Nuevas reglas fiscales europeas: qué son y cómo afectarán a España

Después de casi cuatro años con la disciplina presupuestaria de las reglas de estabilidad europea en suspenso, los Veintisiete han logrado cerrar este miércoles un acuerdo unánime para la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea. La reunión (virtual) de los ministros de Econonomía y Finanzas de la UE (Ecofin) ha respaldado este miércoles la propuesta de reforma que ha puesto sobre la mesa la Presidencia española de turno de la UE, después de que Francia y Alemania lograron limar sus diferencias en una reunión en París en la noche del martes. "Se trata de un gran acuerdo que llega en el momento adecuado", ha valorado la vicepresidenta primera Nadia Calviño, ya que el 1 de enero de 2024 quedará desactivada la cláusula de escape que había pemitido mantener en suspenso las ya viejas reglas fiscales. Las nuevas reglas serán de aplicación plena en los Presupuestos de 2025. Las Cuentas de 2024 se plantean como de transición hacia ese nuevo modelo.

1. ¿Por qué unas nuevas reglas?

Las instituciones europeas abrieron el debate para el diseño de unas nuevas reglas a principios de 2020, antes del estallido de la crisis sanitaria del covid. La crisis financiera de 2008 y la posterior crisis de deuda del euro (a partir de 2010) habían puesto de manifiesto la ineficacia de las reglas definidas desde 1992 para lograr el objetivo de un déficit inferior al 3% del PIB y una deuda por debajo del 60% del PIB en cada uno de los estados miembros. Las reglas demostraron ser complejas, poco transparentes, de difícil cumplimiento y procíclicas: cuando a los países les iba mal, con las reglas les iba peor (como se puso en evidencia con la crisis de Grecia) y viceversa. Su sistema de sanciones, con multas que podían llegar al 0,5% del PIB, nunca llegó a aplicarse a pesar de los flagrantes incumplimientos en los que fueron incurriendo tanto Alemania y Francia, como después los países del Sur (Grecia, Italia, España, Portugal o Irlanda). La reforma actual se plantea como objetivo una reducción gradual y sostenida de la deuda pública, compatible con el crecimiento económico y la inversión.

2. ¿Se conservan las referencias del 3% y del 60% del PIB?

Sí, las nuevas reglas conservarán los objetivos establecidos en el Tratado de Maastricht (1992) de un déficit público inferior al 3% del PIB y una deuda por debajo del 60% del PIB. Lo que cambian son las reglas para conseguir esos objetivos. No obstante, ahora se fija un nuevo objetivo de déficit del 1,5% del PIB que permita a los estados disponer de un colchón para responder a momentos de dificultades presupuestarias sin vulnerar el tope el 3% del PIB. Esta salvaguarda ha sido incorporada bajo la presión de Alemania.

3. ¿Cuáles son los cambios principales?

Los cambios principales son dos: las sendas de estabilidad serán individualizadas, para cada país, y estas se definirán a partir de un techo de gasto anual (no, a partir de objetivos intermedios de déficit)

En el nuevo esquema, los países con una deuda superior al 60% del PIB (España cerró 2022 con una tasa del 113%) deberán diseñar, de acuerdo con las instituciones europeas, un plan de ajuste a 4 años, ampliable a 7 años si se asumen determinados compromisos de inversiones y reformas. En la actualidad, los planes de convergencia abarcan tres años.

Además, los ajustes se definirán a partir de un techo de gasto (se determinará un determinado porcentaje anual de variación del gasto primario neto, sin tomar en cuenta los intereses de la deuda pública ni el gasto cíclico en desempleo). Hasta ahora, cuando un país superaba el nivel de deuda del 60% del PIB regía la llamada regla de 'la veinteava parte': la diferencia entre el nivel de deuda y el 60% debe ser eliminada en el plazo máximo de 20 años, a razón de un veintevo de la diferencia cada año.

Con datos de 2022, hay trece países de la Unión Europea con un nivel de deuda por encima del 60% del PIB y España es uno de ellos. España cerró 2022 con un nivel de deuda del 111,6% del PIB, solo por debajo de Grecia, Italia, Portugal y Francia. El Gobierno prevé una tasa del 108,1% del PIB en 2023.

4. ¿Cómo tendrán que ajustar sus cuentas los países?

Cada país deberá acordar con las instituciones europeas un plan de ajuste a cuatro años del gasto primario (para el periodo 2025-2028) que garantice dos cuestiones. Primera: que el déficit se sitúe (o mantenga) por debajo del 3% del PIB. Segunda: una corrección de la deuda pública que debería continuar su pendiente durante los 10 años posteriores al periodo del plan (hasta 2038) aunque no se adoptaran nuevos ajustes. El plazo de cuatro años podrá alargarse a siete si el plan se asumen determinados compromisos de inversión y reformas.

5. ¿Cómo afectará a España?

España está en el foco de las nuevas reglas fiscales pues es uno de los países de la Unión Europea con un nivel de deuda que no solo supera el nivel del 60% del PIB, sino también el del 90%. Además es uno de los países con déficit elevado.

En razón del elevado nivel de deuda, España es uno de los países que deberán presentar un plan de ajuste a cuatro años (siete, si se asumen determinados compromisos de inversión) que garantice su reducción.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha hecho algunos cálculos estimativos para España. Según estos, para cumplir los requisitos de las nuevas reglas España debería planificar un ajuste en torno a 0,64 puntos del PIB al año (el equivalente a unos 8.600 millones anual) durante el periodo 2025-2028, para llegar a un déficit del 2% del PIB en 2026 y del 0,8% en 2028 (para los cuatro años el ajuste sumaría 34.400 millones en total).

En todo caso, el acuerdo de los Veintisiete establece que los países con una deuda pública superior al 90% del PIB deberán garantizar una reducción efectiva media anual de 1 punto porcentual de la ratio de deuda, y ese es el caso de España (el ajuste mínimo de la deuda será del 0,5% del PIB para los países que estén entre el 60% y el 90%).

Además, se establece que los países con un déficit superior al 3% del PIB deberán acometer un un ajuste anual mínimo del 0,5% del PIB. España confía en esquivar este mandato y para ello se ha fijado un objetivo de déficit del 3% del PIB en 2024, que, al menos de momento, no lo ve posible el Banco de España en sus previsiones. Un ajuste anual del 0,5% del PIB sería equivalente a unos 6.700 millones en el caso de España.

En España, el déficit público se situó en el 4,8% del PIB en 2022. Las últimas previsiones del Gobierno estiman un déficit del 3,9% en 2023; del 3% en 2024; del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

6. ¿Se mantendrá el régimen de sanciones?

La reforma que plantea Bruselas mantiene el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) e incorpora un esquema de sanciones, pero este será diferente al actual. Habrá sanciones económicas, pero no tan elevadas como las del modelo aún vigente con el fin de que puedan llegar a ser efectivas y aplicables. La Comisión mantiene el umbral límite del 0,5% del PIB aunque introduce un nuevo sistema de sanciones semestrales con multas acumulables para garantizar una aplicación más "realista" dado que el sistema actual nunca ha llegado a aplicarse. En el caso de que un país se desvíe de la senda de ajuste fiscal pactada con la UE, la sanción inicial será del 0,05% del PIB. Esta cantidad irá en aumento cada seis meses -y abonada cada seis meses- hasta que el Estado miembro en cuestión adopte medidas correctivas efectivas. La multa acumulada en todo caso no podrá superar el tope del 0,5%, el umbral previsto en las reglas actuales. También habrá sanciones reputacionales, como por ejemplo, la comparecencia de los jefes de gobierno ante el Parlamento Europeo. Las sanciones se activarán cuando los países se alejen de la senda de ajustes a cuatro o siete años pactada con la Comisión Europea.

7. ¿Cuándo entrará en vigor el nuevo modelo?

Una vez alcanzado el acuerdo político de los Veintisiete, han de comenzar los debates sobre el texto en los llamados 'trílogos', en los que participan tres instituciones de la Unión Europea (Consejo de la UE, Parlamento Europeo y Comisión Europea).

El acuerdo revisado deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo antes de que pueda publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024, con efectos a

De momento, 2024 se plantea como un año de transición: no estarán en vigor aún las nuevas reglas, pero la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que preparen sus Presupuestos de 2024 de la forma más ajustada posible a ellas, con los ajustes necesarios. Además, en la primavera de 2024 se recuperará el examen del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que quedó en suspenso de 2020 (con la crisis del covid) y que escrutará las cuentas de 2023.

8. ¿Están de acuerdo todos los países?

Sí, el acuerdo ha sido unánime entre los Veintisiete. En el origen del debate, España y Holanda e encabezaron la defensa de una mayor flexibilidad de las reglas de estabilidad, que en la recta final ha pasado a ser liderada por Francia. Alemania ha presionado para que esa mayor flexibilidad no se tradujera en un esquema más laxo y ha impulsado la incorporación de referencias numéricas claras que permitan un escrutinio estricto de su cumplimiento. De ahí que se hayan incorporado cuestiones tales como la exigencia de un ajuste anual mínimo del 0,5% del PIB para países con un déficit superior al 3% del PIB.

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