Los promotores descartan llegar al objetivo para la eólica marina

La Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar marca como objetivo que España tenga operativos entre 1 y 3 gigavatios de potencia eólica marina. Un hito que el sector considera ya de imposible cumplimiento. En febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sacó a información pública el decreto que regulará esta tecnología. Pendiente aún de aprobación, es la base sobre la que se construirá el primer proceso de adjudicación de potencia, que tiene previsto como escenario para su desarrollo el Sureste de Gran Canaria.

El retraso es evidente. El informe para 2004 del GOWR (Global Offshore Wind Report) estima que en el año 2030 habrá instalados 187,9 gigavatios de potencia eólica marina en todo el mundo. China aparece como principal actor para alcanzar dicha cifra, seguida a distancia por Reino Unido. España no aparece en la lista de los quince estados con mayor protagonismo en la que sí se incluyen países con evidente menor cantidad de recursos (viento y litoral) como Polonia o, incluso, Bélgica.

La situación política tampoco anima a pensar en que se pueda producir un acelerón

La situación política tampoco anima a pensar en que se pueda producir un acelerón. Con el PP volcado en forzar un adelantamiento electoral y un Gobierno que descansa en socios que, en casos, están más interesados en defender intereses más cercanos, la convalidación del decreto que firme el Consejo de Ministros tiene comprometida su consolidación.

Los últimos ejemplos hacia los que mirar son la negativa de los populares a desbloquear la acumulación en Canarias de menores migrantes no acompañados o el rechazo de Junts al techo de gasto propuesto por el Ejecutivo y que debe dar paso a la confección de unos presupuestos que ya están prorrogados desde el año pasado. 

Si la situación de seres humanos objetivamente vulnerables, por un lado, o los daños que pueden causarse a la economía, las empresas y el empleo, por otro, no son razones suficientes para rebajar el suflé, ¿qué confianza puede otorgarse a que la descarbonización –y la diversificación económica– no sea víctima de nuevas peleas políticas cortoplacistas?

¿Se queda Ribera?

Hay más, la titular del Miteco, Teresa Ribera, fue cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas celebradas el pasado 9 de junio. No ha recogido su acta de europarlamentaria, lo que acerca la posibilidad de que permanezca al frente del ministerio. Sin embargo, hasta el próximo diciembre hay tiempo para conformar la nueva Comisión Europea (CE) –el Gobierno de Europa– y su nombre está en las quinielas para hacerse cargo de la política energética. 

La presidenta de la CE, de nuevo Ursula von der Leyen, ha dado hasta el final de agosto para que los estados miembros presenten a sus candidatos a comisarios. Nadie en el sector sabe en qué medida esas conversaciones que se desarrollan en voz baja en Bruselas afectan al calendario para la implantación de la eólica marina. Sí coinciden en afirmar que un horizonte despejado de otras aspiraciones sería un escenario más propicio para avanzar con rapidez.

La relación entre lo uno y lo otro está por determinarse. La ministra Ribera tiene, al margen de los obstáculos políticos, las manos libres para impulsar el decreto desde que estime oportuno. Es decir, su aprobación podría ser inmediata y, además, fichar antes de que termine el año por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen.

Ejemplos de que la maquinaria ministerial se mantiene en funcionamiento hay en Canarias. Ya después de las europeas, el Miteco convocó el largamente esperado –once años– concurso para la sustitución de los grupos térmicos de generación eléctrica cuya obsolescencia mantiene a las Islas continuamente al borde de indeseadas incidencias en el suministro.

La mira, en Gran Canaria

El desarrollo de la tecnología eólica marina tiene la mira puesta en Gran Canaria. No hay nada escrito, repiten una y otra vez responsables de varios de la veintena de proyectos que ya han manifestado su intención de presentarse al proceso de concurrencia que está por venir. Tan cierto que nadie lo ha rubricado como que en el Miteco nunca han ocultado que el litoral del sureste de la Isla –nunca a una distancia menor de seis kilómetros de la línea de costa– es el lugar ideal para iniciar la carrera.

La estimación es que este primer proceso acabe por adjudicar entre 200 y 300 megavatios de potencia eólica, muy lejos de los 1.000 –1 gigavatio– que se pretenden tener operativos dentro de cinco años y medio. Además, el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec 2021-2030) opta por la parte superior de la horquilla contemplada en la hoja de ruta.

Habrá un diálogo público-privado antes de que se publique el proceso de licitación

Más difícil todavía. Si complicado estaba alcanzar 1 gigavatio, ahora son 3, pero el optimismo no parece ser un problema. Es más, con el calendario en la mano, los tiempos para el primer parque aún pueden cumplirse; solo en la teoría, según los promotores. El Miteco ya tiene cerradas la audiencia pública para el real decreto de la eólica marina y las consultas públicas sobre las modificaciones del reglamento de costas y el Régimen Económico sobre Energías Renovables. Este último definirá la retribución que percibirán los parques instalados en aguas españolas.

Antes de que finalice el año, el Consejo de Ministros habrá de aprobar esas tres normas, cosa que podría hacer en cualquier momento. A partir de entonces, podrá abrir la audiencia pública sobre la orden ministerial que especificará las normas que regirán para el concurso que repartirá en aguas de Canarias la primera potencia eólica marina de España.

Diálogo público-privado

Antes de que la Secretaría de Estado de Energía publique la convocatoria, está previsto acometer una fase de diálogo público-privado. Es decir, las empresas del sector serán escuchadas para que el concurso esté completamente despejado de problemas tales como exigencias de difícil o imposible cumplimiento. Después, sí, en el cuarto trimestre de este mismo año podría llegar la licitación y los promotores diseñar sus estrategias para participar con garantías en el proceso de concurrencia.

Se estima un plazo de unos nueve meses hasta conocer el nombre del proyecto adjudicatario. A partir de ese momento, se inicia toda la tramitación que habrá de terminar con la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la consiguiente autorización administrativa previa. Los proyectos más avanzados ya se han interesado por todos los trámites que habrán de cubrir y han podido avanzar algunos, pero no tardarán menos de tres años en completar el camino que les conduzca a la autorización administrativa final.

En el mejor caso, a final de 2030 España tendría 0,3 gigavatios de los 3 a los que aspira

Luego, en caso de conseguir la financiación necesaria, cuestión que entienden no será un problema, tardarán entre tres y cuatro años más entre el inicio de la construcción del parque y su entrada en funcionamiento. Es decir, desde la convocatoria del concurso hasta que las palas de los aerogeneradores se muevan transcurrirán seis años en un escenario optimista. En el mejor de los casos al final de 2030 España tendría instalados 300 megavatios de los 3.000 a los que asegura aspirar.

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