El alquiler turístico deja hasta un 30% más de ingresos que el residencial

La rentabilidad de la vivienda vacacional llega a duplicar la del arrendamiento de larga estancia si el inmueble está ocupado al menos una veintena de días al mes

El cartel de vivienda vacacional (Vv) en la entrada de un inmueble del barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.

El cartel de vivienda vacacional (Vv) en la entrada de un inmueble del barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. / JUAN CARLOS CASTRO

Es usted dueño de un pequeño piso de 60 metros cuadrados en una coqueta urbanización de Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán o San Bartolomé de Tirajana. No lo usa ni como segunda residencia. De hecho acaba de heredarlo, así que decide ponerlo en alquiler. ¿En alquiler vacacional o residencial? En principio le da igual, incluso tiene cierta predisposición para arrendarlo a alguna persona o familia local. Se asesora, se informa de los precios en que se mueve el mercado inmobiliario en un municipio turístico y entonces se da cuenta de que tiene dos opciones: alquilarlo en la modalidad de larga estancia por 700 euros al mes o sacarle alrededor de 910 euros mensuales si lo arrienda a alguno o algunos de los miles de turistas que cada día visitan cualquiera de los cinco municipios mencionados. Para arañar esos 910 euros solo necesita que el piso esté ocupado al menos 20 días al mes, algo que no parece difícil de conseguir en prácticamente ninguna localidad de una región que cada año visitan 16 millones de personas, y menos aún en las citadas cinco. ¿Qué haría usted? ¿Alquilaría ese inmueble ocioso por 700 euros mensuales, 8.400 anuales, o por 910 euros al mes, 10.920 al año?

Tal vez sea usted parte de la población que renunciaría a ese 30% más de ingresos del arrendamiento turístico en comparación con el de larga estancia. Ese 30% es el extra que les ofrecen a los caseros las empresas dedicadas a la gestión de alquileres vacacionales, que se encargan de todo lo relacionado con la explotación turística del inmueble –la programación de las estancias, los cobros y los pagos, la relación con la comunidad de propietarios, la limpieza...– a cambio de quedarse con una parte de la renta. En cualquier caso, resulta difícil de creer que sea una parte mayoritaria de la sociedad la que esté dispuesta a ingresar un 30% menos de lo que podría con solo cambiar la clientela. Basta con ver el continuo trasvase de casas y pisos del mercado residencial al vacacional para cerciorarse de que los propietarios de inmuebles, lo que por otra parte es lícito de todo punto, han tratado de maximizar los ingresos que les reportan sus viviendas. Y es precisamente esta lógica la que subyace en la advertencia de los expertos ante la vorágine de normativas de todo ámbito –nacionales, autonómicas y locales– con que se pretende restringir, reducir o desincentivar el negocio del arrendamiento turístico: «No pueden ponérsele puertas al campo».

Una opinión que comparte el delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín, que recuerda cómo todos los intentos legislativos que han venido haciéndose en los últimos años para controlar los precios de los alquileres, promover la oferta de inmuebles en arrendamiento ordinario y/o controlar el fenómeno de la vivienda vacacional no han servido para nada, o al menos no han servido para alcanzar los objetivos que se fijaron.

Para empezar porque por más que el alquiler turístico pueda haber contribuido a agravar la falta de pisos y casas en oferta ordinaria o de larga estancia, no es ni el origen ni el factor fundamental que explica la carestía de la vivienda que padecen los isleños. La razón primera es la combinación del largo período que la Administración pública se durmió en los laureles y descuidó la política de vivienda, hasta el punto de que hubo años recientes en los que no se levantó ni un solo piso o casa de promoción pública, con una población que no ha dejado de crecer ni en los períodos más duros de crisis económica.

El representante de la APEI explica, en línea con lo que firmas de gestión como Anfitrioners ofrecen a los propietarios de inmuebles en alquiler vacacional, que el rendimiento de esta modalidad de arrendamiento frente a la de larga estancia es un 30% superior. Siempre, puntualiza Martín, que el inmueble tenga una ocupación media mensual de entre 20 y 22 días, lo cual será más fácil en las regiones más turísticas, como Canarias, y, dentro de estas, en los municipios, localidades y zonas más concurridas de visitantes, como pueden ser los sures de Tenerife y Gran Canaria o la práctica totalidad de las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Desde la plataforma Anfitrioners aseguran que en la actualidad, «incluso en el peor de los casos», consiguen que el alquiler vacacional «sea sobre un 30% más neto que el alquiler tradicional».

En términos cuantitativos, ese 30% de rendimiento extra –que en casos puede llegar a ser superior y hasta muy superior– supone que quien alquila su propiedad en la modalidad residencial por 500 euros mensuales podría llegar a sacar 150 euros más arrendándola a turistas. O que quien la tiene en el mercado ordinario por 750 euros al mes pase a ingresar 225 más; o, en definitiva, que el que tiene su segunda vivienda por mil euros mensuales le saque 1.300. Por eso Martín insiste en que «no pueden ponérsele puertas al campo» y en que las medidas que intervienen o limitan el mercado o el uso de la propiedad acaban por ser abono para la economía sumergida.

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