación de 300 millones de euros" (algo clave para romper la barrera psicológica de la recarga en los usuarios a la hora de comprar un coche eléctrico). Se trata de diseñar un plan de ayudas que financie tanto la instalación como el mantenimiento de esas infraestructuras de alta potencia (de más de 150 kW), lo que aseguraria un retorno razonable de la inversión. Actualmente ni la cantidad ni la calidad de los puntos públicos son aceptables.

Ley del IVA

Desde el PdECat (enmienda 2580) se propone una "deducción del 100% del IVA de los vehículos electrificados por la empresa, sin que ese requisito esté afectado a actividad económica". Las empresas solo pueden alcanzar el 100% de deducción de IVA si demuestran ese vínculo a la actividad económica. Se propone esta medida, que ya se aplican en Portugal, para fomentar la renovación de las flotas de empresas.

Argumentos de peso

Todas estas enmiendas se apoyan en una memoria económica que demuestra el impacto que podrían tener algunas de estas medidas fiscales. Existe un hecho irrefutable y es que los ingresos del Estado y las Comunidades Autónomas están aumentando, como consecuencia del alza generalizado de los precios de los vehículos y de los carburantes, así como por los cambios que afectan al impuesto de Matriculación. Los turismos han incrementado su precio debido a la crisis de semiconductores y a la inflación. Según datos de la Agencia Tributária (AEAT) esta alza ha sido del 23,8% en los últimos tres años. El precio medio de los vehículos sujetos al Impuesto de Matriculación ha pasado de tener un precio antes de impuestos de 18.500 euros en 2019 a 22.900 euros en 2022.

Con la introducción de la nueva medición de emisiones de CO2, se ha incrementado el impuesto de Matriculación medio pagado por vehículo en un 60%, pasando de 471,8 €/vehículo en 2019 a 753 €/vehículo en lo que llevamos de 2022, según los datos de la AEAT. Esto hace que el vehículo sea una fuente de ingresos para las Administraciones ya que actualmente, de media un vehículo nuevo está pagando 280 euros más por el impuesto de Matriculación y 925 euros más por IVA. En total las arcas públicas están ingresando por cada vehículo 1.200 euros más que en 2019. Se estima que al final del período 2023-2025 estos ingresos adicionales derivados del automóvil estarían por encima de los 1.300 millones de euros al año: 3.900 millones.

Precio de carburantes

Por otro lado, el precio de los carburantes ha generado un aumento de ingresos adicionales a través del impuesto Especial sobre los hidrocarburos como por el IVA aplicado a los mismos. En el primer semestre de 2022 el precio final del gasóleo de automoción subió un 53% y el de la gasolina un 64% respecto a la media del mismo período de 2021. Así que se ha incrementado la recaudación en 1.000 millones de euros en sólo seis meses, alza en el que ya se contempla la reducción derivada de la subvención pública de los 20 céntimos/litro. Ante esa tesitura, es lógico que desde el sector se quiera regularizar una situación que se antoja 'ilógica'.

No obstante, desde Anfac, no pretenden pedir cosas fuera de registro. No se trata de pedir por pedir. Desde la asociación tienen claro que temas como el de que las ayudas a la compra de vehículos del plan Moves III sean directas y no tributables, originarían un coste para las arcas públicas. Si se consumieran los 800 millones de euros estimados en primera instancia para el plan (se han aumentado en otros 400 millones más según el proyecto de PGE) hasta 2023, si se elimina la tributación (tanto para infraestructura como para la compra de vehículos) en la declaración de la renta a particulares, la medida tendría un impacto de 180 millones en los ingresos públicos de 2024. En este sentido, "no sabemos el porcentaje de la subvención que se destina a particulares frente a empresas. En un cálculo conservador se estima que, al menos 600 millones de euros llegan a las familias", señalan.

Con todo ello la patronal del sector del automóvil pide una trayectoria lógica y ordenada hacia la electrificación. La pelota está en el tejado del Gobierno, que podría considerar alguna de las enmiendas, y más si pretende ponerse en sintonía con el PERTE VEC, aprobado recientemente y que supone el despegue industrial de España en el sector de la electromovilidad a nivel Europeo. Mercado, industria y electrificación deberían ir de la mano.