También la eólica marina encalla en Fuerteventura antes de echar a andar

La aparición de varios ejemplares de guirre muertos a los pies de un aerogenerador desembocaron en el pasado en la paralización de varios de los parques eólicos que estaban operativos en Fuerteventura. Esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que comanda la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Se trata del primer paso para que la tecnología eólica marina se haga realidad. En Canarias, de nuevo las primeras voces de rechazo tienen acento majorero.

Ayuntamiento de Tuineje, cofradías de pescadores y organizaciones ecologistas han rechazado la inclusión de un área –unos 209 kilómetros cuadrados– situada al este de la isla entre los 561 kilómetros cuadrados que el Gobierno central ha reservado en la Demarcación Marina Canaria. En palabras de la secretaria y portavoz del colectivo ambientalista Agonane Ecologistas en Acción, Sofía Menéndez, se ha cometido un «atropello» contra la preservación de los valores naturales.

El Gobierno reserva 561 kilómetros para molinos eólicos en el mar canario

Ella misma detalla que la franja dibujada por el Miteco contiene zonas de especial conservación (ZEC), lo que pone en entredicho el buen ejercicio de las competencias medioambientales, que residen en el mismo ministerio.

Desde el colectivo ecologista Agonane advierten de que el ministerio ha abierto zonas de especial conservación a esta industria

Fuerteventura es uno de los mayores ejemplos del desarrollismo que presionó el territorio del Archipiélago en los primeros años de este siglo. Basta analizar la evolución de su planta alojativa. De las 17.209 plazas con que contaba en 2004 ha pasado a las 59.972 declaradas al inicio de este año, según la estadística de la empresa pública Turismo de Islas Canarias.

Ese incremento del 248,5% concentrado en menos de veinte años obliga a afrontar problemas de gran tamaño cuando se trata de atender las necesidades de más de dos millones de turistas (2.057.495) anuales. Según las cifras de la misma fuente y sin tener que echar la vista tan atrás, basta señalar que en 2010 el número de visitantes fue de 1.490.957; un crecimiento del 38% en poco más de un decenio.

La presión de esa población flotante es mucha, pero no toda la que soporta Fuerteventura. Para cubrir las necesidades de mano de obra que demandaba la expansión de la planta alojativa, llegó a la isla un buen número de trabajadores. Entre los que decidieron quedarse, los asalariados que hubo que contratar para atender los nuevos hoteles y la llegada de quienes decidieron colocar la calidad de vida –españoles y comunitarios mayoritariamente– como nuevo referente de su existencia, también el censo se disparó.

La población se ha duplicado en solo veinte años

En el año 2000 declararon tener su domicilio principal en algún municipio de la isla 60.124 personas, en 2022 lo hicieron 120.021 ciudadanos. Ese crecimiento que detalla el Instituto Canario de Estadística (Istac) significa que en veinte años ha habido que multiplicar por dos el servicio a los ciudadanos.

Consumo y depuración de agua, necesidades energéticas y tratamiento de los residuos son tres de los básicos a los que ninguna persona está dispuesta a renunciar en las modernas sociedades desarrolladas. Es el medio ambiente el que paga un peaje por garantizarlo. En unos sistemas eléctricos aislados como son los canarios, la generación con combustibles fósiles ha sido protagonista única hasta prácticamente 2015.

Fue a partir de ese año cuando el entonces consejero autonómico de Industria, Pedro Ortega, consiguió sacar del callejón en el que llevaba prácticamente 20 años metido el desarrollo de las energías limpias. Sin embargo, ese hito no siempre tuvo el beneplácito de la ciudadanía. Fuerteventura es un ejemplo.

Las organizaciones ecologistas cuentan con una fuerte implantación en la vida política majorera. Son capaces de torcer las decisiones, como han demostrado en más de una ocasión. No discuten que es necesario dejar de llenar el aire de dióxido de carbono y el resto de gases nocivos que emiten las chimeneas de las centrales térmicas de generación eléctrica, pero sí muestran, y en abundancia, su desacuerdo con la distribución territorial que se hace al repartir los parques eólicos llamados a reducir la contaminación.

Vuelve a ocurrir en esta ocasión, cuando se dan los primeros pasos en la eólica marina. No habían transcurrido ni 24 horas desde la aprobación del POEM cuando la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández (PP), emitió un comunicado en su contra. «Manifestamos nuestro rechazo frontal y absoluto a la instalación de este tipo de infraestructuras a 5 kilómetros de nuestras costas», advirtió.

"Manifestamos nuestro rechazo frontal y absoluto a la instalación de este tipo de infraestructuras a 5 kilómetros de nuestras costas"

Esther Hernández

— Alcaldesa de Tuineje

También el PSOE forma parte del gobierno municipal. A este partido pertenece la primera teniente de alcaldesa, Rita Díaz, que en tono más conciliador expuso su deseo de que aún no sea tarde para «llegar a un acuerdo que permita que el municipio de Tuineje no se vea afectado». No obstante, tampoco ocultó su malestar por tener que enterarse «de un asunto tan importante como este por los medios de comunicación».

Más drástica se mostró el viernes la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, dispuesta a poner de acuerdo a la institución insular, «todos los municipios y el Gobierno de Canarias para presentar un recurso contencioso-administrativo» contra la decisión de Madrid.

Alerta entre los pescadores

La zona definida al este de Tuineje afectaría «no sólo a la sostenibilidad ambiental por el tránsito de cetáceos en la zona, sino también a la actividad de los pescadores de la Cofradía de Gran Tarajal», señalaron los nacionalistas. «Desde CC hemos mostrado siempre nuestro firme rechazo y hemos estado desde el primer minuto de lado de las cofradías de pescadores», expuso el secretario insular de la formación, Mario Cabrera.

Un problema que el patrón mayor de la Cofradía de Corralejo, Juan Placeres, hace extensivo a todo el sector. «Aquí pesca toda la flota de bajura de Canarias, 60 o 70 barcos», afirmó tras quejarse de que nadie se haya sentado con los trabajadores del mar para evitar daños futuros. A los «daños en los fondos marinos» y el peligro que el ruido de estas infraestructuras supone para la salud de la fauna, añade las zonas de exclusión que la autoridad marítima tendría que aprobar: «2,5 millas en torno a los aerogeneradores».

Su homólogo en la Cofradía de Corralejo, Juan Francisco González, lamentó que las conversaciones con el Gobierno de Canarias no hayan tenido reflejo en el documento final. «Nos dijeron que aquí no está previsto ningún parque eólico en el mar, que sería en Gran Canaria porque el Salto de Chira permitirá el almacenamiento», explicó. Lo cierto es que ninguna empresa ha presentado un proyecto para Fuerteventura, pero Placeres aseguró que ya las hay interesadas; «se lo digo yo», zanjó.

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