La nueva ley de vivienda golpea a los pequeños caseros de Canarias

El Gobierno de Pedro Sánchez ha consensuado con los nacionalistas vascos y catalanes –Bildu y Esquerra– el texto de la nueva ley de vivienda, lo que le permite sacar adelante la normativa en el Congreso antes de que termine la legislatura. La ley, que el Ejecutivo canario ha recibido con satisfacción –«la apoyamos con claridad», dijo este lunes Ángel Víctor Torres–, facilita la declaración de las llamadas zonas de mercado tensionado, que son esas áreas donde se limitarán los precios de los alquileres a decisión de los ayuntamientos o los Gobiernos autonómicos. Y se limitarán todos los precios, es decir, con independencia de que el propietario del inmueble sea un fondo de inversión o un pequeño casero. De modo que en Canarias, donde el notable incremento de la población y una más que deficiente política pública de vivienda se combinan para que cualquier localidad sea una potencial zona de mercado tensionado, los 55.000 pequeños propietarios que tienen casas o pisos alquilados a otras familias se quedan sin margen de maniobra a la hora de renegociar los contratos con sus inquilinos.

El municipio de turno o el Ejecutivo regional –que secunda sin ambages, cabe insistir, la nueva ley– podrán declarar un área tensionada –una localidad, un barrio, una calle– cuando se cumpla una de estas dos condiciones: que el coste de la hipoteca o alquiler –incluidos los gastos y los suministros básicos– supere el 30% de la renta media de esa zona, o que el precio de compra o arrendamiento haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores. En principio se planteó que debían cumplirse ambas condiciones, pero al final bastará con solo una para que la Administración pueda intervenir el mercado. Si se tiene en cuenta que la mayoría de los isleños que arrienda un piso está obligada a pagar más de lo que puede permitirse por la combinación de escasez de oferta y bajos salarios –con lo que el alquiler se come más y hasta mucho más del 30% de los ingresos medios–, no será fácil encontrar una localidad que no esté expuesta a la declaración de zona tensionada. De hecho, y tal como precisa el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín, los lugares que pueden escapar de ese riesgo son en todo caso las zonas exclusivas, esas donde se alquilan grandes villas o inmuebles de lujo cuyos inquilinos no tienen problemas para pagar y cuyos propietarios son grandes promotores.

Las claves de la ley de vivienda: subidas del alquiler inferior al IPC y sin pagar a inmobiliarias

Los expertos avisan: habrá menos casas en arrendamiento, disminuirá así la oferta y subirán los precios

Pero quienes en muchos casos sí dependen del arrendamiento para vivir son los 85.543 canarios –personas, no empresas– que tienen alquilada alguna propiedad a otros ciudadanos. Son quienes declaran ingresos por tener arrendadas viviendas a personas o familias que las usan como residencia habitual. Y resulta que de todos ellos, la mayoría –55.411– se ubica entre las rentas medias-bajas. Hasta un 65% de los alquiladores de la Comunidad Autónoma declara en la renta un máximo de 30.000 euros anuales. Es más, hasta un 31% ingresa al cabo del año, como mucho, 12.000 euros. Así que ni los ricos –con ingresos de más de 60.000 euros al año– ni los muy ricos –más de 150.000– son los principales arrendadores de casas o pisos en el Archipiélago. Y como la nueva ley estatal no distingue entre pequeño y gran propietario, pues ningún contrato de alquiler podrá subirse más de un 3% en 2024, mientras que a partir de 2025 regirá un nuevo índice que sustituirá al de Precios de Consumo (IPC). En consecuencia, aunque el coste de vida se incremente, por ejemplo, un 10%, el pequeño casero no podrá subirle el recibo al inquilino más de un 3% el próximo año y más de lo que establezca el futuro índice a partir de 2025. Cobrará menos en términos reales. «Es de un intervencionismo absoluto», subrayó Martín.

Otras dos grandes novedades son, por un lado, que la limitación de precios también afectará a las viviendas que se incorporen al mercado del alquiler, con lo que el dueño no podrá ofertar su propiedad por el precio que él quiera y que, claro, estén dispuestos a pagarle. Y, por otro lado, de más calado si cabe es la redefinición del gran tenedor. Hasta ahora un gran propietario era quien poseía al menos diez inmuebles, pero ahora el límite se baja a cinco, lo que convierte en gran tenedor a los 25.027 dueños de cinco bienes raíces en las Islas. 25.000 propietarios que sufrirán mayores restricciones, como los recargos en el IBI por cada vivienda vacía. Todo ello, avisan desde el sector, conducirá a que se reduzca la oferta. Quien posee cinco casas venderá una o dos para no ser gran tenedor, y muchos pequeños caseros optarán por desprenderse de ese piso que ahora alquilan para evitar líos.

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