El Constitucional abre un resquicio para salvar del derribo el Hotel Oliva Beach

El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el conflicto de competencia interpuesto por la Comunidad Autónoma contra la Administración estatal en su intento de salvar del derribo el Hotel Oliva Beach, ubicado en las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura, y que ocupa una zona de dominio público. El Boletín Oficial de Canarias publicó este martes el acuerdo alcanzado por el pleno del TC el pasado día 2, con el que da curso a la solicitud de los servicios jurídicos del Gobierno regional y abre así, de manera digamos oficial, un nuevo conflicto competencial entre el Estado y la comunidad. La vía del Constitucional es el recurso que le queda al Ejecutivo autonómico para evitar la demolición del hotel y los apartamentos anejos del mismo nombre, que disfrutan o disfrutaban de una concesión para ocupar el espacio público que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, considera caducada.

Hay que recordar que en la controversia sobre el Oliva Beach subyace una cuestión jurídica y política de mayor alcance: ¿qué Administración es la responsable de la ordenación del litoral isleño? ¿La regional o la estatal, Canarias o Madrid? En el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo tienen claro que esta es una competencia propia. De hecho, el mismo Estatuto de Autonomía, en su artículo 157, explicita que «corresponde a Canarias, en materia de ordenación del litoral […], la competencia exclusiva». Esto, sin embargo, no fue óbice para que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio liderado por Ribera, dictase el 27 de febrero de este año una resolución que declara la caducidad de la concesión, es decir, del permiso, que desde 2003 le confiere al Oliva Beach el derecho de ocupar el suelo público en que se ubica. Y la caducidad de la concesión conlleva, claro, el derribo de los inmuebles, y con ello la desaparición de los puestos de trabajo que se mantienen gracias al hotel y los apartamentos.

El fracaso de la comisión bilateral y el silencio del Consejo de Ministros fuerzan la vía del TC

Las repercusiones económicas y sobre todo laborales del eventual derrumbe del Oliva Beach, que gestiona la mallorquina Riu Hotels & Resorts, no solo han unido a la patronal y los sindicatos en contra de la decisión del Ministerio, sino que el propio Clavijo la ha calificado, sin ambages, de «desproporcionada». Por eso el Gobierno de Canarias pretende que el conflicto de competencias –que como su propio nombre indica se interpone con el objetivo de que el TC aclare a qué Administración le corresponde decidir sobre esta o aquella otra política pública, en este caso la ordenación del litoral– no solo sirva para tumbar la resolución del Ministerio y salvar el Oliva Beach de la quema, sino también para que los magistrados del Constitucional dejen claro, en virtud del Estatuto de Autonomía, que la competencia de Canarias en su litoral es plena. Aquí radica el conflicto, porque en sentido contrario, los servicios jurídicos de la Administración del Estado entienden que con independencia del artículo 157 del Estatuto, el Gobierno central conserva la potestad para dictar resoluciones como la de caducidad del Oliva Beach.

Riu califica la decisión de derruir el hotel, ubicado en las Dunas de Corralejo, de «arbitraria»

El traspaso de la competencia se materializó el 1 de enero de 2023, pero no así el de todos los expedientes –incluido el del Oliva Beach–, ya que en el Ministerio entienden que las llamadas «concesiones compensatorias» siguen estando en el ámbito estatal. Una dualidad de facto que el Gobierno de Canarias entiende que, de iure, resulta improcedente. El caso es que los acercamientos entre ambos Ejecutivos han sido infructuosos –el Consejo de Ministros no atendió el requerimiento de la Comunidad Autónoma y la comisión bilateral celebrada días antes, el pasado abril, tampoco sirvió de nada–, con lo que la solución queda en manos del TC.

La decisión que el Ministerio tomó el 27 de febrero se fundamenta, según explicaron en su día desde el Departamento de Estado, en los «incumplimientos reiterados de la empresa Geafond», que es la sociedad anónima a la que en 2003 se le dio el permiso para la ocupación y el aprovechamiento de los terrenos. Entre esos incumplimientos están o estarían la ejecución de obras no permitidas, usos del suelo que tampoco están permitidos y la vulneración de la obligación de destinar parte de la superficie concedida para utilidad pública. Desde Riu, en cambio, tachan la decisión de derruir el hotel de «arbitraria y sin fundamento». Es más, en la hotelera están convencidos de que el Ministerio ha tratado de «forzar» la caducidad de la concesión con una estrategia «hostil» contra un establecimiento que, aseguran, «ha desarrollado su actividad en plena situación de legalidad y con pleno respeto a la normativa».

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