Canarias pone la luz corta para ahorrar 3 millones anuales en las carreteras

El recorte previsto en el consumo de energía eléctrica equivale al que realizan 6.700 hogares

Se evitará la emisión de 13.000 toneladas de dióxido de carbono

Túnel de San José, en el Cono Sur de la capital grancanaria.

Túnel de San José, en el Cono Sur de la capital grancanaria. / QUIQUE CURBELO

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

«Los problemas de movilidad no se solucionan construyendo carreteras, sino usándolas mejor». Con esta sentencia, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, resumió ayer el espíritu de la Estrategia verde en materia de infraestructura viaria que este departamento encargó al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y acaba de ver la luz. Entre otras medidas contenidas en el documento, se incluye el cambio de la actual iluminación de carreteras y túneles para ahorrar hasta tres millones de euros cada año.

Colocando leds donde hoy hay luminarias «de vapor de sodio o vapor de mercurio», podrá rebajarse el actual consumo de 28 gigavatios hora anuales –15,5 a cielo abierto y 12,5 en túneles– hasta los 4,6 gigavatios hora. Una reducción del 80% del consumo de energía, equivalente al que suman 6.700 hogares de las Islas.

A esas medidas principales se suman otras –hasta un total de 40– entre las que destaca la telegestión. Por ejemplo, detalló la directora general autonómica de Infraestructura Viaria, Rosa Ana Melián, utilizando la «telegestión».

Llegará la telegestión, que permitirá atenuar las luces cuando no haya vehículos

La posibilidad de variar las condiciones lumínicas a distancia incluye la utilización de «sensores de presencia», continuó Melián, que permiten «atenuar el alumbrado», y aminorar el consumo cuando, por la noche, por ejemplo, no pasa ningún vehículo.

La instalación de estos «sistemas de detección de presencia y atenuación del alumbrado», siempre contando con que se adopta la tecnología led, propiciarán un ahorro máximo de 0,2 millones de euros en el presupuesto. La estrategia elaborada por el ITC bebe de la máxima de que la energía más limpia y barata es la que no se necesita, y por otro, de la necesidad de sumar para la transición energética.

600.000 toneladas de CO2

Otra razón para apuntarse a la telegestión la demuestra la cantidad de toneladas de dióxido de carbono (CO2) que dejarán de lanzarse a la atmósfera cada año y que en este caso alcanzan las 863. Sumando estas a las que se evitan en túneles y carreteras, se alcanzarán un total de 12.819 toneladas anuales. Y esa cantidad equivale a la que son capaces de absorber casi 600.000 árboles (597.800).

Evidentemente, acometer estas acciones conlleva una inversión. Plenamente justificada por la necesidad de caminar en pos de la descarbonización que el Archipiélago se ha propuesto para 2040 y por el ahorro que propicia el cambio de paradigma en el alumbrado. El periodo de amortización de esas actuaciones es de tan solo cinco años.

Cambiar el alumbrado cuesta 23,9 millones, que se amortizarán en solo cinco años

La sustitución del de las carreteras costará a las arcas públicas 6,3 millones de euros, la misma cantidad que hacer lo mismo con el de los túneles. En cuanto a la implantación de las medidas para la telegestión del servicio, la factura se eleva hasta los 7,7 millones.

Renovables

En total son 23,9 millones de euros que se irán imputando a diversos ejercicios presupuestarios hasta tener en 2040 todas las medidas a pleno rendimiento. A esa cantidad se suman 15,8 millones de euros para mejoras en mantenimiento y modernización, tales como el aprovechamiento de áreas anejas al asfalto para la colocación de placas fotovoltaicas.

Otros 10,6 millones se destinarán a la renovación de la flota de vehículos públicos sustituyendo los actuales por otros sin motores de combustión, y 9,3 millones más, para «medidas indirectas y complementarias». La suma total asciende a 59,6 millones de euros.

La renovación del parque móvil público costará 10,6 millones de euros

También trabaja en el proyecto la directora general de Transportes de Canarias, María Fernández, quien incidió en la «primera ley de movilidad sostenible de Canarias», que se prepara en la presente legislatura. «Tenemos que contar con un participación ciudadana muy activa, tiene que servir a los ciudadanos», avanzó. 

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