Las alegaciones al decreto del plátano reconfirman la división del sector

El viernes finalizó el plazo de exposición pública del decreto que prepara el Gobierno canario para el sector platanero. En la Consejería de Agricultura trabajan para ordenar y visar los centenares de alegaciones recibidas, que escenifican la división entre productores que se ha larvado durante meses y se ha concretado el pasado verano con la aprobación de una proposición no de ley (PNL) que cambia el panorama en cuestiones clave como el tope a las subvenciones europeas recibidas (Posei) o el plazo mínimo de actividad exigido antes de acceder al registro de productores con derecho a ayuda.

Las organizaciones que, grosso modo, abogan por no hacer grandes cambios en el funcionamiento actual de las ayudas han sido las más participativas. Básicamente, los preceptos defendidos por este grupo pueden agruparse en tres: vetar el acceso de las nuevas plantaciones a las ayudas del Posei, limitar estas a las 70 toneladas por hectárea y año, y dejar en los dos años actuales el periodo de revisión de la serie histórica de producción en base a la cual se conceden las ayudas.

El decreto defiende limitar las ayudas a las 65 toneladas por hectárea

Si la mayoría de las alegaciones han llegado desde esa parte, es porque la PNL en la que se basa el decreto que se tramita opta por variar el panorama actual, lleva el tope a 65 toneladas y la revisión a tres años. A estas tesis se abonan dos de las grandes organizaciones productoras de plátano (OPP) –Agriten y Coplaca– que forman parte de Asprocan (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias), colectivos como las plataformas Agraria Libre de Canarias (Palca) o Por un Precio Justo del Plátano, y una miríada de pequeños agricultores.

La propia Asprocan ha presentado sus contramedidas con el apoyo de las cuatro OPP restantes que la integran: Cupalma, Plataneros de Canarias, Llanos de Sardina y Europlátano. La organización que preside Domingo Martín «está de acuerdo con el propósito general de impedir aumentos insostenibles de producción que afecten a las ayudas y a la rentabilidad en los mercados». Sin embargo, alerta de que el decreto desincentiva la implementación de mejoras de rendimiento de la superficie o la recuperación de hectáreas para el cultivo por parte de «herederos o arrendadores».

El cisma en Asprocan es evidente

Hasta el pasado mes de julio este bloque es el que mantenía el control del sector. Exhibe además una mayoría que desde la otra orilla se pone en discusión. La mantiene dentro de Asprocan, pero por no mucha ventaja, ya que las díscolas Coplaca y Agriten acumulan cerca del 50% de la producción. Ante esta cercanía del empate, Llanos de Sardina exhibió músculo acompañando sus alegaciones de más de 2.100 firmas de productores y empleados.

«Plataneros de Canarias representa a 776 productores y Europlátano a otros 670», deslizan desde el bando que defiende la continuidad con algunos leves cambios. La última de dichas OPP asegura que un centenar de agricultores se sumaron de manera individual a sus tesis.

Falta de control sobre la superficie y la distribución de ayudas

En el origen del enfrentamiento se sitúan la falta de control sobre la producción y el reparto de las ayudas. La primera de dichas circunstancias provoca, a decir del bloque que impulsa el cambio, que la retirada de fruta (picas o destrucción de plátanos) se extienda a meses en las que antes eran impensables. Domingo Martín sostiene que es el cambio climático el motor de esa situación.

Los «controles sobre las nuevas plantaciones» los menciona el portavoz de la Palca, Sergio Rodríguez, como herramienta clave. De ese modo, se evitaría la incorporación de más superficie de modo irregular camuflándola como un súbito incremento del rendimiento de la hectárea.

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