Accidentes y enfermedades llevan a máximos las pensiones por incapacidad en Canarias

El número de personas que perciben en Canarias la pensión contributiva por incapacidad permanente se ha disparado durante el último año. Hoy hay en el Archipiélago –con datos de la Seguridad Social del mes pasado, los últimos disponibles– un total de 54.329 beneficiarios de este tipo de paga, que es la que el Estado abona a quienes sufren un accidente o una enfermedad que les impide o limita el trabajo para siempre. Son el máximo histórico. Con todo, lo que más llama la atención no es tanto este récord, que bien podría explicarse por que nunca ha habido tantas personas trabajando en las Islas –más empleados, como es lógico, son más potenciales accidentados o enfermos–, como el hecho de que el incremento de las pensiones por incapacidad permanente es muy superior al de los afiliados.

Hace un año había en la región 50.405 perceptores de pagas contributivas por baja o limitación laboral permanente. Desde entonces se han sumado a la nómina otros 3.924 beneficiarios, con lo que el aumento es de un 7,8%. En toda España, donde hay 969.706 personas que cobran esta pensión –es también el máximo histórico–, el incremento interanual, ya de por sí considerable, es de un 2,9%, de modo que el número de trabajadores y extrabajadores que reciben esta ayuda crece en la Comunidad Autónoma casi tres veces más que en el conjunto del Estado. Y tres cuartos de lo mismo se observa al echar un vistazo por el retrovisor.

2019, el último año antes de los cambios impuestos por la covid, la crisis de precios, la invasión rusa de Ucrania y todos los demás factores que han puesto en jaque las economías occidentales, los canarios que percibían la pensión por incapacidad permanente eran 44.597 –la cifra es la registrada al cierre de 2019–. Así que esta cantidad ha crecido desde entonces, hasta los 54.329 beneficiarios actuales, la friolera de un 21,8%. En el mismo período, es decir, en los últimos cinco años, la subida en todo el país ha sido muy inferior, de tan solo un 1,6%.

En definitiva, la nómina de quienes por accidente o enfermedad se ven incapacitados o limitados para el trabajo, y pasan así a cobrar la correspondiente pensión contributiva –hay que recordar que para poder beneficiarse de este tipo de prestación hay que haber cotizado un mínimo de años, ya que de lo contrario solo se puede aspirar a la pensión no contributiva, de menor cuantía–, viene creciendo en todo el país, más si cabe en el último año, pero es que en el Archipiélago lo ha hecho con mucha más intensidad. Muchísima más.

Lo cierto es que el mercado laboral isleño se mueve en registros históricos en distintas variables desde que finalizara la crisis de la covid y la fiebre turística pospandemia se propagase por Europa. De hecho, las cifras de afiliados y de ocupados –los que contabiliza el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de población activa– llevan en máximos, con leves oscilaciones según el mes o trimestre, desde entonces. Sin embargo, no es esta la razón del extraordinario aumento de las pensiones por incapacidad permanente, que, por lo tanto, no se explica por el hecho de que una mayor cantidad de trabajadores siempre conlleva un mayor número de bajas por más que las ratios de accidentes y enfermedades –laborales o no– se mantengan inalteradas. Los datos lo corroboran.

En el último año, los afiliados a la Seguridad Social se han incrementado en la región, hasta los actuales 906.376, un 3,4%, mientras que los perceptores de pensiones contributivas por incapacidad permanente lo han hecho el susodicho 7,8%, más del doble. Y desde 2019, la nómina de trabajadores de alta en la Seguridad Social ha crecido en Canarias un 9,5%, frente a ese 21,8% que lo ha hecho el número de beneficiarios de pagas por incapacidad permanente.

La razón de tan notable alza no es la mera correlación entre trabajadores y bajas laborales, ya que estas últimas aumentan mucho más. Detrás hay diversos factores, muchos de los cuales también explican el no menos sensible incremento de las bajas por incapacidad temporal, que en casos devienen en incapacidad permanente. Ahí están la mayor prevalencia de las enfermedades mentales, el envejecimiento de los trabajadores e incluso el papel de la Administración, ya que tras 18 meses en incapacidad temporal debe evaluarse si esta se prorroga, si la persona pasa a la incapacidad permanente o si, por el contrario, recibe el alta.

Suscríbete para seguir leyendo