Canarias salva la mitad de la potencia renovable que aspiraba a instalarse

Un total de 70 proyectos de energía renovable –eólica y fotovoltaica– que aspiran a instalarse en las Islas tienen el camino expedito para hacerlo. Son los que han obtenido la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y suman 318,33 megavatios. Otras 34 iniciativas –318,41 megavatios– ven decaer sus permisos de conexión a la red tras expirar el plazo para contar con autorización administrativa que dio el Ministerio para la Transición Ecológica.

A la vista de los datos ofrecidos este miércoles por la consejería, la primera conclusión que puede extraerse es que lo han tenido más sencillo los proyectos de menor tamaño. El número de los que han logrado salir adelante multiplica por más de dos el de los que se quedan en el camino y, sin embargo, la potencia que suman los aprobados casi iguala a la de los rechazados.

De estos últimos, diez (62,18 megavatios) no superaron la tramitación ambiental, mientras que los 24 restantes (256,23 ) ni siquiera llegaron a ese departamento. Antes de ello, la Dirección General de Energía halló problemas que hacían imposible su instalación. «Deficiencia en el proyecto, contravenir los principios del interés general o porque el propio promotor ha desistido» son las razones enumeradas por el departamento que dirige José Antonio Valbuena.

Las comunidades apuran hasta el último minuto para evitar perder cientos de proyectos renovables que caducan este miércoles

A todas las iniciativas mencionadas hay que sumar otras dos (20,90 megavatios) –«casos excepcionales», los considera la consejería– cuyos promotores presentaron la documentación hace escasas semanas. «La ley establece un plazo de cuatro meses para resolver el expediente, por lo que no computaba a efectos de este hito y posibles responsabilidades al no haber entrado la solicitud con el tiempo suficiente», explica el comunicado del Gobierno regional.

¿A qué responsabilidades se refiere la nota? A las que podrían pedir los promotores que han visto esfumarse sus derechos de conexión a la red. Fue el Ministerio para la Transición Ecológica el que estableció los plazos y dejó en manos de las administraciones autonómicas la obligación de tramitar en tiempo todos los expedientes.

Según su comunicado, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha tramitado todos. Varios inversores consultados se preguntan, no obstante, cómo ha podido lograrlo cuando la lentitud en la tramitación es uno de los problemas habituales a los que se enfrentan.

Ribera presiona a Canarias para desatascar a tiempo los proyectos eólicos y fotovoltaicos

«Agradecemos los esfuerzos, pero no entendemos por qué se ha llegado a este punto a última hora», expuso sin querer «entrar en mayores consideraciones» el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Enrique Rodríguez de Azero. La valoración llegará cuando tenga «más datos», pero sí adelantó que probablemente algunas empresas terminen por llevar a la Administración a los tribunales.

Sobre todo porque cuando el ministerio estableció estos plazos, también multiplicó por diez el coste de los avales a depositar para la tramitación del acceso a la red eléctrica. «Estamos hablando de 40.000 euros por megavatio, es decir, un proyecto de diez megavatios ha tenido que depositar 400.000 euros que ahora pierde», detalla el presidente de ACER.

Transición Ecológica afirma que ha logrado visar todos los proyectos que tuvo en su mesa

En opinión de su homólogo en la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en Canarias, Rafael Martell, «el ministerio erró al establecer los plazos». Las administraciones autonómicas tenían ya un grado de saturación demasiado elevado como para incrementar el ritmo de trabajo. Sin embargo, la ministra Teresa Ribera colocó como prioridad absoluta espantar a los especuladores que estaban atesorando accesos a la red sin otro objetivo que el de hacer negocio con ellos vendiéndolos a los promotores que sí los necesitaban.

Pero ese mercado negro no tenía el tamaño que calculó la también vicepresidenta tercera del Gobierno de España. Había más proyectos de renovables reales detrás de los enganches aprobados de los que ella pudo suponer. Por eso, su iniciativa, que los empresarios aplauden, no así los plazos de caducidad establecidos, derivó en la entrada masiva de proyectos en las consejerías de energía y medio ambiente de todas las comunidades autónomas.

Sin más plazo

A finales del año pasado, la AEE estatal solicitó un nuevo periodo de gracia a la ministra, pero ella se mantuvo firme en el 25 de enero. Ya en septiembre hubo una pérdida de permisos de conexión en toda España. Otorgar ahora más tiempo supondría abrir la puerta a reclamaciones judiciales de los promotores que vieron esfumarse sus derechos en otoño.

El aval a depositar para tener acceso a la red es de 4.000 euros por cada megavatio

«Nadie puede decir que en esto ha habido una mano negra ni malas intenciones», explica Martell. Expulsar a los especuladores le parece una buena medida. Sin embargo, los promotores que decidieron seguir adelante –existió la oportunidad de desistir sin que los avales se ejecutaran– se han encontrado una tramitación acelerada y que, en opinión del sector, acabará en los tribunales por más que la consejería señale que ha tramitado todos los proyectos.

Ahora llegará el tiempo en que los inversores exijan conocer cuáles son los parámetros por los que se rechazan sus parques eólicos y fotovoltaicos y se quedan sin los avales que depositaron.

Suscríbete para seguir leyendo