51.600 parados isleños podrán combinar un salario y 120 euros de subsidio

El Ministerio de Trabajo ultima que aquellos parados que estén cobrando un subsidio asistencial puedan seguir percibiendo parte de dicha ayuda si encuentran un empleo y pasan así a ingresar un sueldo cada mes. La medida podría llegar a beneficiar a las cerca de 900.000 personas –51.594 canarias a finales de 2022– que actualmente están apuntadas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y cobran una transferencia no contributiva. Dicha mejora se enmarca en una reforma integral de los servicios públicos de empleo, que ayer se materializó en la validación definitiva por parte del Congreso de la nueva ley de empleo.

En el seno del Gobierno están preparando la reforma del sistema de protección ante el desempleo, un compromiso adquirido con Bruselas en el marco del plan de recuperación y resiliencia y que está ligado al cuarto desembolso de fondos europeos. La idea de Trabajo es tener aprobada vía Consejo de Ministros esta modificación antes de Semana Santa y que entre en vigor durante el último trimestre del año, según fuentes conocedoras de las conversaciones. La reforma está en curso, a debate en el seno del Gobierno y puede estar sujeto a cambios.

El Gobierno ha ido y está desplegando un nuevo escudo social que mejore la protección de las personas que carecen de ingresos laborales y, a su vez, mejore sus posibilidades de encontrar un nuevo empleo. Con la idea de que puedan transitar de un estado al otro, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Seguridad Social han ido introduciendo una serie de mecanismos que generen más incentivos para la reinserción laboral. El objetivo es romper con lo que se conoce como trampa de la pobreza, es decir, que las personas que pudieren acceder a un empleo lo rechacen por miedo a perder la prestación o ayuda y no poder mantener mucho tiempo ese empleo. Y que ante ese riesgo, prefieran seguir con menos ingresos pero asegurarse la ayuda que no arriesgarse y tratar de reengancharse al mercado laboral. Este concepto ya lo ha aplicado la Seguridad Social con el ingreso mínimo vital (IMV), que desde este 1 de enero permite a sus perceptores seguir cobrando parte de esta renta básica si logran un empleo y empiezan a cobrar una nómina.

Entre un año y seis meses

En el Sepe aplicarán a partir de octubre o noviembre este mismo esquema con los subsidios asistenciales. Los detalles todavía están siendo objeto de debate en el seno del Ejecutivo. Algunas voces abogan por permitir el cobro íntegro del salario con el 25% del subsidio asistencial (unos 120 euros) durante un periodo de un año, y que el disfrute de dicho subsidio no consuma tiempo de cobro mientras se compatibilice con los ingresos laborales, en caso de que el contrato no dure y la persona tenga que volver a recurrir íntegramente al subsidio para subsistir. Otras voces dentro del Consejo de Ministros son partidarias de limitar esa compatibilidad a seis meses.

En este sentido, ya existe un precedente para los perceptores de la renta activa de inserción (RAI). Una ayuda que perciben unas 19.711 personas, según los últimos datos de febrero. Y es que si uno de estos parados encuentra un empleo o comienza a trabajar como autónomo, puede solicitar la suspensión del cobro del subsidio y tiene derecho a una ayuda equivalente al 25% de la cuantía de la misma durante un máximo de 180 días, sin que ello reduzca la duración del subsidio que tiene pendiente todavía de percibir. Cerca de 4.000 de estas combinan actualmente la RAI con un salario, según fuentes conocedoras.

Todo este sistema para el pago de subsidios lo llevan articulando desde hace meses técnicos del Sepe con la asesoría de la consultora Deloitte, que en verano ganó el concurso para desarrollar el músculo informático con el que modernizar los servicios públicos de empleo. Y es que en el marco de la recepción de los fondos europeos, el Sepe dispone de un presupuesto extraordinario de 170 millones de euros para la mejora de sus herramientas y mecanismos internos.

El Gobierno refuerza su sistema asistencial para incentivar que los parados encuentren un nuevo empleo, a la vez que reorganiza sus organismos para tratar de ser más eficiente y ayudarles en esa búsqueda. Ayer el Congreso dio la luz verde definitiva a la nueva ley de empleo, que articula una carta básica de derechos para las personas desempleadas. Esta contempla, entre otros, la asignación a cada parado de un orientador laboral de referencia, es decir, una especie de médico de cabecera del empleo que le vaya asesorando durante su vida laboral para reciclarse.

La nueva norma también reconvertirá, sobre el mes de mayo, el actual Sepe en la nueva Agencia Española de Empleo, lo que dará más flexibilidad al organismo y le permitirá cumplir con compromisos como entregar a cada parado un mínimo de una oferta de empleo adecuada a sus características en el plazo de un año.

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