Escrivá relaja los requisitos para la integración laboral de los migrantes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha movido ficha, de nuevo, para facilitar a los migrantes el acceso a la formación y su posterior entrada en el mercado de trabajo. Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá se ha aprobado una instrucción para rebajar los requisitos de formación para la regularización de extranjeros que lleven al menos dos años en el país. Esta nueva modificación del reglamento de extranjería, aprobado en julio de 2022, elimina la exigencia de horas mínimas de cursos o la presencialidad en los mismos.

La reforma del pasado verano incluyó la figura de arraigo por formación que pretendía agilizar la regulación de los migrantes que quieran formarse. ¿Cómo? Al concederles una autorización de residencia por un periodo de 12 meses a los extranjeros que han permanecido en España de forma continuada durante un periodo mínimo de dos años si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo.

La última instrucción flexibiliza algunos requisitos exigidos en un primer momento para, según explican desde el Ministerio, favorecer que puedan acogerse a esta figura colectivos que presentan más dificultades en el acceso. En concreto, se ha eliminado la exigencia de un mínimo de 200 horas por curso y la obligatoriedad de que la formación sea presencial –ahora podrá ser online–. Escrivá ha explicado que estos cambios se producen porque las medidas impuestas en un primer momento impedían a potenciales beneficiarios, especialmente mujeres, acceder a esta figura.

De hecho, según los datos del Ministerio, solo el 31% de las solicitudes de arraigo por formación son de mujeres, muestra de la situación diferencial que existe. En toda España se han solicitado 22.00 autorizaciones de «arraigo por formación» y se han concedido 12.000.

Además, en línea con las recomendaciones europeas se han incluido las microcredenciales para poder solicitar esta figura. Estas están basadas en experiencias de aprendizaje de corta duración de todos los niveles educativos. Las microcredenciales, basadas en el enfoque europeo recomendado por el Consejo de la UE en junio de 2022, deberán tener una acreditación que garantice de forma coherente entre los Estados miembros su calidad, transparencia, comparabilidad transfronteriza, reconocimiento y portabilidad.

Los sindicatos en Canarias se oponen a flexibilizar los requisitos de formación. Tanto desde CCOO como desde UGT denuncian que la laxitud de las medidas puede conducir a que las empresas estén tentadas a contratar «mano de obra barata». «Ablandar las condiciones abre la puerta a las suspicacias y a los cambalaches», advierte el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, quien exige que la formación sea reglada y se dé con todas las garantías. «Estamos totalmente a favor de regularizar la situación de los trabajadores extranjeros, pero defendemos que los trabajadores deben estar bien formados en la profesión que van a desempeñar», aclara el secretario de Empleo y Política Institucional de CCOO en Canarias, Ignacio López.

El coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, cree que la flexibilización puede generar que las medidas tengan un mayor alcance, pero insiste en que la «rebaja de las condiciones» debe realizarse con cautela para no comprometer que la capacitación sea lo «suficientemente sólida» para que la inserción en el mercado laboral de las personas migrantes se produzca en «condiciones dignas y adecuadas». «La formación debe estar alineada con las necesidades del mercado laboral y, además, habría que trabajar de forma paralela en una integración con medidas de inclusión social», apunta Lorenzo.

Para los sindicatos hay una serie de aspectos que deben modificarse para garantizar que la figura de arraigo por formación cumple su cometido. En concreto señalan tres cuestiones. Por un lado apuestan por establecer un mínimo de horas a los cursos que se imparten. Además consideran que estos solo deben ofrecerse en modalidad presencial para evitar fraudes y compraventa de títulos. Y el tercer requisito que reclaman las agrupaciones es que los trabajadores consigan un contrato de trabajo vinculado con la formación que se haya recibido. «Como la norma no se adecúe a estas tres peticiones va a haber dificultades en el futuro próximo», advierte López.

Desde el Ministerio defienden que las modificaciones en el reglamento de extranjería se producen a partir de aportaciones realizadas por agentes sociales pero los sindicatos denuncian que se han «dejado atrás» cuestiones «muy relevantes».

Entre las demandas de los sindicatos que sí están incluidas está la homologación de los centros formativos. Ahora las entidades formativas deberán estar inscritas en un registro para evitar fraudes y mercadeos con los cursos de arraigo. Toda formación para solicitar el arraigo deberá ser impartida por centros que estén autorizados para la misma y que figuren inscritos en el Registro de Centros de Formación Profesional y, en su caso, en el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios. También serán formaciones válidas para el arraigo aquellas promovidas desde los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) y por las universidades.

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