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Decenas de proyectos renovables para el Archipiélago son ya papel mojado

Finaliza el periodo de gracia de nueve meses que Teresa Ribera otorgó para los permisos de acceso a la red

Parque eólico en el Sureste de Gran Canaria. JUAN CASTRO

Desde este miércoles decenas de proyectos de energías renovables –eólica y fotovoltaica– que aspiraban a hacerse realidad en Canarias se convierten en papel mojado. Finaliza el plazo para que los promotores tengan en la mano la preceptiva autorización administrativa, declaración de impacto ambiental (DIA) incluida. Quienes no lo hayan conseguido perderán el derecho adquirido para conectarse a la red, además de los avales que tuvieron que depositar para conseguirlo.

Según cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en diciembre eran cuarenta las iniciativas que estaban en riesgo en las Islas. Suman una potencia de 912 megavatios, cantidad que se eleva hasta los 19 gigavatios en todo el Estado, tal y como detalló el director general de la AEE, Juan Virgilio Márquez hace poco más de mes y medio.

El Gobierno de Canarias trata hasta última hora de minimizar los daños

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Hasta última hora de la tarde de este martes el trabajo era incesante en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para minimizar daños..

El Ministerio para la Transición Ecológica no es ajeno a la dimensión que ha adquirido el problema. Ni la prórroga de nueve meses aprobada por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, titular del departamento, ha logrado evitar el golpe.

No hay más periodos de gracia

La AEE se volvió a dirigir a ella en el final del pasado año, para solicitar otros seis meses, pero la ministra se mantuvo firme en su negativa a conceder nuevos periodos de gracia. Su libertad de acción estaba reducida, ya que en septiembre ya decayeron algunos proyectos por la misma circunstancia en todo el país. Dar un trato diferenciado a los que han seguido peleando la obtención de los papeles hasta esta semana habría sido incurrir en un trato discriminatorio y habría desembocado en las consiguiente reclamaciones judiciales por parte de los perjudicados.

La disparidad de criterios en las comunidades autónomas es uno de los principales escollos al que se enfrentan los inversores. La experiencia atesorada en un territorio de nada sirve en otro. Que alguno de ellos haya logrado llevar a buen puerto parques eólicos en Asturias, por ejemplo, no le garantiza el éxito en Canarias, porque las hojas de ruta en uno y otro territorio no tienen por qué coincidir. Eso cuando no se trata directamente de boicotear la política energética de un partido rival y se ponen por delante de la descarbonización los intereses de partido.

La disparidad de criterios en cada comunidad autónoma es uno de los problemas

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Todas estas piedras han conformado una muralla infranqueable para muchos proyectos, a los que ha resultado imposible llegar a buen puerto en tiempo y forma. Contra lo ocurrido en otras ocasiones, la patronal de las renovables no responsabiliza a la Administración. En su opinión, las circunstancias sobrevenidas han contribuido al colapso. Esfuerzo no ha faltado, tanto es así que en el verano del pasado año los departamentos medioambientales autonómicos habían alcanzado ya el número de expedientes ventilados en todo 2021.

Nuevas reglas del juego

En el origen del atasco está un cambio de reglas ideado por el equipo de Ribera, también vicepresidenta tercera, para acabar con el mercado negro que se estaba generando en torno a las conexiones a la red. Los oportunistas hallaron en la posibilidad de hacerse con esos permisos una forma de hacer negocio: los tramitaban y con ellos en la mano se los ofertaban a quienes realmente querían sacar adelante un proyecto de energía renovable, que acababan por comprárselos.

El Ministerio decidió entonces implantar una fecha de caducidad para esos enganches. Y el plazo se ha revelado insuficiente, porque todos aquellos que no han conseguido tener en sus manos la autorización administrativa -DIA incluida- se han quedado fuera. De poco ha servido que para atenuar el impacto de ese cambio de reglas se concedieran esos nueve meses de prórroga.

En las iniciativas frustradas se han invertido recursos públicos que no han servido para nada

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Desde la AEE admitieron que no resulta serio estar invocando nuevos periodos de gracia. Sin embargo, optaron, sin éxito, por esa vía con el fin de que tramitaciones que están a punto de poder culminarse no se conviertan en papel mojado. Con el agravante de que para llegar hasta el punto actual de la colina en el que se encuentran ha habido que invertir unos recursos públicos -trabajo de los funcionarios, por ejemplo- que no habrán servido para nada.

Próxima parada, los juzgados


La frustración que supone ver esfumarse posibilidades de contribuir a la mejora del planeta no es solo moral, el disgusto tiene un coste. Todo el trabajo desarrollado en los últimos años hay que pagarlo. ¿Quién lo hará? Elaboración de proyectos, estudio económico, aval para el enganche a la red, negociación financiera o relaciones con los proveedores, entre otras, son labores que los promotores han tenido que atender, con el consiguiente coste. Todo ello convierte en más que cierta la probabilidad de que los inversores opten por dejar sus casos en manos de la Justicia. Todos sus problemas se sitúan en el ámbito público. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica establece unos plazos, por el otro, no llegan a tiempo porque la Administración autonómica no da abasto con la carga de trabajo que se deriva de la decisión ministerial. Se espera una llegada masiva de demandas a los juzgados, lo que puede traducirse en la salida de decenas de millones de euros de las arcas públicas. | J. G. H.

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