Canarias cubre el coste de todas sus pensiones gracias a la inmigración

Canarias es una de las pocas Comunidades Autónomas que podrían pagar a sus pensionistas si la caja única del sistema saltara por los aires. En las Islas hay un número de trabajadores más que suficiente para costear las nóminas de sus jubilados y demás beneficiarios de prestaciones contributivas. Una posición privilegiada dentro de un país cada vez más envejecido y, por tanto, con un mercado laboral cada vez más longevo. El notable incremento que ha experimentado la población en las últimas décadas, una cuestión que se debate en el Parlamento regional entre discursos alarmistas y planteada como un problema más que como una oportunidad, es el que ha hecho posible la autosuficiencia del Archipiélago en materia de pensiones.

La teoría económica sostiene que para la viabilidad de un sistema público de pensiones como el de España debe haber un mínimo de dos trabajadores por cada beneficiario. Es decir, debe haber un mínimo de dos personas contribuyendo cada mes a las arcas de la Seguridad Social por cada una que cobre una pensión. Dos pagadores por cada perceptor. España está, décima arriba décima abajo, justo en esa ratio de dos a uno, pero existen profundas diferencias entre Comunidades Autónomas y provincias. Por eso hay regiones que son contribuyentes netas a la caja única del sistema –la hucha adonde van a parar cada mes las aportaciones de los trabajadores con las que luego se paga a los pensionistas– y otras que reciben de esa caja más de lo que ponen. El sistema se fundamenta así en la solidaridad para garantizar que los jubilados de cualquier lugar del país perciban la pensión que les corresponda con independencia de que su comunidad o provincia ponga en la caja única más de lo que coge, o viceversa.

El sistema depende de que haya al menos dos afiliados por cada jubilado; en las Islas hay 2,68

Sin embargo, uno de los debates que cada cierto tiempo suelen recuperar los partidos nacionalistas o con aspiraciones confederales es el de la pretendida injusticia de que las regiones que son contribuyentes netas al sistema de pensiones financien los déficits de las que no lo son. Una falacia de manual por cuanto las prestaciones de la Seguridad Social las sufragan y las cobran los contribuyentes, las personas, no los territorios. En cualquier caso, el debate reaparece de nuevo a las puertas de 2023, el año en que comenzarán a jubilarse los integrantes de la generación de los baby boomers, esos trabajadores nacidos entre 1957 y 1977 que en Canarias suman unas 640.000 personas.

La progresiva retirada de los boomers comienza en el Archipiélago con 325.256 pensionistas –están aquí incluidos los perceptores de todos los tipos de prestaciones contributivas: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor familiar– y 872.068 trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena, afiliados a la Seguridad Social. En las Islas hay, por tanto, 2,68 contribuyentes por cada beneficiario. Canarias cumple así de sobra esa ratio de 2/1 que determina la salud del sistema, de modo que es una de las Comunidades Autónomas que integran el selecto grupo de las contribuyentes netas. Un grupo en el que también están los dos motores económicos del país, esto es, Madrid y Cataluña, la rica Navarra, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la turística Baleares. Las demás autonomías son, por decirlo de alguna manera, las que cogen más de lo que ponen en la hucha común.

El hecho de que las dos regiones más dependientes del turismo, Canarias y Baleares, sean contribuyentes netas al sistema no es casual. Ni mucho menos. Si las Islas tienen suficientes afiliados a la Seguridad Social para costear por sí mismas las pagas de sus pensionistas –y para ayudar a sufragar las de otros españoles– es gracias al incremento de la población y, por ende, de la población activa. Un incremento que no precisamente obedece al crecimiento natural, sino que es consecuencia de la inmigración. Es más, sin la llegada de personas y trabajadores de fuera, el Archipiélago estaría en los mismos problemas de relevo generacional que sufren otros puntos del país, ya que el número de nacimientos es del todo insuficiente. ¿Qué tiene que ver en esto el turismo? Todo.

Las aportaciones que ‘sobran’ en la región se emplean para las prestaciones de otros españoles

Suele decirse que la industria turística es muy intensiva en mano de obra, es decir, que necesita de mucho personal para su funcionamiento: camareros, cocineros, recepcionistas, directores de hoteles y apartamentos, transportistas... Y esa mayor necesidad de personal es a su vez un reclamo para muchas personas de otras Comunidades Autónomas y de otros países que buscan un lugar para labrarse el futuro. Bajo este punto de vista, el aumento de la población no sería más que la reacción a esas actividades propias del turismo muy intensivas en mano de obra. Actividades que nada tienen que ver con las que sustentan la economía de, por ejemplo, el próspero País Vasco. ¿Y cómo se explica que la población vasca haya experimentado un crecimiento en las últimas décadas muy inferior al de Canarias pese a ser una autonomía mucho más rica que la isleña?

Productividad

No en vano, el mercado laboral demanda aquí muchos trabajadores pero también menos cualificación que los de regiones industriales como Cataluña o la mencionada País Vasco. ¿Por qué? De nuevo por el turismo. La economía depende sobremanera del negocio turístico, de los servicios, cuyas exigencias formativas son, por lo general, menores. Esto está detrás de que las Islas reciban casi todos los años más asalariados de los que se marchan. Es más fácil ocuparse aquí pese a no tener una alta cualificación, lo que subyace en que la población crezca más que en Euskadi, donde pasa al revés: la productividad es más alta y la demanda laboral, más baja. Todo ello contribuye a aclarar por qué los habitantes en País Vasco se incrementan a un ritmo muy muy inferior al del Archipiélago. Por qué la pobre Canarias –cuyo PIB per cápita lleva veinte años alejándose cada vez más de la media nacional– recibe mucha más inmigración que la rica Euskadi, donde los indicadores socioeconómicos son infinitamente mejores que en las Islas.

En última instancia, lo anterior también explica por qué en el Archipiélago hay casi tres afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista mientras que en País Vasco solamente hay 1,73. Con todo, las dos Comunidades Autónomas que más comprometen la sostenibilidad del sistema público, según los últimos datos oficiales, son Galicia y el Principado de Asturias, donde la ratio trabajadores/pensionistas ni siquiera llega a 1,5.

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