Canarias padece una tasa de pobreza superior a la de los estados de la UE

La lucha contra la pobreza avanza en Canarias mucho más lento de lo que debería. La comunidad autónoma continúa estando entre las regiones españolas con un mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, pero es que la situación en el Archipiélago es incluso peor que la media que registran los 27 países de la Unión Europea (UE). En este ranking, España tampoco sale muy bien parada. La tasa AROPE –el indicador que mide el índice de pobreza en el territorio comunitario– del conjunto del país en 2023 se situó en el 26,5%, la tercera más alta. Por encima solo están Bulgaria, con un 30%, y Rumanía, con un 32%. Canarias lo supera. El año pasado un 33,8% de su población –748.000 personas– tenían algún tipo de carencia material o una baja intensidad de empleo. Solo hay otra comunidad española con una tasa superior a la de las Islas, Andalucía, donde escala hasta el 37,5%. 

Esta es una de las conclusiones que pueden extraerse del XIV Informe del Estado de la Pobreza: Seguimiento los Indicadores de la Agenda UE 2030, – firmado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)– que fue presentado este lunes en el Senado. La tasa AROPE se ha reducido en Canarias un 12% desde 2015, o lo que es lo mismo 4,6 puntos. Un dato que se traduce en que 58.000 personas han conseguido salir de esa situación de exclusión social. Sin embargo, a pesar de que las Islas eran entonces la tercera región con un porcentaje más alto de su población en situación vulnerable, no es de las regiones donde más se ha reducido. El 12% de Canarias está muy lejos del 22% de Baleares o de Murcia. 

El Archipiélago va además muy por debajo del objetivo comprometido en la Agenda 2030, que establecía que para 2022 las personas en riesgo no deberían sobrepasar las 618.000. Para haberlo logrado, los 58.000 isleños que han salido de su situación de exclusión social deberían haber sido 129.000. 

Canarias tampoco sale bien parada en el indicador de pobreza severa, que agrupa a aquellos que la sufren con mayor intensidad. En este informe se incluye en ella a todos los hogares que perciben menos de 610 euros al mes por persona. En la región son el 9,7% de su población, 215.000 isleños, que la sitúan como la sexta comunidad donde es más alta. Desde 2015, se ha reducido en seis puntos porcentuales y, esta vez sí, el Archipiélago parece haber hecho algo mejor los deberes y se sitúa como una de las que más ha conseguido reconducir la situación. 

Asimismo, el informe alerta de la importante desigualdad entre el norte y el sur del país. La existencia de estas dos Españas hace que las realidades de vida en una u otra comunidad sean muy diferentes. De hecho, las comunidades que se encuentran al norte de Madrid tienen tasas de pobreza o exclusión social que están entre un 0,8 y un 11,5% por debajo de la media nacional y son incluso inferiores a las tasas medias europeas. Las situadas al sur, mantienen tasas extraordinariamente elevadas, entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional. En el caso de Canarias la tasa es 7,3 puntos superior a la del conjunto del país. 

El estudio también pone en evidencia la correlación que existe entre el Producto Interior Bruto (PIB) y las tasas de pobreza, pero destaca que el crecimiento económico no basta para reducirla y que deben entrar en juego otras políticas. De hecho, también valora el papel que tienen las diferentes administraciones públicas, que a través del reparto de sus recursos ayudan a reducir la desigualdad. Si el Estado solo realizara transferencias de jubilación y supervivencia y ningún otro tipo de ayuda, la tasa de pobreza se hubiera incrementado en España desde el 20,2 % hasta el 26,2 %, es decir, seis puntos porcentuales más. En otras palabras, las transferencias sin tomar en cuenta las pensiones, evitan que casi 3 millones de personas entren en la pobreza. 

En el caso de Canarias, las transferencias y ayudas públicas contribuyen a reducir el riesgo de pobreza en un 10,1%, siendo la segunda comunidad, solo por detrás de Extremadura, en el que más la rebajan.