A punto de irse al traste la entrada de 912 megavatios de eólica en Canarias

Unos 40 proyectos, sumados los fotovoltaicos, a punto de decaer

Parque eólico en el Sur de Gran Canaria.

Parque eólico en el Sur de Gran Canaria. / JUAN CASTRO

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Entre el 24 y el 25 de enero expira el plazo para que alrededor de 40 proyectos de energía renovable –eólica y fotovoltaica– que cuentan con puntos de conexión a la red en Canarias hayan completado su tramitación administrativa. Los que no lo logren decaerán y las Islas perderán otro tren –cargado con 912 megavatios solo de eólica– en el camino a dejar de contaminar y agredir al planeta. 

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya otorgó una prórroga de nueve meses, y se ha mantenido firme durante las últimas semanas en su negativa a conceder nuevos periodos de gracia. Aun así la patronal del sector (Asociación Empresarial Eólica, AEE) se ha dirigido a ella para pedir seis meses más.

Lo confirmó el director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez. El principal escollo al que se enfrentan los promotores es la obtención de la declaración de impacto ambiental (DIA). Si en Canarias son 912 los megavatios en peligro, según la patronal eólica, en todo el país se encuentran en esa situación 19 gigavatios. 

El presidente de la organización, Juan Diego Díaz, señaló que uno de los problemas para conseguir llevar la tramitación a buen puerto es la «disparidad de criterios de las comunidades autónomas». Es decir, la experiencia que adquiere un promotor al tramitar un parque eólico en el Archipiélago puede que le sirva de poco si sigue los mismos pasos en, por ejemplo, Galicia o Aragón.

Díaz añadió a este problema «las posiciones políticas encontradas» que existen en otras. Hasta el punto de que la zancadilla a un rival en las urnas se pone por delante de la lucha contra el cambio climático en cuanto la posibilidad surge. El resultado es que es imposible «cumplir los hitos marcados en el proceso y los proyectos pierden la conexión a la red».

Contra el mercado negro

¿Por qué sucede así? El Gobierno central detectó la generación de un mercado negro de acceso al sistema eléctrico. Supuestos promotores solicitaban el enganche al operador del sistema, pero en realidad no tenían ninguna intención de invertir en un parque eólico. Con el permiso en la mano, negociaban con empresarios que sí optaban a entrar en el sector de las renovables y se lo vendían.

Para atajarlo, la ministra Ribera estableció una nueva hoja de ruta en la que esos accesos tenían fecha de caducidad. Si el día marcado como último no hay autorización administrativa, con su preceptiva DIA, la iniciativa se esfuma.

Como la medida suponía un cambio de reglas a mitad de la partida, la también vicepresidenta tercera del Gobierno de España concedió una prórroga de nueve meses, que son los que expiran en el último tercio del próximo mes. «Sabemos que no resulta serio estar fijando nuevos plazos», reconoció el director general de la AEE. Aun así, el sector privado de la eólica no halla otra salida.

La patronal nacional del sector solicita a la ministra Ribera otra prórroga en la tramitación

Primero porque, alertan los empresarios, convertir en papel mojado todos los pasos que han logrado darse hasta el momento conlleva iniciar la tramitación desde cero de otro nuevo parque. Eso significa haber dedicado recursos públicos para absolutamente nada y, además, perder un tiempo, ya escaso de por sí, de cara a cumplir los objetivos de descarbonización que se han adquirido con la Unión Europea (UE).

Por el momento mantienen en el cajón otra de las consecuencias que tendrá la muerte masiva de proyectos. Si es el sector público quien fija los plazos que no pueden cumplir porque otra instancia de la Administración no llega a tiempo con el papeleo, la judicialización en busca de compensar las inversiones ya materializadas –diseño de proyectos, adquisición de suelo, avales para la conexión...– está servida. Las demandas llegarán en tromba a los juzgados.

El decaimiento de los proyectos conllevará un elevado volumen de demandas judiciales

Además, esas iniciativas judiciales presentan un buen pronóstico para los empresarios y eso se traducirá en la salida de decenas de millones de euros de las arcas públicas. Una contradicción en suma: la carrera por la implantación de las renovables costará mucho dinero que no servirá para ahorrar un gramo de CO2 a la atmósfera.

Si en numerosas ocasiones los promotores se han quejado abiertamente de la lentitud en la tramitación, no sucede así ahora. Durante la presentación del Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España, Juan Virgilio Márquez reconoció que por la obligación de los plazos, los servicios medioambientales autonómicos recibieron una «petición masiva. Todos teníamos la idea de que mucha de la potencia iba a cejar en el empeño, pero la mayoría de los promotores han seguido adelante», detalló el director general de la AEE.

La necesidad de acelerar la transición energética genera más carga de trabajo a la Administración

En otras palabras, de existir ese mercado negro de puntos de conexión, y ningún actor implicado lo pone en duda, mutó en su mayor parte hacia la realidad con rapidez. De tal modo que, según Márquez, «en agosto los departamentos de medio ambiente de las comunidades autónomas ya habían resuelto el volumen de trabajo alcanzado durante todo el año pasado». Hay que darse prisa, pero no es sencillo subir de velocidad si el motor no se mejora.

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