Agricultura, aún en pañales con el control de la cadena alimentaria

Las medidas para hacer cumplir en toda su extensión la ley de cadena alimentaria en Canarias no acaban de arrancar. Las inspecciones que deben vigilar que la normativa se cumple y que los agricultores no reciben por sus productos un precio menor al de los costes de producción están todavía en pañales en el Archipiélago. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional realizó el año pasado solo cinco controles, según los datos del informe de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), siendo la autonomía con el número más bajo, solo por detrás de Baleares. Ayer la Consejería anunció que tiene previsto iniciar las inspecciones después de Semana Santa. 

La ley de cadena alimentaria fue aprobada en el año 2013 y obliga a cada operador a pagar, como mínimo, los costes de producción del eslabón anterior. Así prohíbe la venta a pérdidas de la que tanto se quejan los profesionales del sector primario, ya que quien la incumpla se enfrenta a duras sanciones. En 2021 se realizó una modificación de la misma creando un nuevo registro digital de contratos, con el objetivo de facilitar el procedimiento de inspección. Sin embargo, nueve años después de su entrada en vigor y más de doce meses de su modificación, Canarias aún no lo ha desplegado al nivel que sí han hecho otras comunidades autónomas. 

Las organizaciones agrarias creen que se han producido «avances» pero no son suficientes

Hace ahora un año, con los costes del sector primario disparados debido a la inflación y los ganaderos en pie de guerra por el bajo precio de la leche, el Gobierno regional se comprometió a hacer cumplir la ley de cadena en la región. Sin embargo, la responsable del departamento, Alicia Vanoostende, después de varias tentativas de arrancar las inspecciones, reconoció el pasado mes de febrero las dificultades para poner en marcha la norma en las Islas. Ayer volvió a anunciar que después de Semana Santa se iniciarán las visitas de inspección, que se centrarán en once productos del sector primario canario. Sin embargo, los agricultores y ganaderos creen que todavía quedan muchos flecos por cerrar para que pueda llegar a ser efectivo. 

En concreto, las producciones que estarán sujetas a este control serán el calabacín, las papas, la papaya, el plátano, el tomate, las naranjas, lechugas, piñas de millo, sandías y melones, además de la leche cruda. La consejera explicó que la elección de estos productos se ha basado en que son en los que se ha detectado una mayor diferencia entre el precio que se les paga a los agricultores y ganaderos y el que se puede ver en los lineales de los supermercados, y también porque se trata de variedades muy cultivadas en las Islas. «Hemos avanzado mucho con respecto a la aplicación de la ley en Canarias en cuestiones tan importantes como los cálculos de los costes de producción, el observatorio de precios o los cuadros de mando de importación y exportación de productos», detalló Vanoostende, pero a pesar de que se ha anunciado en varias ocasiones el inicio de las inspecciones –que acarrean sanciones para los incumplidores– estas no han llegado a desplegarse en su totalidad. 

Canarias es junto a Baleares la comunidad que menos controles realizó en 2022

Ayer la Consejería celebró una jornada informativa con las principales organizaciones agrarias y profesionales del sector para presentarles el programa anual de actuaciones y vigilancia. Para desarrollarlo, se ha tomado como referencia el de la Agencia de Información y Control Alimentario pero adecuándolo a las singularidades del sector agroalimentario de Canarias. El documento tiene tres apartados. El primero es el Programa General de Vigilancia, que llevará a cabo las comprobaciones de oficio sobre un conjunto preestablecido de prácticas comerciales, productos y sectores. Una segunda será la de indicios que incorporará nuevas líneas de actuación que no se hayan previsto inicialmente. El tercero es el de comprobación de denuncias, en el que se comprobarán las que se presenten a la autoridad de control autonómica de manera telemática.  

Sin embargo, los agricultores del Archipiélago creen que todavía quedan muchas cosas por cerrar. «Cuando hemos preguntado por el número de inspectores nos dicen que se hará con personal propio de la Consejería pero si ya no dan abasto con las inspecciones rutinarias, ¿cómo van a hacerse cargo de esto?», se pregunta el secretario general de Asaga, Theo Hernando. Según explica deberán fiscalizarse todos los contratos de una cuantía superior a los mil euros vinculados a alguno de los productos que se van a inspeccionar. «Es un trabajo ingente», admite, ya que es un volumen de información muy importante que no solo deberá comprobar que los precios no están por debajo de los costes de producción sino que los pagos no excedan los 30 días. 

Hernando también señala que no existe un órgano específicamente creado para que se encargue de estas inspecciones. «Se le han encargado a la Viceconsejería del Sector Primario», expone, algo que a su juicio no es lo más adecuado. Sin embargo, para la Consejería haber podido encargar a este departamento el control de la ley de cadena alimentaria salva uno de los principales escollos para su aplicación. «En breve dispondremos del informe del Consejo Consultivo de Canarias, que es el último paso para que el Gobierno regional apruebe el reglamento que permita tener las plenas competencias de la ejecución de la ley de cadena alimentaria», aseguró Vanoostende. 

Rafael Hernández, presidente de COAG Canarias, valoró que el plan presentado ayer por la Consejería es «un avance» pero no es «lo que necesitamos». Este representante del sector primario ratifica que lo que se requiere es que la ley «se aplique en toda su extensión» de una vez por todas. Para Hernández la ley de cadena es el único mecanismo con el que se cuenta «para que los productores tengan una garantía de mínimos por su trabajo» e insiste en que no desarrollar la normativa supone «una carencia para todo el sector».  

Suscríbete para seguir leyendo