CC rechaza la ley de Vivienda porque “legaliza la okupación” e invade competencias canarias

Oramas denuncia que la norma carga contra los pequeños propietarios y que impedirá la reposición en los polígonos de viviendas sociales

Ana Oramas tras intervenor en el Congreso.

Ana Oramas tras intervenor en el Congreso. / Jesús Hellín

Joaquín Anastasio

Joaquín Anastasio

CC confirmó este jueves su rechazo a la ley de Vivienda que se tramita en el Congreso, y que el Gobierno central acaba de pactar con sus socios parlamentarios de ERC y Bildu, por entender que “legaliza” la llamada ‘okupación’ al introducir nuevas trabas en desahucios a personas con una situación económica vulnerable. Asimismo, rechaza la definición de grandes tenedores de inmuebles y considera que la norma invade competencias autonómicas, además de no respetar el derecho constitucional a la propiedad privada. No es además, en opinión de los nacionalistas canarios, una norma que resuelva el problema de fondo de falta de viviendas en el conjunto del Estado y particularmente en Canarias, e impediría futuras actuaciones en los polígonos de vivienda sociales necesitados de rehabilitaciones como el caso de Las Chumberas, en La Laguna.

La portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, votó en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra el informe de la Ponencia que contiene las enmiendas pactadas la semana pasada entre el PSOE, Unidas Podemos y sus socios catalanes y vascos, y vio además cómo esta mayoría parlamentaria rechazaba las 23 enmiendas presentas por los nacionalistas canarios, la mayoría se ellas de supresión de artículos que, en opinión de la diputada tinerfeña, se refieren a actuaciones en la materia sobre las que ya legislan las comunidades autónomas. CC mantiene así un rechazo a la ley que ya expresó en el debate de totalidad hace más de un año, en marzo de 2022, fecha desde la que el proyecto ha estado paralizado en la Cámara Baja hasta que la semana pasada el Gobierno cerró un acuerdo interno entre PSOE y Unidas Podemos, y posteriormente con sus dos principales socios parlamentarios.

Como estaba previsto, la Comisión aprobó el informe de la Ponencia con los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y la propia CC, y la abstención de PNV. Tras superar este trámite parlamentario, el dictamen de la comisión se elevará la próxima semana al Pleno del Congreso con la idea de enviarla de urgencia al Senado y que la norma esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El texto aprobado este jueves incluye finalmente cuatro enmiendas transaccionales donde figuran las rúbricas de PDeCAT y de Junts para garantizar la no invasión competencial, pese a lo cual CC ha insistido en su versión de que muchos artículos chocan con la norma autonómica en materia de vivienda y con el propio Estatuto de Canarias.

Oramas denuncia que la ley llevaba “aparcada y metida en un cajón” más de una años y que “de pronto, en 48 horas, se decide que es una prioridad como si durante todos estos meses no lo hubiera sido”, lo que denota, según ella, la clara intencionalidad electoral de esta decisión y de este acuerdo entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Aseguró que el PSOE “ha rectificado muchas de sus posiciones iniciales para poder tener el apoyo de sus socios” con clara intención electoralista, pero que a pesar de todo la norma “no resuelve el problema”.

Ni vender, ni alquilar

CC también considera que el nuevo texto legislativo dificulta la venta de vivienda pública en los grandes polígonos de viviendas sociales en Canarias, “donde se tiene la cultura de acceder a la propiedad de la vivienda después de 20 años de alquiler con las leyes canarias, y que los nuevos propietarios pudieran vender en determinadas circunstancias con un precio tasado”, explicó Oramas. Según ella, “esto en Canarias es fundamental porque el mercado laboral implica muchas veces a familias vulnerables que tienen su propiedad adquirida desde hace años pero que tienen que trasladarse a otra isla”. El actual texto “no les dejaría ni vender, ni alquilar su vivienda”, advirtió la diputada antes de lamentar que la mayoría parlamentaria rechazara su enmienda en este sentido.

“Estamos diciendo a la gente que dé una patada y se meta en las propiedades”

Oramas fue especialmente crítica con la ley en aquellos aspectos más de fondo y de filosofía, como el ataque al “derecho a la propiedad” consagrado en la Constitución que asegura se produce en el texto, o la “legalización de la okupación” porque, aseguró, “abre la posibilidad de que una familia que está esperando la adjudicación de una vivienda pública no pueda acceder a ella porque, justo antes de la entrega, un tipo da una patada y se queda dentro, con vivienda gratis, sin pagar agua, ni luz, ni comunidad, ocupando una vivienda que le correspondía a una persona que está en peores condiciones y que ha cumplido la ley”. “Estamos diciendo a la gente que dé una patada y se meta en las propiedades”, resaltó la diputada.

Otra razón para oponerse a la ley es la definición de grandes tenedores, considerando que la ley perjudica claramente los pequeños propietarios. “Ahora resulta que las personas o familias que han comprado, con los ahorros de toda su vida, un apartamento, un estudio, una vivienda, con la que pretenden tener un ingreso mensual alquilando esa propiedad, no pueden repercutir al precio del alquiler el incremento de la hipoteca por la subida de los tipos de interés”, reprochó la diputada. También cree que dificulta los desahucios aún en casos en que el propietario necesita de esa renta para situaciones graves de economía familiar. Oramas apostó por una política de vivienda que debe pasar por “un acuerdo del Estado con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, y con los promotores, y poner pasta con una ficha financiera clara”.

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