Los pisos turísticos tampoco quieren el nuevo borrador de la ley: «es una purga»

A la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) tampoco le satisface, ni muchísimo menos, el último borrador del anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda, que el Gobierno regional dio a conocer la semana pasada. En medio de una crisis inmobiliaria sin precedentes, que es resultado de una escasísima oferta de casas de la que las viviendas turísticas o vacacionales no son el origen pero sí un agravante, el Ejecutivo autonómico tiene entre sus grandes misiones de legislatura la aprobación de un marco legal que, de una vez por todas, ordene y acote una actividad tan controvertida como rentable.

Sin embargo, la obligación del Gobierno de Canarias choca de frente con los intereses de un sector que aspira a mantener el actual estado de las cosas, su «statu quo». De ponerse en práctica la ley en sus actuales términos -sostiene la Ascav-, alrededor del 90% de las casas o pisos turísticos no podría seguir con esta actividad, esto es, nueve de cada diez. Volverían así al mercado original de estos inmuebles, el único antes de la irrupción de Airbnb y similares: el de la vivienda en sentido estricto.

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Comunicado de las Ascav

En un contundente comunicado en el que se emplean términos como «infamia», «purga» o «exterminio», la Ascav negó ayer que la Consejería de Turismo pretenda con este borrador «mantener el statu quo» de quienes ya están en este negocio, ni siquiera en el caso de los pequeños propietarios. Al contrario, la intención del Ejecutivo, afirma la asociación, es «erradicarlos». ¿La razón? Que el Gobierno excluye de los potenciales beneficiarios de la consolidación del uso turístico de su casa o piso a aquellos pequeños rentistas que no explotan de forma directa su inmueble o inmuebles.

La mayoría de inmuebles les renta tanto a sus dueños como a las empresas intermediarias

El caso es que el negocio de alquilarle la vivienda al turista tiene también sus intermediarios, entre los que se encuentran las llamadas empresas gestoras, esas que a cambio de una pequeña parte de los dineros que pagan los visitantes -muchas pequeñas partes son muchos beneficios- se encargan de todo. «Mientras nosotros nos encargamos de las reservas, la asistencia a los huéspedes y otras prácticas, usted puede supervisar fácilmente su alquiler desde el portal del propietario», se explica en el sitio web de una de estas firmas. Pues bien, el caso es que la mayoría de los pequeños rentistas-turísticos de la región tiene cedida la explotación de su propiedad a alguna de estas empresas, y a estos el Ejecutivo los deja fuera de la consolidación de la actividad. Y es que el piso en cuestión ya no le está rentando solo a su pequeño dueño, sino también a un negocio con todas las letras.

Sea como sea, la Ascav avisa que ni siquiera la consolidación en favor de quienes explotan de forma directa su inmueble es en realidad tal cosa. «Tendrán que pasar un nuevo examen aportando más documentación y sometiéndose a un control por parte del Ayuntamiento y del Cabildo, que deberán dar el sí vinculante», reza el comunicado.

La ‘patronal’ Ascav denuncia que la consolidación del uso turístico exige un «nuevo examen»

Además, la Ascav denuncia que los apartamentos, bungalós y similares están excluidos de la posibilidad de la consolidación y que aquellos propietarios que consigan mantenerse en la actividad «no podrán traspasar su vivienda vacacional ni siquiera a sus hijos o descendientes en caso de fallecimiento» -en realidad sí se traspasarían todos los derechos sobre el inmueble, pero no para que siga alquilándose a turistas-.