Los inversores de renovables repudian la obligación de compartir su negocio

La obligación de que los nuevos proyectos de energía renovable en tierra de más de 2 megavatios de potencia que se instalen en las Islas reserven un 20% a la participación local –privada o pública– no ha sentado bien entre los inversores. Es una de las premisas contenidas en el decreto impulsado por el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, que modifica la Ley de Cambio Climático de Canarias. 

El consejero ya explicó en el momento de presentar el decreto el objetivo que persigue: «Abrir la posibilidad a que esa riqueza se quede en esta tierra». De ese modo intenta dar respuesta a la contestación social, cada vez más intensa, contra la colocación de nuevos parques eólicos y plantas fotovoltaicas. En resumen, el paisaje canario es el que soporta esas infraestructuras mientras el beneficio va para las multinacionales del sector de la energía.

"Queremos abrir la posibilidad a que esa riqueza se quede en esta tierra"

Mariano Hernández Zapata

— Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

El Gobierno canario se dio tres meses para regular esa participación, que no es obligatoria. Se otorgará un plazo para que se manifiesten quienes estén interesados en sumarse a la iniciativa y transcurrido este sin que aparezcan socios locales, la empresa propietaria tendrá las manos libres para seguir adelante.

Las cuentas no les salen a los promotores, que advierten de que, en plena carrera por la descarbonización, serán muchos los proyectos que decaerán. Toman como ejemplo lo ocurrido el pasado mes de marzo, en el que la energía no se retribuyó en España al darse las condiciones meteorológicas que permitieron generar electricidad con las tecnologías más baratas. Añaden a ello los vertidos, o paradas obligatorias, de los aerogeneradores ante la ausencia de infraestructuras para el almacenamiento de los excedentes, que no se les remuneran.

Borrador entregado

Zapata, por su parte, entiende que todo ello no será un problema que hará encallar al decreto, ideado para agilizar la implantación de energías limpias. Hace unas semanas entregó a los empresarios del sector un borrador para que lo analizaran e hicieran las aportaciones que estimaran oportunas. «Nos seguiremos reuniendo hasta que todos nos sintamos cómodos con la regulación que planteamos», afirma.

Mientras, fuentes de las energéticas se sorprenden por que sea el PP –Zapata es uno de los consejeros que este partido aporta al pacto de gobierno con CC– el partido que regule de este modo. «¿Qué será lo próximo? ¿Los hoteles? ¿Obligarán también a guardar un porcentaje para la participación local en cada uno nuevo que se construya?», explican fuentes de las empresas concernidas.

"Nos seguiremos reuniendo hasta que todos nos sintamos cómodos con la regulación que planteamos"

Mariano Hernández Zapata

— Consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias

Por contra, Mariano Hernández Zapata sostiene que no han sido pocas las compañías que se han acercado a él y su equipo para trasladarles que se trata de una «medida muy positiva». En ningún caso se plantea variar el rumbo, está convencido de que será este fomento de la participación local lo que hará cambiar la percepción social, últimamente más negativa por la afección al paisaje de la proliferación de renovables.

Seguridad jurídica

Las fuentes empresariales se preguntan, además, cómo afectará a la seguridad jurídica del proyecto que entre en el capital social un ayuntamiento al que después tendrán que pedir una licencia de obra o un cabildo al que más tarde demandarán el interés público social que acelera la instalación de aerogeneradores o placas.

Zapata defiende que esta es la manera de revertir la oposición social a la instalación de eólica y fotovoltaica

Además, ironizan sobre la posibilidad de que ocurra en sentido contrario. Es decir, si ellos podrán participar con un 20% en los proyectos promovidos por una administración local. En ese caso, estaría garantizado que la riqueza generada se quedará en el Archipiélago, pero entienden que sería un agujero legal que consagraría una desigualdad con visos de terminar en los tribunales.

«Servirá para involucrar a ciudadanía y administraciones», insiste Zapata. Eso significaría impulsar la reducción de la contaminación en islas que hasta hoy obstaculizan las renovables.

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