«Las medidas para evitar el acceso de ‘piratas’ al sector público son mínimas»

¿Cómo ha sido la etapa de recuperación económica tras la pandemia para las empresas de seguridad privada?

Como para todos, la experiencia de la pandemia fue muy dura, pues, como actividad considerada esencial, mantuvo numerosos servicios, especialmente los de las instalaciones críticas, toda la red sanitaria pública y privada, supermercados, entre otros. Pero creo que la gestionamos bien y en Canarias no tuvimos que lamentar la pérdida de vidas de vigilantes y auxiliares, como en la Península, donde el impacto del coronavirus fue durísimo. Nos quedamos con un aspecto cualitativo: la pandemia hizo posible una colaboración público-privada muy positiva, que desde entonces se ha acentuado dado los excelentes resultados logrados. Luego, la recuperación ha sido también desigual, con problemas de escasez de rentabilidad, competencia desleal y bajos precios de licitación, en especial referidos a la Administración Pública. A esto se han sumado todas las dificultades económicas derivadas de la guerra de Ucrania. Con todo, seguimos creando empleo a medida que se ha ido reactivando el consumo y ha sido muy positiva la recuperación turística en Canarias.

¿Cree que se ha tardado demasiado en regular una carrera profesional adecuada para los vigilantes? 

Sí, y nos preocupa mucho; y así se lo hemos planteado a los representantes políticos que nos han recibido con motivo del actual proceso electoral. La ley de Seguridad Privada de 2014 incorporó, como vía de acceso a la profesión, la obtención de una formación profesional de grado medio. Es una apuesta importante para el acceso de nuevos profesionales al sector que cuenten con las competencias exigidas para el desempeño de una actividad en profundo proceso de transformación digital. Sabemos que está en su última fase el real decreto que regula el título de Técnico en Seguridad. Para nosotros es importante porque, además de los contenidos de la norma estatal, Canarias podrá añadir otros contenidos adaptados a nuestras especificidades, como puede ser el sector turístico o el portuario. Y es importante y nos preocupa que se regule porque la previsión es que la actividad mundial de servicios de seguridad siga creciendo y se trata de que lo haga, pero con la mejora en la calidad y la eficiencia de sus prestaciones, con el consiguiente efecto positivo en la sociedad.

«Nos preocupa mucho que se haya tardado tanto en regular la carrera profesional»

¿Piensa que, al igual que en otros países, debería aumentar el número de funciones de seguridad que tienen los vigilantes? 

Sí, sin ninguna duda, y es la tendencia, porque los servicios de seguridad privada han ido acreditándose por su eficiencia y su calidad. Una muestra de esa tendencia es que la propia Ley de 2014 amplía nuestras funciones, siempre de forma complementaria y subordinada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es un proceso gradual creciente en todos los países europeos. Aproser forma parte de la patronal europea de seguridad privada y hay múltiples experiencias en este sentido: presencia en zonas comerciales abiertas, o custodia y traslado de reclusos. Hemos avanzado, y en verano reforzamos a las policías locales, que están desbordadas en playas a las que acuden miles de turistas y aquí en Canarias prestamos servicios de colaboración con entidades locales de forma satisfactoria que esperamos poder ampliar en el futuro.

Hay sectores de las fuerzas de seguridad, sobre todo de las policías locales, que recelan de que su trabajo pueda ser realizado por personal que no sea funcionario, como voluntarios de Protección Civil, vigilantes u otro tipo de empleados. ¿Qué piensa de esta polémica? 

Nuestra función es complementaria y subordinada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y está regulada por Ley. Los campos y funciones de unos y otros están bien delimitados, por lo que es posible la colaboración y nuestra experiencia dice que resulta satisfactoria para todos, siempre desde el respeto a las funciones respectivas. Hacemos un esfuerzo para ganar visibilidad y que se puedan distinguir los cometidos perfectamente.

¿Ahora en Canarias y en toda España hay menos o más empresa ‘piratas’ [que no respetan el convenio colectivo de seguridad privada a nivel nacional, pues pagan salarios muy inferiores, entre otras cosas]?

No lo sé. Empresas de este tipo hay en todos los sectores. Existe consenso sobre lo pernicioso de las malas prácticas, que, al final, perjudican a la actividad empresarial y a la reputación sectorial, pues en el fondo son manifestaciones de intrusismo, de competencia desleal y otros fraudes. El convenio colectivo va más allá. Es el resultado del diálogo social, que supone muchas veces ir más allá de lo que implica pactar una regulación salarial, porque, desde el diálogo nos adaptamos a los cambios y fruto de éste también hay mejoras en la formación y en otros aspectos. De esa manera, el sector es más eficiente y existe más calidad en el servicio. En todo caso, existe una regulación muy estricta y a medio plazo perduran las iniciativas empresariales que ofrecen prestaciones de calidad.  

¿Las administraciones han tomado medidas para evitar que este tipo de empresas ‘piratas’ accedan a adjudicaciones de servicios en el sector público?

Sí, pero mínimas. Venimos de tiempos muy difíciles como consecuencia de la crisis económica de 2008 y los largos años de ajustes. La ley de Contratos del Sector Público de 2017 ha puesto un poco de orden, pero en las administraciones los procesos son lentos, aunque imparables. De ahí nuestra confianza. La actual Ley de Contratos es compleja, pero hemos visto que poco tiempo después ha favorecido un giro hacia la calidad y la concurrencia, aunque hay un amplio camino por recorrer. A ello se une los efectos de la doctrina Somoza de sucesión de empresas, que, al exigir a los licitadores asumir las deudas generadas por anteriores contratistas, debiera, cuanto menos, matizarse con una adecuada distribución de la información a quienes quieren tomar parte en un proceso de contratación.

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