La Unión Europea sigue su hoja de ruta hacia el fin del carbón dentro de sus fronteras invirtiendo miles de millones de euros en la reconversión del sector. Pero no siempre se cumplen los objetivos inicialmente previstos. Según un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) publicado este miércoles, los 12.500 millones de euros que el bloque invirtió en las siete principales regiones carboníferas europeas entre 2014 y 2020 han "tenido un impacto limitado". En España, donde Asturias y el área Palencia-León son las dos zonas más vinculadas históricamente al carbón, el organismo apunta que sucede lo mismo con los 650 millones que recibió nuestro país, según han explicado fuentes del tribunal europeo a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica: "Los fondos europeos han tenido un impacto limitado tanto en los empleos como en la transición energética".
Los auditores encargados de elaborar el informe reconocen que se ha detenido la actividad minera durante la última década -con el cierre de 12 minas entre 2010 y 2021- pero apuntan que "la mayor parte de los fondos se utilizaron para compensar a los trabajadores". Es decir, que en formación del personal para reinventarse laboralmente y en el reto de la transición energética, todavía queda mucho por hacer.
Por ello, el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón para el periodo 2019-2027 se presenta como clave para la reactivación económica de las dos zonas carboníferas. Desde el TCE indican que el Fondo Social Europeo (FSE) ofreció cursos de formación para los trabajadores afectados en España, pero que las autoridades locales no han comunicado el impacto real que han tenido a la hora de ayudarles a encontrar un nuevo trabajo.
En concreto, en Palencia y en León el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEG) invirtió 1,02 millones de euros para "aumentar la empleabilidad de los antiguos mineros", pero solo consiguieron formar a 198 extrabajadores del carbón, un 58% del objetivo inicial.
A pesar de que el Tribunal de Cuentas señala que Asturias y Castilla y León son las dos regiones carboníferas con una tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, algo que no pasaba desde 2009, admite que el dato puede enmarcarse dentro del problema de empleo a nivel nacional que tiene España. Entre 2014 y 2020 el número de empleos relacionados directamente con la minería pasó de 1.113 en Castilla y León y 2.400 en Asturias a cero en ambos casos.
Los datos, sin embargo, sí avalan el compromiso anunciado por España de dejar de utilizar carbón para la generación de electricidad antes de 2030. En 2010, por ejemplo, se producían dentro de nuestras fronteras 10,5 millones de toneladas de carbón y se consumían 16,5 millones, una cifra, esta última, que se incrementó hasta los 26,2 millones de toneladas en 2015, según Eurostat. En 2020, se produjeron 567.000 toneladas y se quemaron 5,5 millones en todo el país.
19.300 millones más para 2021-2027
El problema, según el informe, es que la reducción de emisiones de CO2 procedentes de la quema de carbón se ha suplido en muchos casos con la importación de otros combustibles fósiles, mientras que en países como Polonia o Alemania el carbón sigue siendo muy importante y las importaciones han crecido significativamente durante los últimos 15 años.
Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo reclaman que el nuevo Fondo de Transición Justa, provisto con 19.300 millones de euros y constituido hace poco más de un año, se utilice de una forma más eficiente para mitigar el impacto socioeconómico en las regiones carboníferas.
Entre otras cosas, han pedido que se aumente la capacidad de producción de energías renovables, ya que las inversiones en ahorro energético financiadas por la UE también tuvieron un impacto modesto o no pudieron cuantificarse. En 2019, la quema de carbón siguió siendo el origen del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del bloque comunitario.
"El Fondo de Transición Justa, componente clave del Pacto Verde Europeo, proporciona importantes recursos adicionales a las regiones carboníferas", afirma Nikolaos Milionis, miembro del tribunal responsable de la auditoría. "La Comisión Europea debe asegurarse de que el dinero de la UE apoye una vía clara para la transición hacia el abandono del carbón, teniendo en cuenta las tensiones en el mercado de la energía tras la invasión rusa de Ucrania".
