Madrid exige al Gobierno canario que declare ya las zonas tensionadas para frenar el precio de la vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), lanzó este viernes un llamamiento urgente a los gobiernos autonómicos y, en especial, al de Canarias, para que declaren ya las zonas tensionadas, con el fin de que se pueda intervenir en el precio de la vivienda y frenar los alquileres vacacionales. Puso como ejemplo a Cataluña, la única comunidad autónoma que ha declarado zonas tensionadas de manera efectiva, lo que ha permitido reducir los precios de la vivienda en un 3%, enfatizó.

Esta acción ha beneficiado a municipios donde reside el 80% de la población catalana, demostrando la efectividad de la intervención pública en el mercado del alquiler, subrayó. Por ello, Bustinduy pidió que los gobiernos autonómicos sigan el ejemplo catalán y utilicen las herramientas que ya tienen a su disposición para intervenir en el mercado.

“La ley de Vivienda permite que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas y establezcan controles sobre el precio del alquiler. Si no lo hacen, es porque no quieren”, censuró Bustinduy.

La vivienda se ha convertido en “la primera emergencia para las mayorías trabajadoras”, tanto en el resto de España como en las Islas, donde el problema se ha agravado por la turístificación masiva y la especulación inmobiliaria, aseveró en declaraciones a los medios de comunicación, antes de tomar parte de los actos de la 'XVII Cumbre de Cotec Europa', que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.

Bustinduy destacó que el precio de la vivienda ha aumentado más de un 8% solo en el último año, acumulando subidas del 80% en la última década en algunas zonas. “Es una realidad particularmente sangrante en Canarias, que tiene uno de los índices más altos de compra de vivienda por parte de no residentes extranjeros”, enfatizó.

Protocolo para declarar zonas tensionadas, en el aire

El Gobierno de Canarias ha sido claro al respecto. La competencia para declarar zonas tensionadas es de la Comunidad Autónoma, pero han de ser los ayuntamientos los que pidan esta declaración. Para ello, el área de Vivienda, que dirige Pablo Rodríguez, ha elaborado un protocolo, similar al del País Vasco, donde establece los pasos que deben dar los ayuntamientos y las justificaciones e informes que han de aportar para declarar alguna zona tensionada, documentación que se plasma en la propia Ley de Vivienda estatal.

El protocolo fue remitido a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a principios de mayo para su evaluación. El Gobierno canario advirtió a los ayuntamientos que no sirve que remitan una moción de una sesión plenaria para que el Ejecutivo declare zonas tensionadas en sus municipios, sino que deben motivar con memorias justificativas e informes detallados qué áreas quieren que sean tensionadas. Está en juego que se pueda intervenir en el precio de los alquileres y se genere competencia desleal, algo que la propia ley estatal advierte y, por ello, pide una extensa documentación.

Los ayuntamientos que han mostrado interés por ahora son el de Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla y Adeje (Tenerife) y el municipio palmero de Mazo.

Manifestacion 20-A contra el turismo masivo

El ministro recordó que la ciudadanía canaria fue la primera en España al salir masivamente a las calles el pasado 20 de abril para protestar contra "las consecuencias de la turístificación masiva y el impacto que estaba teniendo en el acceso a una vivienda digna para las familias trabajadoras". Este fenómeno, sumado a la proliferación de pisos turísticos ilegales, ha hecho, según el ministro, que la oferta de vivienda para residentes se haya reducido de manera drástica, impulsando los precios al alza.

Bustinduy subrayó la necesidad de abordar el problema de la turístificación mediante una regulación exhaustiva del uso turístico de las viviendas, norma que ya está desarrollando el Gobierno de Canarias.

El ministro, que convocó a los medios de comunicación para dar unas breves declaraciones, no lleva las políticas de vivienda, sino su compañera en el Consejo de Ministros, la socialista Isabel Rodríguez. En cualquier caso, Bustinduy vino a reiterar las propuestas de Sumar en cuanto a la vivienda, que ya adelantó la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, el pasado lunes para negociar con el PSOE el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.

Prohibir la compra de viviendas

Entre las propuestas de Sumar está "prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas, en aquellas zonas donde los precios están descontrolados y desbocados para un uso que sea diferente al residencial, al uso habitual o al alquiler asequible. Esto es una realidad particularmente sangrante en Canarias que tiene uno de los índices más altos de compra de vivienda, por ejemplo, de no residentes extranjeros", insistió Bustinduy, en la misma línea de lo anunciado el lunes por Díaz.

El ministro insistió en que la inacción ante esta emergencia social está permitiendo que los grandes tenedores y especuladores continúen lucrándose de manera “obscena” a la costa de las familias trabajadoras. “Es hora de actuar de manera valiente y decidida”, agregó.

Entre otras propuestas, Bustinduy mencionó la necesidad de movilizar la vivienda vacía, y de imponer medidas fiscales para desincentivar la acumulación de inmuebles sin uso residencial. En Canarias, se estima que existen 211.000 viviendas vacías, muchas de ellas en manos de entidades financieras. Según el ministro, “no es tolerable que tengamos tantas casas vacías mientras miles de personas no puedan acceder a una vivienda digna”, aseveró.

A su juicio, la crisis de vivienda no puede abordarse sin una intervención decidida del sector público, e insistió en reclamar a las administraciones autonómicas y locales para que utilicen los mecanismos a su disposición, declaren las zonas tensionadas, y pongan fin a la especulación inmobiliaria.

Suscríbete para seguir leyendo