El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.080 euros brutos en 14 pagas, lo que representa un incremento del 8% respecto a la cuantía vigente el año anterior, fijado en 1.000 euros, y beneficiará a alrededor de 2,5 millones de trabajadores en toda España, unos 120.000 de ellos en Canarias. El aumento está en la línea del aplicado en otros Estados vecinos de la UE con economías equiparables, que este 2023, ante la elevada y persistente presión inflacionista, han apostado por incrementos sustanciales. En las Islas las pequeñas y medianas empresas (pymes) advierten que esta medida frenará la creación de nuevo empleo ante el fuerte incremento que experimentan los costes laborales frente a la baja productividad que persiste.
El presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme), José Juan Socas, critica que las pequeñas empresas y los autónomos son los más afectados por este incremento del salario mínimo, que ha sido del 52% en los últimos años, algo poco asumible por el principal tejido productivo de las Islas, que se verá obligado a prescindir de empleados o no contratar nuevos. «Se afirma que la subida del SMI no afecta pero a las pymes sí porque el incremento de los costes no es igual para una gran empresa que para las pequeñas», asegura. Socas también precisa que esta medida también repercute en la negociación de los convenios ya que los empresarios se ven con menos margen para incrementar los salarios en las negociaciones. Con este aumento el coste laboral por cada trabajador es de unos 1.700 euros más al año.
La medida aprobada por el Consejo de Ministros afecta a unos 120.000 trabajadores isleños
El presidente de Cecapyme cuestiona los datos de crecimiento del empleo que se están publicando en los últimos meses ya que algunos de ellos son «engañosos». En su opinión «contar a los fijos discontinuos siempre como trabajadores activos no es real» porque trabajan por temporadas y después van al paro.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco), Raju Daswani, alertó que los comerciantes «se pensarán más contratar» por lo que la subida del SMI «ralentizará la creación de empleo a medio y largo plazo». Según Daswani el comercio no está aún en las cifras de 2019 ya que los más beneficiados por el lleno turístico son el ocio y la restauración: «el retail y el comercio están un 15% aún por debajo de las cifras anteriores a la pandemia», añade.
El presidente de Fedeco critica que el Gobierno ve a los empresarios como «cajeros automáticos» y no como «aliados» ya que no se tiene en cuenta que los costes que suponen la subida del SMI se añaden a la subida de la inflación y el incremento de la factura de la luz y de las materias primas, por lo que la situación se agravará en los próximos meses.
El incremento, anunciado en rueda de prensa por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, entrará con efecto retroactivo a 1 de enero de este año, lo que obligará a las empresas a abonar una paguilla en concepto del incremento correspondiente al mes pasado. «Permite que una madre trabajadora compre pescado o fruta de temporada o que un joven tenga un poquito de esperanza de vida o un poquito menos de problemáticas de salud mental», valoró Díaz.
Cumplir la palabra
El Ejecutivo, tras superar diferencias internas que han pospuesto la tramitación del incremento, cumple así con su compromiso de acabar la legislatura con un SMI equivalente al 60% del salario medio en España, tal como recomienda la Carta Social Europea y según los cálculos realizados por sus propios expertos. «Este Gobierno cumple su palabra y cumple con Europa», añadió la vicepresidenta.
El aumento llega con el aval de los sindicatos, que consideran justo el incremento y acorde con la actual coyuntura, ya que permite a las familias más vulnerables blindar su poder adquisitivo este año. La patronal CEOE, por su parte, se manifestó en contra del incremento en los términos planteados por el Gobierno. Ayer, a través de distintos canales, reiteró el mensaje de que el incremento aprobado «mina la creación de empleo y dificulta la inserción laboral de los colectivos más vulnerables».
«No hay ningún dato que asevere dicha afirmación», destacó la vicepresidenta segunda durante la rueda de prensa, en relación a si subir el SMI destruye o no empleo. La bibliografía existente coincide en que sí tiene un impacto marginal en la ocupación, no tanto en la destrucción, sino en la desaceleración en la creación. El Banco de España, analizando la subida de 2019 hasta los 900 euros mensuales, determinó que no destruyó empleo, pero si frenó la creación de hasta 154.000 puestos de trabajo. Otros estudios, como el de la Fundación Iseak, determinó que dicho aumento redujo la desigualdad salarial, «tuvo un impacto nulo en el empleo a corto plazo», si bien también «negativo, aunque limitado, en el medio plazo».
Yolanda Díaz responde a la patronal que no está demostrado que se destruya empleo
Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, primero en un Ejecutivo monocolor y posteriormente de la mano de Unidas Podemos, ha subido el salario mínimo un 47%, aupando y consolidando este suelo salarial en el rango medio-alto de los estándares europeos. «Hay diferentes maneras de afrontar una crisis y lo que hemos hecho es radicalmente diferente a lo que hizo el PP y el Gobierno de los recortes de Mariano Rajoy», declaró Díaz. Durante los dos mandatos del dirigente conservador, el SMI subió un 14,7%, es decir, tres veces menos.
«Necesitamos subir los salarios. [...] Nosotros hemos cumplido subiendo el SMI, creo que los agentes sociales deben estar a la altura de las circunstancias de nuestro país», añadió Díaz, reiterando su presión a los patronos para que reabran las negociaciones para el Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva (AENC).
Este convenio de convenios es un pacto entre las cúpulas patronal y sindical en el que fijan unas recomendaciones generales para que luego cada sector renueve sus convenios. Y una de las recomendaciones son las franjas salariales de subidas, que en opinión de la vicepresidenta segunda debiera ser mayor que la registrada en 2022 con el fin de incrementar las retribuciones.
Una ‘paguilla’ extra en febrero
El Gobierno ha demorado la revalorización del salario mínimo debido a diferencias internas entre los socios. Y una medida que tradicionalmente queda ratificada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los últimos días del ejercicio anterior a su entrada en vigor, este 2023 se ha publicado en febrero. El real decreto redactado por el Ejecutivo prevé la aplicación de la nueva cuantía, de 1.080 euros, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Lo que significa que los trabajadores deberían haber estado cobrando ese mínimo de 1.080 euros ya en la nómina del mes pasado. Y como el mes pasado las compañías no sabían todavía cuál sería el salario mínimo de este año, tienen ahora la obligación de pagar un mes de atraso a los alrededor de 120.000 canarios beneficiados con este nuevo alza salarial. Hay dos fórmulas posibles para el pago por parte de los empleadores. Por un lado, la empresa puede pagar una nómina ordinaria al trabajador con la nueva cuantía y luego pagar una segunda, a parte, que incluya un pago único de hasta 80 euros. La cuantía concreta será la que separe el actual salario de la cifra de 1.080 euros. Y otra opción por la que en años anteriores han adoptado las corporaciones es la de incluir un plus único en la nómina de febrero que desglose específicamente el pago de atrasos. Esta paguilla será única y no repetible, en tanto que solo se ha dejado de pagar un mes. En caso de que una empresa no materialice ni la subida salarial, ni el pago del atraso, el trabajador puede ir a los juzgados para cursar una reclamación de cantidades. | E. D.
