Multinacionales y fondos buitre, listos para la ‘rifa’ de las torres de control

La alemana DFS, la italiana Enav y la firma de capital riesgo Portobello, ‘rescatada’ por el Gobierno de Sánchez, entre las aspirantes a la gestión del tránsito aéreo

Un avión durante las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos. | | DELIA PADRÓN

Un avión durante las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos. | | DELIA PADRÓN / M. Á. Montero

La alemana DFS y la italiana Enav estarán en los primeros puestos de la parrilla de salida en la carrera por hacerse con el contrato para gestionar los servicios de navegación aérea en los tres grandes aeropuertos de la región: el de Gran Canaria y los dos de Tenerife. Las dos multinacionales competirán por quedarse con el contrato del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tal como dan por descontado en el sector de la aviación comercial, con las españolas Saerco y Skyway. Detrás de esta última está el fondo de capital riesgo Portobello Capital, el mismo que presume en su sitio web de gestionar 1.900 millones de euros en activos, lo que no obstó para que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase el rescate de varias de sus entidades participadas con cargo, claro, al erario.

El Ejecutivo canario aún no se ha manifestado sobre la intención del Ministerio de privatizar los servicios de control de tránsito aéreo –ATS, por sus siglas en inglés– en los tres aeropuertos capitalinos, que junto con los de Bilbao, Málaga, Palma y Santiago forman el pack de siete de cuya gestión quiere desprenderse el Gobierno central. No obstante, el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres está estudiando el proyecto de orden ministerial para ver su posible alcance en las Islas. Hay que recordar que una de las demandas históricas de la Comunidad Autónoma es participar en la gestión de sus aeropuertos, que, además, están entre los más rentables de España. El mismo Sebastián Franquis, consejero de Transportes, ya avisó el pasado noviembre que no piensa cejar en el empeño de lograr la cogestión aeroportuaria, lo que incluso tiene cierto amparo normativo en el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF). La particular constitución económica del Archipiélago reconoce de manera expresa el «tratamiento diferenciado» que el Estado debe darles a sus aeródromos, lo que entre otras cosas se traduce en «la participación de las instituciones de la Comunidad Autónoma en la planificación del sistema aeroportuario».

A lo anterior se aferran los dos grandes partidos nacionalistas isleños. Desde Coalición (CC) califican de «atropello» la intención de privatizar las torres de control de Tenerife y Gran Canaria y no dan crédito al «silencio» del Ejecutivo regional, mientras desde el grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC), en un tono más comedido acorde con la participación de su partido en el Gobierno autonómico, han rechazado la privatización «a cachitos» de los aeropuertos. Entre los detractores de los planes del Ministerio de Raquel Sánchez Jiménez están también los sindicatos y los controladores aéreos, más si cabe por el hecho de que los profesionales que trabajan en las torres ya privatizadas –entre ellos los de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma– están en huelga por desavenencias con las empresas gestoras del ATS: Saerco y FerroNATS.

Con todo, la conflictiva situación en los aeropuertos que ya tienen el control del tránsito aéreo privatizado no ha impedido que el Ministerio continúe con su hoja de ruta, y ello pese a que el PSOE, en sus años de oposición al Gobierno de Mariano Rajoy, se negaba de plano a cualquier medida que supusiera profundizar en la política de privatización del servicio aeroportuario. Sea como sea, la reciente publicación del proyecto de orden ministerial no precisamente invita a pensar que el Gobierno de Sánchez esté dispuesto a dar un paso atrás. Y ahí volverán a estar Saerco y FerroNATS para pujar por el o los contratos. Más bien Saerco y Skyway, que es como se llama ahora aquella última tras una operación que ha indignado a los controladores aéreos.

El caso es que el Consejo de Ministros dio el pasado junio su visto bueno al rescate de varias participadas del fondo de private equity Portobello, entre ellas la clínica dental Vivanta y la hotelera Blue Sea. Meses después –el 1 de febrero de este año– trascendió que Portobello se hacía con el cien por cien de FerroNATS a través de su firma Serveo; y apenas diez días más tarde se supo la intención del Gobierno central de privatizar las torres de otros siete aeropuertos, entre ellos los tres isleños. Serveo-Skyway y Saerco tendrán, eso sí, que pelearse con los gigantes DFS y Enav, que en el primer proceso de privatización de torres de control se mostraron muy disgustados por entender que se las había apartado sin razón (no llegaron a pasar la primera criba).

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