La patronal pide un pacto para movilizar las casas de la Sareb

Un pacto a tres entre la Administración regional, la Sareb y los empresarios. Es la propuesta lanzada por la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas en el marco de un acuerdo de colaboración público-privada para movilizar el parque de viviendas controladas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria y poder incorporarlas al mercado de forma competitiva para los demandantes de casas. Este acuerdo permitiría evitar posiciones de dominio en la comercialización de los activos por parte de la Sareb.

Para conseguir esa incorporación de forma adecuada es preciso que los precios de adquisición de los activos en posesión de la Sareb por parte de los promotores se ajuste a la viabilidad del módulo, esto es, el precio del metro cuadrado de vivienda protegida.

«No deben permitirse posiciones de dominio en la comercialización de las viviendas, así como de los edificios inconclusos y del suelo disponible por parte de las empresas colaboradoras de la Sareb. Por ello, el pacto debería ser a tres para establecer un marco más colaborativo entre las partes que derive en unas mejores condiciones finales para los demandantes de casas», ha apuntado la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, María Salud Gil.

Según la dirigente empresarial, teniendo en cuenta el origen de los activos, no es posible que en el proceso de comercialización el coste se encarezca. Es importante que lleguen con el precio lo más ajustado posible al sector y a su vez resulten asequibles para la ciudadanía. De esta forma constituirán realmente un instrumento eficaz en la lucha contra la emergencia habitacional además de un elemento fundamental en la generación de empleo y riqueza. De hecho, por cada activo se crean tres puestos de trabajo: uno directo, otro indirecto y un tercero inducido.

«Así pues, esta colaboración público-privada es útil y enriquecedora en múltiples aspectos. Es una cadena de valor en la que cada eslabón debe aportar sin adoptar posiciones de dominio que finalmente encarezcan el producto final», señala.

En opinión de Gil, la Sareb no alecciona a sus comercializadoras en relación a que han de cooperar (ese es el fin) en resolver el problema habitacional y no subir los precios cuando los promotores (AECP) acuerdan con el gobierno utilizarlas dado el origen de su tenencia. La contención de precios es un elemento fundamental en esta ecuación que se rompe cuando se incorporan agentes cuya única labor es intermediar a cambio de una comisión sin ofrecer valor añadido en su participación en el proceso».

Los constructores consideran que el Gobierno regional cuenta con un marco jurídico adecuado y con dinero dentro del Plan Canario de Vivienda, que es una acción plenamente consensuada. Y existe además financiación europea para poner a disposición de la iniciativa privada tal y como preconizan los mismos fondos europeos y el propio Plan de Vivienda para construir miles de casas en arrendamiento a precios asequibles. «Se cumplen por tanto todos los parámetros necesarios para empezar lo más pronto posible y resolver el acuciante problema de la vivienda, sólo hace falta ponerse a ello, no hay más», ha concluido la presidenta de la AECP.

La movilización de las viviendas del banco malo se produce a raíz de la iniciativa impulsada por el Gobierno central y aprobada en el Consejo de Ministros de esta semana. En Canarias la Sareb cuenta con un total de 831 viviendas, de las cuales 99 se encuentran repartidas entre las dos capitales de provincia. De este modo, Las Palmas de Gran Canaria alcanza las 81 casas y Santa Cruz de Tenerife cuenta con 18.

Para poder medir el impacto que tendrán en el mercado estas viviendas hay que tener en cuenta la densidad de población de las capitales de provincia. De este modo, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 21,4 viviendas por cada 100.000 habitantes y Santa Cruz de Tenerife se queda en 8,6. En relación a los suelos públicos propiedad de la Sareb y donde se puede construir nueva vivienda, Canarias suma 29 parcelas repartidas entre Las Palmas de Gran Canaria (12) y Santa Cruz de Tenerife (17).

El banco malo llegó a gestionar en sus inicios en todo el país cerca de 200.000 activos problemáticos, entre viviendas ya construidas, suelos, trasteros, garajes, e inmuebles no destinados a la vivienda, por un valor de más de 50.000 millones de euros, según las cifras que ofrece la entidad.