Los importadores alertan de que el 'engorde' del AIEM quebranta las decisiones de Europa

La Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) insistió este jueves en la necesidad de eliminar el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) para abaratar la cesta de la compra en las Islas. La patronal de las pymes ha alertado además de que el incremento de la recaudación que está propiciando esta figura fiscal contraviene decisiones de la Unión Europea (UE), que fijó en 150 millones de euros anuales los ingresos máximos que pueden obtenerse por este concepto.

En 2021 se recaudaron 188,6 millones de euros, cifra que a buen seguro se superó en el pasado ejercicio; "más de 220 millones de euros", según las pymes. El último dato conocido de 2022 es el correspondiente al cierre del décimo mes del año y para entonces ya se acumulaban 177,7 millones de euros. La nueva vuelta de tuerca de Cecapyme ha llegado solo horas después de que la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias negara que esta figura fiscal incida en las economías familiares, ya que solo afecta a 80 productos.

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias detalla que el arbitrio tan solo grava 80 productos

Siempre según los datos ofrecidos por el departamento que dirige el también vicepresidente del Ejecutivo canario, Román Rodríguez, "un supermercado de tamaño grande puede tener en sus estantes 10.000 referencias o más".

La batalla entre las partes tiene su origen en la decisión del Gobierno central de llevar a cero el IVA de los alimentos que integran una cesta de la compra básica durante la primera mitad del año. En las Islas no existe ese impuesto indirecto, sino el IGIC, del que ya están exentos esos mismos productos -desde 2012-, por lo que los importadores alertaron de que la medida anunciada por Pedro Sánchez agranda la brecha entre el coste de ir al mercado en el Archipiélago y la Península, donde no existe el AIEM.

La cesta de la compra experimenta en Canarias la mayor subida en 21 años

La fórmula que lanzaron fue la retirada eventual del arbitrio, muy criticado desde siempre por este colectivo y piedra angular para los industriales, que aseguran que sus negocios no podrían sobrevivir sin esta medida proteccionista que encarece la producción foránea. Román Rodríguez ha afirmado esta semana no comprender cómo hay quienes están dispuestos a beneficiar a la papa de fuera frente a la del país.

Ante esa lectura, Cecapyme ha afirmado este jueves que el arbitrio no es sino "un impuesto indirecto insolidario que grava por igual a los consumidores independientemente de su nivel de renta". A ello, la organización de la pequeña y mediana empresa añadió una capacidad para camuflarse de la que no dispone el IGIC. Mientras este aparece detallado en cualquier ticket de compra, el AIEM "pasa desapercibido" aunque "su incidencia es mucho mayor" al hacer la compra; "los tipos más altos aplicados son del 15%".

"Es un impuesto indirecto insolidario que grava por igual a los consumidores independientemente de su nivel de renta"

Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa

— Cecapyme

Todo lo contrario de lo que opina el consejero regional de Hacienda, que descarta que sea esta medida proteccionista la culpable de todos los males, "cuando la mayoría de los productos de importación no están afectados" por ella. A pesar de ello, también los exentos presentan precios altos, "al igual que ocurre con los productos locales”, explicó Román Rodríguez.

Tanto él como el portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, han aludido a una supuesta recogida extra de beneficios por parte de los distribuidores. El vicepresidente canario tampoco dejó en esta ocasión pasar la oportunidad de señalar que mientras los ganaderos reciben ingresos irrisorios, “luego en los estantes de los grandes supermercados" sus productos "están por las nubes”. Incluso llegaron ambos a abogar por una intervención temporal de los precios finales.

En el polo opuesto, los importadores han explicado que el desborde de recaudación sobre el tope fijado en el punto tercero del primer artículo de la Decisión del Consejo de la UE (2020/1792 de 16 de noviembre de 2020) debería bastar para "estar todo el año 2023 sin recaudar nada de AIEM" y volver así a la senda del cumplimiento del "compromiso asumido con Bruselas".

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