El efecto de la Ley de Segunda Oportunidad duplica los concursos de acreedores de particulares

Cada vez son más los canarios que recurren a la llamada Ley de Segunda Oportunidad para liberarse de sus deudas. Los concursos de acreedores protagonizados por personas particulares se han disparado en los últimos años. Este es uno de los pasos previos que deben dar para poder acogerse a este mecanismo legal que busca que particulares, familias, autónomos y pequeños empresarios puedan salir de una situación de endeudamiento logrando una reestructuración de su deuda o su condonación por vía judicial. En Canarias, solo el año pasado se presentaron en los juzgados 2.018 concursos vinculados a personas físicas. Son el doble de los que se presentaron tan solo un año antes y más del triple de los que se produjeron en 2021, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

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La subida de este tipo de procedimientos ha sido muy importante en los últimos años, pero su despegue se produce sobre todo después de la pandemia. En 2015 –el año en el que se aprobó la Ley 25/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social– apenas siete personas que no estaban vinculadas con ninguna actividad empresarial presentaron un concurso en el Archipiélago. El incremento es impresionante y va a más. En el primer trimestre de este año ya se presentaron un 19% más que en las mismas fechas de 2023. 

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«Para poder acogerte a la ley es necesario presentar un concurso voluntario de acreedores y por eso este último año han aumentado muchísimo en toda España», explica María Isabel Miranda, abogada mercantil experta en la Ley de Segunda Oportunidad. Ella considera que este incremento está motivado por el mayor conocimiento que la ciudadanía va teniendo acerca de este mecanismo legal. «Sobre todo gracias a divulgadores que como yo dan visibilidad en las redes sociales», apunta. 

Crisis financiera

En uno de sus últimos casos, la justicia exoneró a un matrimonio canario de una deuda de 915.000 euros, que arrastraban desde los años de la burbuja inmobiliaria. Él era promotor y constructor y ella trabajaba en una empresa de retail. Juntos avalaron de forma personal créditos bancarios por importes muy elevados vinculados a esta actividad empresarial. Pero el estallido de la crisis financiera provocó la quiebra de la compañía y ellos no pudieron hacer frente a la deuda. Ahora no tendrán que pagarla al haberse acogido a la Ley de Segunda Oportunidad. 

Antes de 2015 las personas físicas también tenían la posibilidad de presentar un concurso, pero conseguir una exoneración de las deudas era muy complicado. La ley dotó a los procedimientos de mayor facilidad y agilidad, lo que ha ayudado a que se hayan ido extendiendo. Tiempo después, la reforma de la Ley Concursal, de la que este 26 de septiembre se cumplen dos años, añadió todavía mayor facilidad a estos procesos al permitir que se convirtieran en los llamados «concursos exprés», en los que el deudor no tiene que abrir una fase de liquidación ni de calificación y se puede prescindir de la figura del administrador concursal. Algo que ha contribuido a que haya habido una auténtica explosión en el número de casos en todo el país. 

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Deudas millonarias

La Ley de Segunda Oportunidad permite que sean perdonadas deudas millonarias, siempre y cuando los afectados cumplan una serie de requisitos. Entre ellos está haber actuado de buena fe y no haber cometido delitos económicos. Una modificación reciente prescinde de la mediación que hasta ahora se exigía como paso previo para poder acogerse a la condonación y apremia a los juzgados para concluir este tipo de procedimientos antes. Hasta la aprobación de esta norma solo las empresas contaban con un recurso legal para declararse en quiebra y pedir la exoneración en caso de que estuvieran en situación de insolvencia. Sin embargo, particulares y autónomos no tenían ningún mecanismo para hacerlo y se veían condenados a arrastrar esa deuda durante toda su vida, incluidos en listados de morosos, sin poder pedir nuevamente financiación y sin tener la posibilidad de utilizar tarjetas de crédito. 

Sin embargo, el Consejo General de Economistas de España alertó este verano acerca de los desequilibrios que puede estar produciendo este mecanismo entre los acreedores privados y los públicos. Ya que mientras las deudas privadas pueden exonerarse hasta en un 100%, en el caso de aquellas que se hayan contraído con la Seguridad Social o Hacienda solo podrán reducirse en 20.000 euros.

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