Fiscalidad

Banca y energéticas ya han liquidado 1.454 millones por los nuevos tributos

Las cantidades pagadas antes del 20 de febrero anticipan una recaudación en el entorno de los 3.000 millones en el conjunto del año

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. / EP

Rosa María Sánchez

Energéticas y entidades financieras ya han ingresado en la Agencia Tributaria un total de 1.454 millones de euros con cargo a los nuevos gravámenes extraordinarios puestos en marcha por el Gobierno, que tenían de plazo hasta el 20 de febrero para liquidar el 50% del impuesto correspondiente. Según los datos facilitados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las energéticas afectadas por el nuevo gravamen sobre sus ingresos han liquidado en la Agencia Tributaria un total de 817,4 millones. En el caso de las entidades financiera, el primer pago del nuevo tributo ha supuesto 637,1 millones.

"Esto anticipa que la recaudación anual total superará los 2.900 millones", ha afirmado María Jesús Montero. Aunque en un principio el Gobierno había previsto que los nuevos impuestos sobre energía y banca iban a aportar un total de 3.500 millones de recaudación (2.000 millones en el primer caso y 1.500 en el segundo), los cambios introducidos en la tramitación parlamentaria hicieron rebajar a 3.000 millones la estimación. Así pues, los datos de recaudación hasta el 20 de febrero vendrían a confirmar esta estimación, según ha subrayado la ministra de Hacienda.

El segundo pago de estos impuestos -que grava los ingresos obtenidos en 2022- deberá liquidarse en septiembre. La regulación de estos tributos establece que solo deberán declararse en 2023 y 2024 (sobre los ingresos correspondientes al año interior, en cada caso).

Ambos impuestos extraordinarios ya han sido objeto de recursos ante los tribunales. En particular, las patronales bancarias AEB y CECA han interpuesto sendos recursos ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial que regula los modelos de declaración y el pago anticipado del nuevo gravamen del 4,8% sobre los ingresos de las entidades por comisiones y márgenes financieros obtenidos en 2022 y 2023. A título individual, Kutxabank se ha convertido en la primera entidad en recurrir contra la orden ministerial ante la Audiencia Nacional, solicitando su suspensión.

También ha hecho lo propio la patronal de las grandes eléctricas, Aelèc, en relación al tributo que grava con un tipo del 1,2% los ingresos de las energéticas obtenidos en esos mismos dos años; en Aeléc están agrupadas compañías como Iberdrola, Endesa y EDP. Al menos de momento, no han avanzado en esa dirección ni la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ni la Asociación Española del Gas (Sedigas), que aglutinan entre ambas a otras grandes compañías como Naturgy, Repsol, Cepsa o BP.

A título individual, sin embargo, Repsol sí ha presentado un recurso contra la orden ministerial 94/2023 de 2 de febrero que aprueba los modelos de declaración de ingreso y pago de los gravámenes temporales para las empresas energéticas y de crédito. Precisamente, en respuesta al recurso de Repsol, la Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de los gravámenes solicitada por la petrolera por considerar que su exacción no supone un perjuicio irreparable puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de "una situación perfectamente reversible" mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos (llevando a efecto las compensaciones necesarias), según el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo.

En cuanto a las liquidaciones -las primeras de las cuáles se ha debido presentar antes del 20 de febrero-, solo pueden ser impugnadas por las entidades afectadas, a título individual.

También ha sido objeto de recurso el nuevo impuesto temporal sobre patrimonios a partir de 3 millones de euros. En esto caso, han sido los gobiernos autonómicos de Andalucía y de Madrid, los que han recurrido contra el impuesto, ante el Tribunal Constitucional.