Ofensiva del Gobierno para acelerar la batalla contra el CO2

Transición Ecológica refuerza la declaración del interés general y negocia con los cabildos para impulsar la llegada de renovables 

Planta fotovoltaica situada en Gran Canaria.

Planta fotovoltaica situada en Gran Canaria. / JUAN CARLOS CASTRO

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Entre 1996 y 2015, prácticamente no se colocó un solo aerogenerador nuevo en Canarias. Algunas repotenciaciones constituyeron todo el bagaje. El salto iniciado hace nueve años –con especial incidencia en 2018– propició acercar al 20% la potencia renovable instalada en los cinco sistemas eléctricos del Archipiélago. A partir de ahí, bien es cierto que con numerosos proyectos en proceso de construcción, el ritmo ha decaído.

A las trabas burocráticas se suma la resistencia, tanto política como social. Como principal exponente de la primera, el Cabildo de Fuerteventura ha presentado numerosos recursos contra otros tantos proyectos impulsados en el tramo final de la pasada legislatura. En cuanto a la población en general, gana terreno una corriente de opinión que, sin poner en discusión la necesidad de luchar contra el cambio climático, critica la instalación de parques eólicos, bien por motivos estéticos, o bien con la protección del territorio y la fauna como objetivo declarado.

La presencia de las energías limpias ronda el 20%, el objetivo es elevarla al 58% en 2030

En este contexto, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que dirige Mariano Hernández Zapata, ha decidido actuar en todos los frentes para garantizar la consecución de los hitos en pos de la descarbonización. El martes, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, incluyó en el discurso que pronunció en la sesión inaugural del Debate sobre el estado de la Nacionalidad, el «objetivo» de «llegar de aquí a 2030 al 58% para cumplir con la Ley Nacional Integradora de Energía y Clima».

En ese momento no habían transcurrido ni 24 horas desde que el consejero Hernández Zapata reuniera a la Mesa de Energía Renovable. Este órgano, gestado por el propio político palmero del PP, está llamado a detectar, con presencia del sector privado, los obstáculos que lastran el viraje de la generación eléctrica hacia las energías limpias. La decisión unánime fue pasar a la acción.

Artículo 6 bis.

En la legislatura 2011-2015, la entonces consejera regional responsable de la energía, Francisca Luengo, decidió desempolvar el artículo 6.bis de la Ley de regulación del sector eléctrico canario (11/1997 de 2 de diciembre), que determina el «procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica».

A grandes rasgos, este precepto faculta al Gobierno de Canarias para aprobar proyectos obviando lo que determinen otras administraciones. La práctica ha demostrado, sin embargo, el éxito que uno tras otro tienen los procedimientos contencioso-administrativos planteados por los cabildos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Invocando el interés general, el hoy senador José Antonio Valbuena (PSOE) –entonces consejero regional con competencias en energía– impulsó una batería de instalaciones fotovoltaicas y obras de mejora en subestaciones eléctricas que los cabildos de Fuerteventura y de Lanzarote decidieron llevar a los tribunales. El propio Valbuena, durante el tiempo que estuvo al frente de la consejería, promulgó una instrucción que determinaba los casos en los que cabe cobijarse en el 6 bis. 

El resultado no fue el esperado, los encontronazos en los tribunales con los cabildos se han sucedido. Las instituciones insulares inciden, y el TSJC les da la razón, en que el interés general no puede determinar dónde se sitúan los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas sin tenerles en cuenta, ya que son los competentes para la ordenación de sus territorios. La estrategia pasa por robustecer jurídicamente el mencionado artículo 6 bis. Es decir, redefinir los requisitos que permiten su invocación y hacerlo así menos atacable de lo que es en la actualidad.

Zonas de aceleración

Otro modo de garantizar la buena salud de la tramitación de los proyectos es implicar a las instituciones insulares desde el inicio del proceso. Clavijo señaló el martes que la consecución de los objetivos de descarbonización se va a lograr «con el trabajo coordinado y consensuado con todos los cabildos». En ese ámbito nacen las zonas de aceleración de renovables, áreas del territorio en las que, con el acuerdo entre administraciones, se garantiza que la tramitación de las iniciativas estará carente de muros insalvables. Las zonas antropizadas –ya modificadas por la mano del hombre– tienen preferencia frente al consumo de suelo inalterado hasta el momento.

La velocidad no es homogénea. En función del grado de resistencia a la entrada de proyectos renovables la determinación de esas áreas va más o menos rápida. Lo que, al menos de momento, permanece inquebrantable es la voluntad del Gobierno de Canarias de alcanzar acuerdos en todas y cada una de las islas. 

El coste político se da por descontado en alguna de ellas, pero la necesidad de acabar con la quema masiva de hidrocarburos en las centrales de generación es más relevante. El Ejecutivo ha abierto este proceso de diálogo en el convencimiento de que la no aprobación de planes insulares de ordenación que fijen las zonas para el despliegue de fuentes limpias no pueden detenerlo más tiempo.

Extensión de la vida útil

Los proyectos fijan el tiempo durante el que pueden utilizarse los aerogeneradores. Terminado este, existen mecanismos que, previa autorización de la Administración, permiten al promotor mantenerlos girando. En los últimos años, sin embargo, lo que se repite es la ausencia de respuesta. Ese silencio se entiende en sentido positivo, con lo que las aspas siguen dando vueltas sin que realmente exista una labor de inspección que la avale.

Entre las pretensiones de la consejería está implantar un sistema más riguroso. Se da por seguro que hacerlo evitará daños a la imagen del sector. La caída en los primeros días de este mismo año de un aerogenerador que estaba en desuso en Lanzarote se entiende como un punto de inflexión que obliga a actuar. 

El esquema del protocolo en el que se trabaja desemboca en una toma de decisión clara: si la máquina está en perfecto estado puede seguir funcionando durante un tiempo determinado; en caso contrario, el promotor estará obligado a desmantelarla y devolver el terreno a su estado original.

Campaña de concienciación

La paradoja ha ganado terreno a marchas forzadas. Salvo en reductos políticos muy localizados y entre adeptos a las teorías de la conspiración, la necesidad de reducir las emisiones de gases nocivos a la atmósfera no se discute. Sin embargo, también aumentan las quejas ciudadanas por la presencia de aerogeneradores o placas para la energía fotovoltaica.  

Además de animar a la población a participar en los proyectos, se acometerán acciones divulgativas que tuerzan el rumbo de las corrientes de opinión basadas en el sí, pero aquí no.

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