¿Por qué no se abarata la cesta de la compra en Canarias?

La escalada de precios de los últimos tiempos ha metido en graves problemas a la economías de no pocas familias. En Canarias, el precio de los alimentos ha marcado cifras de récord en Navidad. Aunque Pedro Sánchez decidió llevar a cero el IVA -equivalente continental del IGIC canario- para los productos más básicos que se incluyen en la cesta de la compra durante la primera mitad del recién estrenado año, esto no influye en Canarias. Esa decisión estaba tomada en Canarias desde 2012, por lo que el camino del abaratamiento, de perseguirse, debe ser distinto.

La bajada generalizada de lGIC, propuesta por Coalición Canaria (CC), y el control temporal de los precios, por el que aboga Nueva Canarias (NC) aparecen como vías de solución. Pasadas ambas por el tamiz de expertos economistas, lo cierto es que ninguna de ellas tiene visos de panacea. Es más, el margen para abaratar la cesta de la compra aparece como muy escaso.

La pasada semana, el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez (NC), abrió el debate del control de los precios. En su opinión, los beneficios de los grandes distribuidores de la alimentación están engordando al calor de la inflación. Según el relato del también consejero de Hacienda, esas empresas abusan de los compradores en un "mercado trucado" y "suben los precios cuando les da la gana".

El portavoz parlamentario de NC, Luis Campos, vuelve a la carga con la fijación de precios máximos

No tardó la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) en rechazar “tan graves manifestaciones sin haber dialogado con el sector”, lastrado, como todos por el aumento del precio de los fletes, la energía o el cartón para embalar, entre otros. Este martes, el portavoz parlamentario de NC, Luis Campos, volvió a la carga con la posibilidad de topar los precios. Con una diferencia, en esta ocasión sí vinculó la medida al consenso con comercializadoras y distribuidoras.

Denuncias de los consumidores

Campos expuso como ejemplo de que no siempre se trasladan a los precios las rebajas fiscales, las numerosas denuncias de las organizaciones de consumidores sobre la inaplicación de la bajada del IVA a todos los alimentos afectados por la decisión del Ejecutivo estatal en la Península. Sin embargo, no todos los economistas entienden cómo posible poner un precio máximo a determinados productos. Sobre todo, si no se tiene "control sobre la oferta y la demanda", apunta el secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan José Hernández.

Desde NC, Luis Campos expuso precisamente el buen resultado que ha arrojado al mecanismo de intervención en el mercado eléctrico para rebajar el precio del mercado mayorista y abaratar la factura de la luz en los hogares y las empresas. "Se ha demostrado eficaz hasta el punto de que toda la Unión Europea intenta replicarlos", expuso el portavoz de NC en la Cámara autonómica. Para Hernández, se trata de cuestiones muy distintas, ya que el mercado eléctrico conoce cuál es el tamaño de la demanda día a día.

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De no tener ese control, el economista subraya el "peligro" que supondría decir a los empresarios el precio al que deben vender sus productos. "Si solo se determina eso, sin atender a lo que sucede en toda la cadena de costes, el incremento de estos determinará la desaparición de los márgenes y con ello el cierre de las empresas o la pérdida de calidad", explica. Se suma a esa corriente de opinión la presidenta en Canarias del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), Esther Sánchez Edo: "La intervención de los precios no es la solución", afirma.

Frente a esas posturas, el catedrático de Economía Aplicada de la ULL, José Ángel Rodríguez, estima que hay espacio para actuar. Lo demuestra "el fortalecimiento" del que el ministro de Agicultura, Luis Planas, ha dotado a la "comisión de control de precios". Sin embargo, ante la reducción del IGIC que plantea Coalición Canaria (CC), y defendida por Hernández y Sánchez, Rodríguez alerta de que constituye un error "dejar desnuda a la Hacienda pública".

José Ángel Rodríguez alerta del peligro que encierran las bajadas de impuestos

Ahora bien, en lo que respecta a decir a las grandes empresas cuál debe ser el máximo al que deben vender solo es posible si hay una "calidad ejecutiva". De ese modo, se refiere el catedrático a la capacidad que tiene un gobierno de "enseñar los dientes" al sector privado ante las eventualidades del mercado. Sin entrar a valorar esta cuestión, la presidenta en Canarias del IEAF, sostiene que una reducción generalizada de lGIC, "claro que se nota. Ya lo hemos tenido al 5% en ocasiones anteriores, por qué no hacerlo ahora de nuevo", apunta.

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