Redes cerradas: la esperada rebaja en la factura para los polígonos industriales hace agua

Catorce años ha tardado España en regular las redes eléctricas cerradas, la figura jurídica que permite a varias empresas situadas en un mismo polígono industrial compartir un mismo contador eléctrico para ahorrar dinero en la factura de la luz. Aunque tanto la Generalitat de Catalunya como el Principado de Asturias, los ejecutivos de dos de los principales polos industriales del país, han celebrado la medida, el sector industrial advierte de que, salvo sorpresas, su aplicación será limitada. “No le veo demasiado futuro. Quizás haya algún caso pero será limitado”, explica el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AEGE), Pedro González.

Las redes cerradas se dirigen a industrias con una actividad productiva relacionada —no pueden estar formadas por dos empresas sin vínculo alguno— siempre que estén en un espacio de 8 kilómetros cuadrados y a ellas se pueden añadir un máximo de 100 usuarios no industriales pero que presten servicios conexos (por ejemplo, el restaurante o el hotel del polígono), así como personas que vivan en poblados industriales.

La principal ventaja es el ahorro en la factura, que puede alcanzar el 20% del recibo, porque al tener un solo contador las compañías se reparten los costes fijos de la factura. Además, en caso de que al juntarse las empresas necesiten una mayor tensión de la red tendrían una electricidad más barata porque la alta tensión es mucho más asequible que la baja. Pero la puesta en marcha de este tipo de redes no es fácil. “Es un proceso muy complejo, primero porque todas las empresas tienen que ponerse de acuerdo. Una vez tienen interés deben negociar con la empresa distribuidora y que esta les quiera vender la red y comprometerse a mantenerla. Tienen que alinearse unos cuantos astros. Va a haber muy pocos casos”, insiste González.

Las redes cerradas han sido una reclamación histórica de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para ayudar al polígono industrial de Tarragona, donde hay varias industrias que cuentan, de facto, con redes cerradas de forma sobrevenida (una empresa que tenía varias líneas de producción y vendía alguna mantenía el mismo contador pero cada una pagaba por su consumo). "El coste de oportunidad de la no implementación de este reglamento ha costado cientos de millones en los últimos años por inversiones que no se han llegado a realizar por la inseguridad jurídica", cuenta el diputado de ERC y principal valedor de la medida, Joan Capdevila. "Pero que esto me haya costado cuatro años habla de una eficiencia un poco relativa de la cámara", añade.

El tiempo que se ha tardado en aprobar la norma puede ser clave. En el caso particular del polígono químico catalán, el problema que alegan, a priori, desde su dirección es que las redes cerradas sobrevenidas no se pueden regularizar de forma automática, sino que deben empezar de cero con todos los trámites. Eso incluye, además de la compra de la red —las eléctricas no pueden negarse a venderla, pero sí poner un precio disuasorio—, la petición de una autorización a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que determine si son compatibles con la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico y que se debe repetir cada 4 años. Esto es así porque al suponer menos ingresos para el sistema eléctrico podría ponerlo en riesgo, aunque “a medio y largo plazo supondrá un ahorro en costes”.

“Estamos muy contentos porque las redes cerradas por fin se incorporan al reglamento nacional, aunque no vemos claro que se vaya a utilizar. Va haber muy poca gente que vaya a solicitar esta posibilidad”, explica la directora gerente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), María Mas. No obstante, reconoce que hay "dos empresas que van a empezar a hacer el estudio económico para analizar cuánto les supondría y ver si siguen o no adelante". Según la dirección de Energía de la Generalitat, Tarragona no es el único polígono interesado, "hay más". "Estaremos atentos a quien está interesado en acogerse a este nuevo marco, ya que participar de él requiere de ciertos compromisos y responsabilidades. Además, esta normativa también es una fórmula para incentivar a aquellos agentes interesados en entrar en la producción de hidrógeno verde", explican fuentes de la dirección de energía de la Generalitat.

En países como Países Bajos y Alemania las redes cerradas funcionan desde hace años, pero la diferencia es que en esos lugares cuando ha habido cambios de propiedad en las empresas se han podido acoger a esta figura. “Si se crease un polígono nuevo sería una opción interesante. Pero es complicado porque tienen que ser polígonos dedicados a una misma actividad, como la química o la siderurgia, y que las empresas se instalen ahí porque suministran a otra compañía”, añade Pedro González.

Suscríbete para seguir leyendo