El PP tumba en el Senado los objetivos de déficit del Gobierno y retrasa los nuevos Presupuestos

El Senado ha tumbado este miércoles la senda de objetivos de déficit y deuda propuesta por el Gobierno, que ya había sido validada por el Congreso. Cumpliendo con el guion anunciado, la mayoría absoluta del PP en el Senado ha votado en contra de la propuesta del Consejo de Ministros. Esta senda constituye el paso previo para la elaboración del ya retrasado proyecto dePresupuestos del Estado para 2024 que pretende sacar adelante el Ejecutivo en los próximos meses. El veto del Senado supone cuando menos, una demora aún mayor para los Presupuestos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la mañana de este miércoles, en la tribuna del Senado que, tras el 'no' que había anunciado el PP, y según lo que permite la ley de estabilidad, el Gobierno volverá a presentar en el Congreso y el Senado en el plazo de un mes un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros, que incluirá la misma senda de objetivos para el periodo 2024-2026 que hoy ha tumbado la mayoría absoluta que ostentan los senadores del PP.

Reducción del déficit

Esta senda de objetivos prevé una reducción del déficit público del conjunto de las administraciones públicas desde el 3,9% del PIB con que se prevé cerrar el ejercicio 2023 al 3% del PIB en 2024. En particular, establece que el déficit del Estado se debe mantener en el 2,9% del PIB en 2024. Para las comunidades autónomas, se prevé pasar de un déficit del 0,6% a uno del 0,1% del PIB. Los ayuntamientos deberían aumentar su superávit al 0,2% del PIB y para la Seguridad Social se prevé que el déficit del 0,5% de este año se reduzca al 0,2% del PIB en 2024.

Montero ha insisitido en que el Gobierno dispone de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que, pese a un previsible segundo veto del Senado, el Ejecutivo podrá aprobar un proyecto de ley de Presupuestos sobre la base de una senda de objetivos de déficit y de deuda anterior, que es la que fue incorporada en la Actualización del Plan de Estabilidad presentada en Bruselas el 31 de abril de 2023 y validada después por la Comisión Europea.

La cuestión es que la senda de objetivos de abril es más exigente para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos que la que ahora propone el Gobierno. Ello implicará que, en lugar de poder cerrar el año 2024 con un déficit del 0,1% del PIB, las autonomías tendrán que cuadrar un equilibrio presupuestario si se imponen los objetivos de abril. Para los ayuntamientos, la diferencia es de dos décimas de PIB. En definitiva, si se aplican los objetivos de abril y no los que ahora rechaza el Senado, las autonomías perderán una mayor capacidad de gasto por unos 1.500 millones de euros y los ayuntamientos, tendrán un menor margen por unos 3.000 millones. El Estado, en cambio, ganaría un mayor margen de gasto por esos algo más de 4.500 millones de euros, que perderían autonomías y ayuntamientos.

Cruce de reproches políticos

Por eso, Montero ha reprochado al PP -que encabeza 11 gobiernos autonómicos y participa en un total de 14 de ellos- que votar 'no' no tiene "ni pies ni cabeza" y que es como "tirarse piedras en el propio tejado e ir en contra de la mejora de los servicios públicos que son de su competencia, como la sanidad. También, en Galicia", ha subrayado la vicepresidenta, en alusión a la comunidad autónoma donde se celebrarán elecciones el próximo 18 de febrero. "Es algo irracional. ¿Por qué el PP se va a oponer a unos objetivos de déficit que son mejores?", se ha preguntado de forma retórica la vicepresidenta, antes de afear "el discurso agorero y catastrofista" de los populares.

"Quien crea que el Gobierno no va a poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, se equivocan", ha reiterado Montero y ha vuelto a hacer referencia al informe en su poder de la Abogacía del Estado.

"¿Existe realmente ese informe?", le ha preguntado a la ministra el senador popular Gerardo Camps, poniendo en duda la existencia del citado documento jurídico.

Los populares reclaman al Gobierno que el Estado ceda una mayor capacidad de déficit a las autonomías y que acometa una batería de rebajas fiscales, que van desde la deflactación de la tarifa del IRPF a un menor IVA para la energía y para la carne, el pescado y las conservas.

Tanto Gerardo Camps como la portavoz popular, Alicia García, han criticado las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont para la amnistía de los implicados en el procés. "No queremos ser cómplices de este Gobierno. Esta es la segunda razón por la que votamos no", ha dejado claro Camps.

El resto de los portavoces parlamentarios que han intervenido en el Senado han expresado su votación a favor de la senda de objetivos de deuda y déficit planteados por el Gobierno, si bien el 'no' de la mayoría absoluta del PP en el Senado basta para que estos sean tumbados.