Los Veintisiete acuerdan extender el tope de 180 euros al gas y otras medidas anticrisis un año más

Los ministros de energía de la Unión Europea han acordado mantener el tope de 180 euros por megavatio-hora para el precio del gas, las compras conjuntas de gas, con las que el continente aprovecha su poder de negociación colectivo para evitar que los Estados miembros compitan entre sí y disparen los precios de esta materia prima, y acelerar la concesión de permisos para los proyectos renovables hasta enero de 2025. Los veintisiete países han aprobado la prórroga de estas tres medidas a propuesta de la Comisión Europea "para aumentar la seguridad del suministro de gas y reforzar la resistencia del mercado" a pesar de que "la situación del mercado energético europeo es más segura que hace doce meses".

"La prórroga de las tres medidas de emergencia es necesaria para abordar una situación aún frágil en la UE tras la invasión rusa de Ucrania. Esto nos permitirá garantizar la estabilización de los mercados energéticos, aliviar el efecto de la crisis y proteger a los ciudadanos de la UE de los precios excesivos de la energía", ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que presidió este martes la última reunión de energía de los Veintisiete con España al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.

El llamado mecanismo de corrección del mercado, que establece ese tope de 180 euros por megavatio-hora para el precio del gas, pretende evitar "picos de gas excesivamente altos" en los próximos meses. Este sistema se activa cuando el precio del gas supera esta cifra durante tres días consecutivos y la diferencia con el precio del gas natural licuado (GNL) en los mercados internacionales es de al menos 35 euros. Es decir, cuando las cotizaciones en Europa se disparan y lo hacen muy por encima de los precios de otros mercados, lo cual es síntoma de un encarecimiento artificial de la materia prima.

De esta forma, al mantener ese tope, Europa fija una suerte de salvaguarda ante una hipótesis que parece poco probable, alcanzar los 180 euros por megavatio-hora en el precio del gas, dado que los precios a futuro del mercado europeo de referencia, el TTF holandés, se sitúan en alrededor de 35 euros por megavatio-hora para este año que empieza. Esta salvaguarda podría actuar, a su vez, como alternativa al mecanismo ibérico, el tope al precio del gas para la generación eléctrica que diseñaron España y Portugal en lo peor de la crisis de precios y que finaliza el próximo 31 de diciembre, si el Gobierno o la Comisión Europea decide no mantenerlos más allá de esa fecha.

El mecanismo ibérico se sitúa en la actualidad en 65 euros por megavatio-hora (frente a los 40 euros por megavatio-hora que tuvo durante su primer año de referencia) y en los últimos meses la vicepresidenta ha reconocido que su intención era extender esta medida un año más, pero en los últimos días fuentes de su departamento afirmaban que todavía no hay una decisión tomada. "Las señales de protección a los consumidores vulnerables se mantendrán (...). El resto de medidas hay que ver cuáles se mantienen, si tienen que tener algún tipo de modificación o no, y cuáles quedan cubiertas por medidas europeas y, por tanto, no es necesario mantenerlas", aseguró Ribera la semana pasada en una entrevista en RNE.

Por otra parte, los ministros europeos también han acordado este martes mantener las compras conjuntas de gas, "precios de referencia fiables e intercambios de gas transfronterizos" desde el 30 de diciembre de 2022 por un período de un año, hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque en este caso se ha eliminado el artículo 10 sobre la participación obligatoria en agregación de demanda.

Además, se extiende también el reglamento para acelerar el proceso de concesión de permisos para los proyectos renovables, diseñado para reducir la "dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos, que aplica a partir del 30 de diciembre de 2022 por un período de 18 meses. "Los ministros acordaron ampliar el período de aplicación de determinadas disposiciones modificadas del reglamento hasta el 30 de junio de 2025. A diferencia de los otros dos reglamentos de emergencia, las modificaciones van más allá de la mera extensión del período de aplicación del reglamento", añade en un comunicado el Consejo de la UE.