Las regiones ultraperiféricas (RUP) de Francia, Portugal y España, entre las que se encuentra Canarias, han aprovechado su reunión anual en Bruselas para exigir a la Unión Europea (UE) que pase de las palabras a los hechos en el apoyo que brinda a sus economías. En concreto, han solicitado ayuda real para impulsar el futuro de la «fiscalidad verde», porque temen que termine por «aislarlas». El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, asumirá hoy la Presidencia de la Conferencia de Presidentes de las RUP durante un año, recogiendo el testigo de la región francesa de Martinica, que ha ocupado el cargo en los últimos 12 meses. Esta responsabilidad, coincidirá con la Presidencia española de la UE, que Pedro Sánchez ostentará a partir del segundo semestre de 2023.

Torres se reunió ayer a primera hora con todos los presidentes de las RUP para, a continuación, firmar la Declaración Final de la XXVII Conferencia. Por la tarde, mantuvo un encuentro con la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, quien propondrá a los estados miembros que se autorice a las regiones a destinar este año y el próximo a combatir la pobreza energética con los fondos estructurales del periodo 2014-2020 que no se han llegado a ejecutar, con ayudas dirigidas a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas. El mecanismo que sugiere la Comisión replica el que se utilizó durante la pandemia de covid-19 para financiar políticas de protección de empleo y de compra de material sanitario con cargo a los fondos estructurales, con carácter excepcional y de emergencia.

La declaración conjunta aprobada ayer en el Parlamento Europeo por Parlamento Europeo por los presidentes de Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martín (Francia), Azores, Madeira (Portugal) y Canarias (España) concluye diciendo que «más allá de las palabras, solo los actos cuentan para las poblaciones de las RUP. Para ser eficaz, toda respuesta a los desafíos de la ultraperiferia requiere de una mayor flexibilidad a través de un enfoque con las regiones y para las regiones». Durante la sesión, los mandatarios examinaron cómo están saliendo estos nueve territorios de la crisis económica y social que generó la pandemia de la covid-19 y cómo encaran los nuevos desequilibrios que provocan la inflación y la guerra de Rusia en Ucrania.

Torres asume hoy la presidencia europea de los nueve territorios durante el próximo año

«Las medidas excepcionales adoptadas (en la pandemia) han permitido atenuar los efectos, pero no recuperar en las RUP sus ya preocupantes niveles socioeconómicos previos a la crisis», advierten estos territorios, que ven como «las múltiples crisis que golpean a Europa» les alejan de la recuperación y frenan su convergencia. Por eso, a lo largo de su declaración reclaman que la UE aplique cada vez que sea necesario el artículo 349 de su Tratado de Funcionamiento, que exige que las políticas comunes de los Veintisiete se adapten a las singulares características de estos territorios alejados del continente. Demandan así que se las tenga en cuenta en los tratados comerciales que firma la UE, de forma que se examine cómo impactan en sus economías y, en particular, exigen que se les conceda un marco especial dentro del paquete Fit for 55, las políticas que van a implantar los Veintisiete para cumplir sus compromisos ambientales.

Al respecto, alertan de que algunas medidas de ese paquete, como la nueva fiscalidad al combustible de los aviones o de los barcos de larga distancia, puede «aislarlas aún más», porque estas nueve regiones dependen del transporte aéreo y marítimo para cualquier conexión con sus respectivos estados: Francia, Portugal y España. «Los efectos de dicho paquete legislativo sobre el transporte aéreo y marítimo amenazan con agravar los costes y perturbar el flujo de transportes de pasajeros y mercancías con efectos muy graves en la población», asegura la declaración

Torres recordó que ya se ha conseguido un compromiso de la Comisión Europea de que las RUP estarán exceptuadas de la nueva fiscalidad verde al transporte aéreo y marítimo hasta 2030 en sus transportes internos y en las conexiones con el resto del país al que pertenece cada región. «Hay que estar vigilantes», señaló Torres, que ha remarcado que las RUP aspiran a que esa excepción se extienda a los vuelos internacionales y no sea temporal, sino estable, porque estos territorios tienen un compromiso con la sostenibilidad «incuestionable», pero dependen al 100 % del transporte.