Gobierno y propietarios coinciden en rechazar el registro estatal de pisos turísticos

Por poco habitual, resulta extraño que coincidan en algo Gobierno de Canarias y Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav). Sin embargo lo ha conseguido el proyecto de decreto que prepara el Ministerio de Vivienda para exigir un número de matrícula –a obtener en el Registro de la Propiedad– a cada inmueble como condición sine qua non para que las plataformas –Airbnb, Booking o similares– puedan comercializarlos. Aunque por motivos no siempre coincidentes, no gusta ni a unos ni a otros.

En pleno proceso de tramitación de una ley canaria de alquiler vacacional que mantiene a ambos bandos totalmente enfrentados, surge una iniciativa estatal –«del Ministerio de Vivienda», recalcan desde la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias–, que hace coincidir en el rechazo a ambos. Así lo han puesto de manifiesto Ejecutivo autonómico y propietarios de pisos turísticos canarios con sus aportaciones en el trámite de valoración de pertinencia de la idea.

La Ascav, vía patronal CEOE, se ha sumado a las muchas aportaciones –con sentido de alegación aunque aún no toque– presentadas por la organización empresarial. El vicepresidente de la asociación canaria, Javier Valentín, incide de manera especial en el encontronazo del decreto anunciado hace dos semanas por la ministra de Vivienda, Isabel García, con la normativa europea.

«Doble registro»

«No se puede crear un doble registro», explica el también abogado. La decisión de Vivienda responde a la necesidad de adaptar el marco legal español al Reglamento 1028/24 de la UE «sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración». 

El objetivo que subyace es generar una ventanilla única en la solo estarán los inmuebles legales o, lo que es lo mismo, servirá como depuración para dejar fuera de juego a los ilegales. En eso sí coinciden el Gobierno de Canarias y Ascav, ambos rechazan cualquier intento de actividad económica que no cumpla las reglas.

Los países deben garantizar que «una unidad no esté sujeta a más de un procedimiento de registro»

Sin embargo, cuando dicho reglamento enumera las exigencias que deben cumplir los estados miembros, incluye la de garantizar que «una unidad no esté sujeta a más de un procedimiento de registro». Algo que, según destaca Javier Valentín, dejaría de cumplir con la aprobación del real decreto. «Ya estamos registrados en Canarias y ahora nos obligan a entrar en otro estatal», advierte el letrado.

Además, conculca el principio de interoperabilidad entre administraciones. Europa insta a que los diferentes niveles administrativos estén conectados entre sí con el fin de que los ciudadanos disfruten de agilidad cada vez que tengan que afrontar un trámite que implica a, por ejemplo, un ayuntamiento y la comunidad autónoma, o a un cabildo y la Administración central.

Sin coordinación

Así consta en una de las aportaciones realizadas desde Ascav y en otra remitida por Canarias. Desde la Consejería de Turismo, se destaca que la iniciativa del Ministerio de Vivienda –«y no el de Turismo»– «carece de previsión para hacer interoperables los registros estatal y autonómico y poder compartir datos». Una aportación que avanza otra de mayor calado si cabe: «Crea un registro único nacional y no prevé un mecanismo de coordinación con los registros autonómicos cuando la competencia es autonómica», destacan desde el departamento que dirige la consejera Jéssica de León. En definitiva, «usurpa competencias autonómicas», resumen sotto voce.

El registro no prevé estar conectado con el resto de administraciones como exige la UE

Desde el mismo lugar apuntan a otra carencia «esencial: el régimen sancionador a las plataformas» que, desoyendo la norma, den cabida a viviendas vacacionales que no cuenten con el preceptivo número de matrícula que emitirá el Registro de la Propiedad. «De nada sirve», explican desde Turismo, un real decreto que permita «controlar y sancionar a los explotadores de vivienda de uso turístico cuando en contra del reglamento de la UE no prevé ni el procedimiento sancionador ni las sanciones a las plataformas, las deja impunes», subrayan.

 Javier Valentín apunta a la frustrada iniciativa del Gobierno central de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos el pasado septiembre. La oposición de Junts impidió concretar esa intención, lo que habría llevado al Ejecutivo a buscar otra vía –este decreto que prepara– para controlar irregularidades en los alquileres de temporada o pisos de estudiantes...

Desde el 2 de enero

De mantener su intención, el Gobierno central tendrá que darse prisa, ya que será partir del 2 de enero cuando se exigirá la existencia del número de matrícula a los propietarios de pisos turísticos que pretendan comercializarse a través de las plataformas web. Velocidad necesaria en dos ámbitos: el de la tramitación por más que sea un decreto y, sobre todo, para poner a disposición de los propietarios la herramienta informática que les permita cumplir los trámites de forma telemática.

En la Consejería de Turismo estiman que el Gobierno central «usurpa» parte de sus competencias

Más allá de los encontronazos con el ordenamiento jurídico europeo, la puesta en marcha de esta iniciativa deja fuera de juego por completo a quienes no cuenten con una referencia catastral. Se concentran en el ámbito rural y, sobre todo, en las islas verdes. La proliferación de la autoconstrucción en décadas pasadas da respuesta a este fenómeno.

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