Salvo cambio de última hora, el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, con la que el Ministerio de Economía pretende revolucionar el actual sistema público de resolución de las reclamaciones a bancos, aseguradoras y firmas de inversión. Los dos aspectos fundamentales del proyecto de ley no variarán en principio respecto al anteproyecto del pasado abril. Así, sus decisiones serán vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros y el nuevo organismo se financiará con una tasa 250 euros por reclamación recibida que pagarán las entidades.
El Consejo de Estado remitió este jueves al departamento que dirige Nadia Calviño su dictamen no vinculante y el asunto ha pasado ya por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara los temas que van a ser sometidos a deliberación del Consejo de Ministros. Economía no ha recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero la ley orgánica del poder judicial le habilita a seguir adelante cuando el órgano de gobierno de los jueces no ha emitido su informe en los plazos previstos. El CGPJ nombró el 13 de octubre a Wenceslao Olea, magistrado de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, para elaborar el informe, pero en principio no tiene previsto someter el asunto a su pleno hasta por lo menos diciembre porque es habitual que los trabajos se alaguen en asuntos de esta envergadura, informa Ángeles Vázquez.
Una vez respaldado por el Gobierno, el proyecto irá al Parlamento para que las cámaras introduzcan los cambios que consideren oportunos y lo aprueben de forma definitiva. Calviño afirmó hace unas semanas que confía en que la ley de creación de la nueva autoridad reciba la luz verde final a lo largo del primer semestre del próximo año. La vicepresidenta prevé acompañar su aprobación en el Consejo de Ministros con la del Real Decreto que articulará el plan de ayuda a los hipotecados en problemas por la escalada del euribor que negocian desde hace semanas Economía y la banca con el asesoramiento del Banco de España. Así lo ha apuntado Calviño este viernes, tras afirmar que espera alcanzar un pacto "en las próximas horas".
El aspecto clave
La nueva autoridad va a resolver las reclamaciones que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El hecho de que sus decisiones vayan a ser vinculantes en reclamaciones hasta 20.000 euros supone un cambio de gran calado, ya que los dictámenes de los tres supervisores sectoriales no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados por las entidades en porcentajes elevados.
El Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, pidió a Economía hace unas semanas que los dictámenes sean siempre vinculantes para las entidades, sea cual sea la cantidad reclamada. En cambio, las patronales bancarias y la CEOE consideran inconstitucional que vayan a ser de obligado cumplimiento y han reclamado que, de mantenerse, se baje el listón de los 20.000 euros a 5.000.
Salvo cambio de última hora, Economía ha decidido mantenerlo. "Hay que llegar a un equilibrio entre resolver el problema y descargar a los tribunales, por un lado, y mantener la seguridad jurídica. Si lo subimos muchísimo, la cantidad de reclamaciones que entrarían podría sobrepasar cualquier estimación. Queremos controlar bien el flujo y calibrarlo bien", argumentaron en primavera fuentes del ministerio.
Audiencia Nacional
Los pronunciamientos del nuevo organismo se podrán impugnar ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Si las entidades logran que les dé la razón, el cliente tendrá que devolver la cantidad recuperada aunque los dictámenes sean vinculantes (si bien dichos clientes no asumirán como ahora los costes legales, sino que lo hará la Autoridad). Con ello, el Gobierno ha querido garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución. En cualquier caso, considera poco probable que el tribunal decida, con una resolución desfavorable de la Autoridad, darle la razón a la entidad.
Según el último anteproyecto de Economía, al que tuvo acceso este diario, los consejeros y directivos de las entidades financieras (bancos, aseguradoras, firmas de inversión y prestamistas de consumo, entre otras empresas) que incumplan sus resoluciones vinculantes podrán ser sancionados con hasta 250.000 euros (infracciones leves) o hasta un millón de euros (infracciones graves). Estos últimos, además, podrán recibir una "amonestación pública" con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de su identidad, la naturaleza de la infracción y la sanción impuesta.
Sanciones y presupuesto
En aquel texto también se establecía que la Autoridad podrá fijar una compensación de la entidad al cliente de entre 100 y 2.000 euros cuando la reclamación no tenga contenido económico (por ejemplo, la falta de entrega de información precontractual o la falta de apertura de una cuenta de pago básica). Asimismo, se rebajó de 1.000 a 500 euros la multa máxima que podrán soportar los clientes que presenten reiteradamente durante seis meses reclamaciones manifiestamente infundadas e inadmitidas. El CES ha pedido eliminar esta sanción, ya que entiende que "dichos supuestos son excepcionales y, en todo caso, podrían ser detectados y resueltos por la Autoridad en la fase de instrucción previa".
El organismo, que emana de una directiva europea de 2013, forma parte de las reformas prometidas a la UE para este año a cambio de los fondos comunitarios, pero no es necesario que esté creado sino que basta con que la Comisión Europea perciba avances significativos en esa dirección. Economía ha dejado abierto en el proyecto de presupuestos de 2023 que se pueda habilitar una partida para ponerlo en marcha. El ministerio estima que el organismo tendrá un gasto anual de unos 21,075 millones de euros (15,68 millones para pagar los sueldos de sus 250 empleados, 1,26 millones para gastos de funcionamiento, y 3,97 millones para gastos en tecnología de la información y comunicaciones) y obtendrá unos ingresos de unos 25,58 millones por las tasas que pagarán las entidades. La partida presupuestaria inicial, en cualquier caso, será mayor por los gastos extraordinarios que comporta su puesta en marcha.
