Canarias perderá el verde de su paisaje a final de siglo por el cambio climático y la escasez de lluvias

Canarias está abocada a la desertificación en la segunda mitad del siglo debido a las consecuencias negativas del cambio climático y a la escasez de lluvias. Las previsiones son que la estampa del verde que caracteriza a la mayoría de las Islas cambiará por una imagen más similar a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, es decir, más aridez y calor excepto La Palma, que será la única que podrá mantener la imagen de isla verde. 

El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, advirtió ayer que ya en el Parque Nacional del Teide se está empezando a notar este impacto porque la cota de floración de determinadas especies se está reduciendo, por lo que las Islas se ven abocadas a cambios drásticos en sus paisajes en la segunda mitad del siglo en caso de que no se tomen las medidas adecuadas en materia de adaptación y mitigación.

Actualmente el volumen de agua de lluvia que cae en las Islas se mantiene prácticamente igual, pero está cambiando la frecuencia. Antes la lluvia era más constante y permitía que los acuíferos se beneficiaran del agua que se filtraba en la tierra, pero aunque sigue lloviendo la misma cantidad ahora llueve menos veces al año y con episodios más virulentos de lluvias torrenciales, por lo que la tierra no tiene capacidad para absorber el agua y ésta se pierde en los barrancos y en el mar. La tendencia es que con el paso de los años las lluvias serán cada vez más escasas y esporádicas, con el impacto negativo que este escenario supone para los acuíferos, que se irán secando y provocará hacia final de siglo la reducción de la humedad y de la estampa verde que caracteriza a la mayoría de los territorios insulares.

Canarias 2040: retos y oportunidades ante el cambio climático

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Valbuena protagonizó ayer el Foro organizado por Prensa Ibérica Canarias 2040: retos y oportunidades ante el cambio climático, patrocinado por Ecoener y con la colaboración del programa Canarias por la acción climática del Gobierno regional. El acto fue presentado por Antonio Cacereño, director de LA PROVINCIA/DLP, y el coloquio moderado por Verónica Pavés, periodista de El Día, en el Hotel Santa Catalina. El consejero detalló el balance de la legislatura en la lucha contra el cambio climático con las diferentes leyes, estrategias e hitos que han ido marcando la gestión del Ejecutivo.

Mifraciones interiores

Los efectos de la crisis climática no se harán sentir únicamente en los paisajes y en la desertificación sino también en la economía, en las infraestructuras y en el modo de vida de parte de la población. El incremento del nivel del mar y de la temperatura del agua salada puede provocar que alrededor del 10% de la población que vive cerca de la costa tenga que ser recolocada en el interior, así como las actividades que se desarrollan en el litoral. Se podría perder el 11% del PIB por el impacto negativo en el sector turístico y la mitad de las playas canarias pueden desaparecer engullidas por el mar. Asimismo aeropuertos como los de Lanzarote y Fuerteventura habría que desplazarlos de su ubicación actual. Ante ello Valbuena instó a planificar desde ya con la vista puesta en la segunda mitad del siglo y aplicar una política de «luces largas» a la que Canarias aún está a tiempo, pese al retraso que acumula en la penetración de las energías renovables. «Canarias no puede estar a la cola sino, al contrario, a la cabeza de las acciones para contrarrestar la crisis climática porque sus efectos serán especialmente virulentos en las islas y corremos el riesgo de perder esta batalla si no actuamos», advirtió el consejero, para el cual la segunda mitad del siglo «está a la vuelta de la esquina» dada la lentitud con la que funciona el planeamiento en Canarias.

Valbuena lamentó que Canarias perdiera un «tiempo valioso» en etapas anteriores para acelerar la introducción de las energías renovables. No obstante, «estamos en la senda para alcanzar la primera meta del 2030 y culminar la descarbonización en 2040» siempre y cuando se mantenga la línea de trabajo iniciada por el Ejecutivo en esta legislatura, con el nuevo marco normativo tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a la que seguirán en la próxima legislatura las leyes de Biodiversidad y Recursos Naturales y de Economía Circular. Junto a ellas, diferentes estrategias y planes que culminarán con la creación de la Agencia canaria de Acción Climática, Energía y Agua, cuya estructura estará antes de finalizar el año.

Valbuena destacó el importante impulso que se ha dado en este periodo a la penetración de las energías renovables, con una potencia que está a punto de llegar en Canarias al gigavatio tras ser autorizados más de 700 megawatios en los últimos años. Asimismo, el autoconsumo energético con la instalación de paneles solares se ha expandido y llega ya a más de 9.000 viviendas y pequeñas empresas a un ritmo de 20 instalaciones diarias.

Uno de los principales retos de Canarias es la necesidad de multiplicar por tres la potencia instalada de energías limpias para cubrir el incremento de la demanda de electricidad que van a generar los vehículos eléctricos, que puede alcanzar un 70% más de consumo eléctrico. También el almacenamiento de la energía producida es clave y para ello son necesarias tanto las centrales de Chira-Soria en Gran Canaria, que ya está en marcha, como la de Güímar en Tenerife, infraestructura esencial para la isla. Por otro lado, el cambio de los grandes y pesados equipos de las centrales térmicas por pequeños grupos más modernos requerirán la utilización de gas natural como fuente de respaldo hasta la introducción del hidrógeno antes de 2040. Valbuena remarcó que en modo alguno se puede seguir quemando fueloil como hasta ahora porque «no sería razonable» para mitigar el cambio climático. 

El consejero de Transición Ecológica desmintió que su departamento paralice las inversiones. Según los datos expuestos en su intervención, en los últimos años se han aprobado las declaraciones de impacto ambiental de 70 proyectos que suponen inversiones superiores a los 2.000 millones de euros. «No frenamos proyectos pero sí tienen que respetar los valores naturales y ambientales», añadió.

Uno de los asuntos que también tendrá que abordar de forma prioritaria el Gobierno que salga de las elecciones del 28-M es la reforma de la Ley de Aguas para ampliar la desalación y la depuración como sistemas fundamentales para el futuro, precisamente por el escenario que se prevé de falta de lluvias. Según Valbuena la falta de proyectos de la anterior legislatura ha obligado al Ejecutivo a redactar hasta 21 proyectos valorados en 180 millones de euros y se están realizando gestiones con el Estado para acelerar la firma del convenio de obras hidráulicas.

Valbuena aseguró que el actual Gobierno tiene «vocación de continuidad», por lo que para el próximo mandato tendrá entre sus prioridades elaborar una nueva norma sobre el territorio, tanto el terrestre como el marítimo para «dejar atrás la Ley del Suelo» con la idea de «recuperar territorio» más que seguir consumiendo suelo y ordenar todos los espacios marítimos de las Islas.

Fondos UE

Una de las principales críticas que se ha hecho hacia la Consejería de Transición Ecológica es la falta de personal y medios para ejecutar los cuantiosos fondos europeos de los que dispone. Sin embargo, el titular del departamento aseguró que de los 478 millones de Next Generation con los que cuenta la Consejería «hay 352 millones en la calle» a través de convocatorias, proyectos y planes para 17 programas. Reconoció que aún no están cubiertas todas las plazas que se habían solicitado para agilizar la gestión de la financiación comunitaria pero que se ha realizado un «importante esfuerzo» por acelerar la tramitación porque, además, también se cuenta con las partidas provenientes de las ayudas de la Estrategia de Energía Sostenible, que son otros 300 millones. En este sentido hizo un llamamiento para gastar los 80 millones destinados a las comunidades energéticas, un hecho inédito que no volverá a suceder porque se cofinancia hasta el 80% de los proyectos con fondos públicos.