Canarias quiere una eólica marina que respete el paisaje y ocupe poco espacio

Entre las 37 alegaciones remitidas por el Gobierno de Canarias al proyecto de decreto que regulará el sector de la tecnología eólica marina en España, se cuentan seis con marcado carácter medioambiental y tendentes a promover el mínimo consumo de espacio. La preservación del paisaje y una mayor concreción en el proceso de desmantelamiento de los aerogeneradores se incluyen en la nómina de asuntos a perfilar.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Ejecutivo regional, Mariano Hernández Zapata, reunió la semana pasada a todos los actores implicados para confeccionar unas aportaciones que reflejen «la realidad canaria». La «unidad del sector» que declaró buscar el político palmero sentó a la misma mesa a empresarios y agentes medioambientales.

La necesidad de reducir las emisiones de gases nocivos a la atmósfera impide mirar para otro lado. Todos saben que la eólica marina está ya aquí y comparten el interés por que el desembarco se realice con el mayor de los consensos para ahorrarse encontronazos futuros.

El consejero Zapata sentó a una misma mesa a todos los actores implicados

Y si dan por descontada la implantación de aerogeneradores en el océano es porque, como también apuntó Zapata, este nuevo avance en la descarbonización tiene serios visos de convertirse en palanca para la «diversificación de la economía del Archipiélago, la generación de puestos de trabajo cualificados y la mejora de la independencia energética». Además, añadió el consejero, es una de las puertas de entrada por las que Canarias puede convertirse en «referente nacional».

En una de las alegaciones presentadas, las Islas demandan una adecuación entre la potencia que se ponga en liza y el área contemplada para su materialización. Es decir, contra lo que señala el proyecto de decreto sobre las órdenes ministeriales que regularán los procesos de concurrencia, el Archipiélago solicita que se defina una superficie en lugar de dejar que sean los promotores los que decidan según sus intereses.

Distancia máxima

La sugerencia realizada en este sentido señala incluso la necesidad de determinar la «distancia máxima» de separación entre máquinas; que se salven los perjuicios que una excesiva cercanía puede suponer al rendimiento, pero nada más allá de eso. «De lo contrario, existe el riesgo de que los promotores ocupen más espacio del necesario, dificultando la instalación de nuevos parques», detalla el texto remitido al Ministerio para la Transición Ecológica.

Una de las alegaciones exige «minimizar el impacto paisajístico»

Acotar el terreno permitirá, además, atender otra de las alegaciones. En concreto, la que exige «minimizar el impacto paisajístico, en especial en áreas pobladas y zonas turísticas del litoral». Preocupa sobremanera la compatibilización de la eólica off shore con el mantenimiento de la competitividad del sector turístico. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, isla llamada a ser la avanzadilla de España en esta tecnología, ya ha señalado la necesidad de colocar los aerogeneradores a suficiente distancia de la costa –unos 8 kilómetros– para ocultarlos de la vista de los visitantes.

En la misma línea, la participación de colectivos ecologistas en la elaboración de las alegaciones ha propiciado la demanda de sistemas automáticos que eviten las colisiones de aves contra las palas y el análisisis de cualquier tipo de afección a la biodiversidad.

Las Islas quiere más solidez en la recuperación del espacio

Otro momento crítico que la Administración canaria ha solicitador que se tome en cuenta es el del desmantelamiento de los parques toda vez que se agote su vida útil. Eso ocurrirá en más de 30 años, pero el Gobierno regional quiere tenerlo atado y ha exigido mayor claridad en la obligatoriedad de constituir una fianza que no se devolvería hasta el momento en que toda la superficie quede en el mismo estado que lucía antes de la llegada de las máquinas.

Además, durante el tiempo en que los aerogeneradores estén funcionando, las Islas quieren que los promotores estén obligados a mantenerlos en buen estado.

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