El recargo al queroseno en las rutas con Europa pone en jaque un 10% de la facturación turística

La Unión Europea (UE) va a encarecer el queroseno que utilizan los aviones en los trayectos entre Canarias y los Estados miembros. Una medida que forma parte de la nueva política medioambiental comunitaria y que pone en jaque casi un 10% de la facturación del sector turístico del Archipiélago, según las cifras que maneja el sector de la aviación comercial. Están en riesgo alrededor de 1.400 millones de euros.

La UE puso en marcha en 2005 el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE). En sus inicios, este régimen se pensó para la gran industria, para las centrales eléctricas y, en general, para las actividades productivas de alta demanda de energía. No fue hasta 2021 cuando la aviación comercial se incorporó a este sistema. Un sistema que parte de la premisa de que quien contamina paga. Las empresas sometidas al RCDE han de tener un título, un derecho de emisión –de ahí el nombre del régimen–, por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono que lancen a la atmósfera durante un tiempo determinado, por lo general un año. Y esos derechos se compran y se venden, por eso se habla de un mercado de derechos de emisión. A las empresas no se les impone un límite máximo de emisiones contaminantes: el límite se le impone a cada sector –a la aviación comercial, por ejemplo–. Esto es lo que permite crear ese mercado, que penaliza a las firmas que se quedan rezagadas en la transición energética –seguirán gastando dinero en derechos de emisión– y premia a las que apuestan por la sostenibilidad, que lanzarán menos gases de efecto invernadero y, por tanto, necesitarán menos derechos. El caso es que los vuelos entre Canarias y cualquier otro punto del territorio de la UE –incluidas las conexiones interinsulares y nacionales– están exentos del RCDE, una excepción para que las Islas y las demás Regiones Ultraperiféricas (RUP) no se queden desenchufadas del Viejo Continente. Al fin y al cabo, el RCDE supone un sobrecoste. Si no para todas las aerolíneas, sí al menos para el sector del transporte aéreo en su conjunto, con lo que la excepción en favor de las RUP busca evitar que las compañías dejen de operar determinadas rutas. Pues bien, en adelante la excepción se mantendrá solo para los vuelos interinsulares y las rutas Península-Canarias, y viceversa, no para las conexiones del Archipiélago con el resto de Estados miembros de la UE.

Está en riesgo la conectividad de Canarias

Juan Molas

— Presidente de la Mesa del Turismo de España

Las RUP, mediante un pronunciamiento conjunto, habían solicitado seguir al margen del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en todas las rutas intracomunitarias, y de hecho han contado con el apoyo de la Eurocámara. Sin embargo, el Trílogo –donde el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos armonizan sus respectivas posturas sobre la materia de que se trate– ha resuelto que los vuelos entre las RUP y los Estados miembros distintos del propio pasen a estar dentro del RCDE. En teoría, habrá una serie de incentivos en virtud de los cuales las aerolíneas podrán subvencionarse el sobrecoste íntegro de la sustitución del queroseno por biocombustibles en los trayectos entre Canarias y cualquier punto del territorio de la UE no español. Pero está por ver la letra pequeña, y en todo caso, desde el sector avisan que con independencia de esos incentivos y del alcance que tengan, no hay producción suficiente de ecocombustibles para mantener la actual operativa. El Gobierno de la Comunidad Autónoma niega la mayor y asegura, tras mantener contactos con las empresas productoras y suministradoras de biocombustibles, que el sector está preparado y que no se teme colapso alguno.

Sea como sea, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ya alertó este lunes sobre la pérdida de 42.000 empleos y un millón de turistas que le acarreará al Archipiélago la inclusión de los vuelos internacionales en el RCDE. La patronal de las compañías aéreas se basa en un reciente informe de la firma consultora Deloitte, del que se desprende que el sector turístico de la región perderá en 2030 cerca de un 10% de su facturación, lo que en cifras actuales se traduce en unos 1.400 millones de euros.

No extraña así que la Mesa del Turismo de España se haya unido este martes a la ALA en su petición al Gobierno de Pedro Sánchez para que pelee en Bruselas por el mantenimiento de la excepción íntegra de los vuelos con origen y/o destino en Canarias del mercado de derechos de emisión. El presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, hizo hincapié en que «está en riesgo la conectividad de Canarias, uno de nuestros principales destinos turísticos, porque si los vuelos europeos con origen y destino en el Archipiélago dejan de disfrutar de la exención, parece evidente que las aerolíneas se replantearán la viabilidad de estas rutas». «Eso conduciría o bien a un incremento de los precios para los viajeros o bien, y en el peor de los casos, a que la programación se desvíe a otros destinos del norte de África competidores de España», argumentó Molas.

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