La UE da más margen a la industria asturiana para reducir el CO2 y las emisiones gratuitas

La industria asturiana intensiva en dióxido de carbono (CO2) dispondrá de un calendario más indulgente que el inicialmente planteado por la Comisión Europea para cumplir con los requerimientos de reducción de emisiones y para adaptarse a la supresión de créditos de carbono gratuitos.

El Consejo y el Parlamento europeos alcanzaron en la madrugada de este domingo un acuerdo (que de momento es provisional, a la espera de que sea refrendado por la cámara legislativa y por los ministros de los 27 estados miembro presentes en el Consejo) por el que el ajuste, si bien comenzará en 2026 –el mismo año que plantearon inicialmente la Comisión Europea y el Consejo Europeo–, lo hará de modo más pausado en los primeros ejercicios, con reducciones del 2,5% en 2026, 5% en 2027, 10% en 1028 y 22,5% en 2029.

Derechos gratuitos. El pacto sitúa la supresión definitiva de los créditos de carbono gratuitos para la gran industria emisora en 2034, lo que supone un plazo dos años más holgado que el que salió del parlamento y, aunque anticipa su final en un año respecto a lo que preconizaban inicialmente la Comisión y el Consejo, la gradualidad con la que se plantea ahora la merma progresiva de los créditos de carbono sin coste para las fábricas emisoras lo hace más asumible por parte de la industria para adaptarse y sustituir las tecnologías intensivas en carbono por otras limpias y sin efecto invernadero.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión, pretendía en su planteamiento de partida que la reducción fuese mucho más intensa y acelerada: 10% en 2026, 20% en 2027, 30% en 2028 y 40% en 2029. Ahora se hará de modo "más lento al principio y más acelerado al final del periodo".

En el caso de la siderurgia asturiana, la finalización en 2034 da margen a la compañía, dado que la vida útil del horno alto A –ahora parado y que se prevé sustituir, al igual que la acería de Gijón, por un horno eléctrico de arco híbrido y un horno de reducción directa de mineral de hierro– vence en 2024 y toda vez que la del horno alto B se agotará en 2032. De ese modo, y aunque afrontarán una disponibilidad decreciente de créditos de carbono, ninguna de estas instalaciones se verá privada totalmente de derechos de emisión gratuitos mientras dure su vida útil.

No ocurriría lo mismo en el caso de que hubiera prosperado la propuesta que partió meses atrás de la Comisión de Medio Ambiente del parlamento europeo (la más dura de todas las planteadas), y que ya fue rechazada por el pleno de la cámara en junio. Esta alternativa hubiera supuesto, de haber prosperado, que el ajuste comenzase un año antes (en 2025) y que concluyese en 2030, cuatro ejercicios primero de lo que ahora se ha pactado y dos antes de que el horno alto B (el más moderno y eficiente de los dos) hubiera consumado su ciclo de vida.

Reducción de CO2. El acuerdo provisional de este domingo entre las dos instituciones colegisladoras de la Unión Europea entrañará –de ser elevado a definitivo, como es previsible que ocurra– la eliminación para 2030 del mercado de emisiones del 62% del tonelaje de CO2 respecto al volumen que emitió la industria europea en 2005. Desde entonces (hace diecisiete años), las emisiones ya se contrajeron el 41%, según el Consejo Europeo, y la decisión pretende seguir forzando, con un planteamiento "más ambicioso", el tránsito hacia métodos de producción neutros en carbono para prevenir el cambio climático.

El pacto plantea aumentar la tasa de reducción en un 4,3% anual entre 2024 y 2027 y en otro 4,4% entre 2028 y 2030.

Arancel climático. El endurecimiento de la política ambiental se verá compensado por la entrada en vigor del arancel climático. Este ajuste en frontera (un gravamen a las importaciones de acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno procedente de países extracomunitarios con legislaciones más laxas y que no asumen penalizaciones por emitir CO2) fue pactado el pasado día 13 para su aplicación en paralelo con la reducción de derechos de emisión. Aunque su entrada en vigor se producirá el próximo 1 de octubre, se hará con carácter informativo y no tendrá plena eficacia hasta 2026, cuando se inicie la supresión gradual de los créditos de carbono.

El Consejo Europeo precisó que el ajuste de carbono en frontera "se aplicará sólo en la proporción de emisiones que no se beneficien de los derechos de emisión gratuitos".

Exportaciones. Para la protección a las exportaciones europeas a países extracomunitarios con legislaciones ambientales ventajistas para su producción nacional se dotará una partida estimada en 47,5 millones de euros, que los estados obtendrán de la subasta de derechos de emisión. Con su inversión se pretende neutralizar cualquier riesgo de deslocalización productiva: la denominada "fuga de carbono". Antes de 2025, la Comisión Europea deberá evaluar el riesgo de que se dé esta circunstancia vinculada a las exportaciones y presentar una propuesta legislativa, si fuese necesaria, para evitarlo.

Fondo de Innovación. Los dos colegisladores decidieron a su vez incrementar con 125 millones adicionales el llamado Fondo de Innovación. Este instrumento, que pasará a estar dotado con 575 millones y que se extenderá hasta 2030, respaldará la inversión de la industria europea en tecnologías verdes. ArcelorMittal ha presentado ya varios proyectos, como recordó el eurodiputado asturiano Jonás Fernández.

Transporte y hogares. El sector del transporte marítimo pasará a estar sujeto al comercio de créditos de carbono, que afectará al 40% de sus emisiones en 2024, 70% en 2025 y 100% en 2026.

También se crea un nuevo régimen de comercio de derechos, separado del general, para el transporte por carretera y para el sector residencial y los distribuidores que suministran combustibles a los edificios por las emanaciones de CO2 de las calefacciones. El sistema comenzará a operar en 2027, aunque se retrasará a 2028 si los precios de la energía fuesen excepcionalmente altos y se liberarán derechos adicionales si su precio superase los 45 euros.

Fondo Social para el Clima. Para ayudar a los hogares vulnerables, las pymes y los usuarios de transporte a hacer frente a la introducción de un régimen de derechos en estos sectores se crea un Fondo Social para el Clima dotado con 65.000 millones.

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