Cuatro de cada diez pensiones están bajo el umbral de la pobreza en Canarias

Llegar al retiro o acabar percibiendo una pensión por algún otro motivo no es para muchos sinónimo de comenzar a disfrutar y sí de empezar a pasar estrecheces económicas. Cuatro de cada diez pensiones que se pagan en Canarias están por debajo del umbral de la pobreza, es decir, que con ella quienes las perciben no pueden sufragar sus necesidades básicas. Son 141.691 de las 353.346 que se abonaban en el Archipiélago al cierre de 2023. Pero existe un dato todavía más demoledor. Un 14,1% de ellas caen incluso en la pobreza severa, personas que ni siquiera renunciando en extremo pueden hacer frente a sus necesidades más indispensables. 

Así lo estima el XIV Informe del Estado de la Pobreza: Seguimiento los Indicadores de la Agenda UE 2030, –firmado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)– que concluye que Canarias no sale demasiado bien parada si se compara la situación con la que se vive en otras comunidades autónomas. Si el Archipiélago está por debajo de la media en lo que respecta a las pensiones en pobreza severa –aunque por apenas dos décimas– el porcentaje de prestaciones bajo el umbral de la pobreza es más elevado: 40,1% en las Islas frente al 36,8% nacional. 

El estudio establece que para considerar que una pensión no es suficiente para hacer frente a los gastos más básicos el beneficiario debe percibir, al menos, 785 euros en 14 pagas. En cambio, los pensionistas que se encuentran en situación de pobreza severa no cobran más de 523 euros al mes. 

El tipo de prestación en el que un mayor porcentaje se encuentra bajo el umbral de la pobreza son las de orfandad. El 80,3% a nivel nacional está por debajo de esa cantidad. En Canarias se abonan 16.553 de ellas, cuyo importe medio es de 450 euros. El 73,3% de las pensiones de favor familiar también están bajo el umbral de la pobreza. Estas son menos numerosas, 2.480 en el Archipiélago, con una cuantía media de 681 euros al mes. La mitad de las pensiones de viudedad, que cobran mayoritariamente mujeres, tampoco tienen un importe suficiente para hacer frente a las necesidades más básicas. En la región se abonan algo más de 82.000 de una media de 801 euros, una cifra que supera por la mínima lo que se considera estar en exclusión social. 

La situación es algo mejor en las pensiones de incapacidad, un 40,1% están por debajo de ese umbral, y las de jubilación, una categoría en la que todavía el 28,9% convierte a quienes las perciben en personas pobres. 

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El informe explica que la tasa de pobreza de los pensionistas depende fundamentalmente de los cambios anuales del umbral de la pobreza, es decir, la subida del coste de la vida cada vez sume a más personas jubiladas o que perciben alguna de estas prestaciones en una situación de vulnerabilidad. De esta manera, entre 2022 y 2023 el umbral de la pobreza se incrementó en 900 euros anuales, por lo que hubo 264.704 pensiones más cuyo importe fue inferior, lo que supone un crecimiento del 2,6% a nivel nacional. Y eso, a pesar de que desde hace unos años su incremento está ligado al Índice de Precios de Consumo (IPC).

Pero el informe también señala que la situación sería todavía peor si estas prestaciones no existieran. Las pensiones «cumplen una importante función reguladora», aclara, no solo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también de quienes viven con ellas, ya que estos ingresos han sido el salvavidas para muchas familias en momentos de crisis. A nivel estatal, si las pensiones de jubilación no existieran la tasa de pobreza de la población hasta los 64 años también se incrementaría en 5,4 puntos, o alcanzaría a 2 millones de personas más. 

En el caso de que no se abonara ningún tipo de ayuda pública, ni siquiera las pensiones, el 42,6% de la población española estaría en riesgo de pobreza. Es decir, estas ayudas evitan que 10,8 millones de ciudadanos se encuentren en esta situación. En el caso de Canarias, sin las pensiones y sin ningún otro tipo de transferencia por parte de las administraciones públicas, la tasa de pobreza alcanzaría al 51% de los habitantes. 

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