Los alcaldes canarios temen un aluvión de reclamaciones por el alquiler turístico

Los alcaldes no están dispuestos a que los ayuntamientos asuman eventuales indemnizaciones por la futura Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas. El texto redactado por los técnicos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias se encuentra en la recta final de su tramitación. Ha superado el preceptivo informe jurídico «sin reparos», precisó este lunes la consejera Jessica de León, y le queda ahora por delante el escrutinio del Consejo Consultivo. Volverá luego al Gobierno para someterse después al trámite parlamentario en la Cámara autonómica. Es ahí, en el Legislativo, donde los alcaldes confían en que se modifique el anteproyecto de ley –ya están en conversaciones con los grupos parlamentarios– y se deje claro que los ayuntamientos en ningún caso serán los paganinis del desorden administrativo en que ha proliferado la vivienda vacacional.

En la Federación Canaria de Municipios, la Fecam –la entidad que armoniza los intereses de los 88 ayuntamientos del Archipiélago–, entienden que la nueva legislación sobre el alquiler turístico, en sus actuales términos, «carga sobre los ayuntamientos toda la responsabilidad» en la materia. Los alcaldes no discuten que las corporaciones locales sean las competentes, de iure, en la concesión de las licencias de actividad clasificada, lo que les preocupa es la capacidad de los consistorios para asumir una tarea que, de facto –al menos en la mayoría de los casos–, no vienen haciendo. No están preparados, sostienen. Pero, sobre todo, les preocupa que se produzca un aluvión de reclamaciones cuando, en el ejercicio de las potestades que les confiere o conferirá la próxima normativa, los ayuntamientos declaren la ilegalidad de una vivienda vacacional que en estos momentos esté funcionando sin más.

«Es decir, que no solo habrá que tener inspectores para ver cuáles están abiertas de forma legal y cuáles no, con el coste que eso conlleva, sino que cuando haya que pagar una indemnización por prohibir una actividad que venía ejerciéndose, encima resultará que la tendremos que abonar nosotros», resumía este lunes un alcalde tinerfeño. En definitiva, los regidores municipales temen que los ayuntamientos acaben pagando todos los pecados cometidos durante el extraordinario crecimiento de la vivienda vacacional, tanto los pecados propios como los ajenos.

A uno de esos pecados propios aludió la consejera De León. La representante del PP en el Consejo de Gobierno recordó que los consistorios tienen una doble tarea en lo relacionado con el alquiler turístico: por un lado, la comprobación de la cédula de habitabilidad del inmueble y, por otro, la expedición de la licencia de actividad clasificada. «Este segundo trámite es el que en nueve años no se ha cumplimentado; durante los nueve años de vigencia del decreto [el 113/2015, el del Reglamento de las viviendas vacacionales], se ha producido una desinformación sobre el período de actividades clasificadas, que es un trámite que tiene que pasar la vivienda vacacional», explicó la consejera, quien en esta línea insistió en que esa exigencia a los ayuntamientos no es, en modo alguno, un «capricho» del Gobierno regional, sino una obligación que se deriva del susodicho decreto 113/2015 y de la Ley de actividades clasificadas y espectáculos, que determina que todos los establecimientos turísticos, sean del tipo que sean, han de catalogarse como actividades clasificadas. Este es, según De León, el «gran escollo» que impide que el anteproyecto de ley llegue al Parlamento con el beneplácito de la Fecam, «porque durante nueve años, los ayuntamientos no han informado, muchos de ellos, no todos, sobre el cumplimiento de la actividad clasificada», subrayó.

Lo anterior explica por qué en el anteproyecto de ley se establece que no habrá declaración responsable que valga «sin la previa comprobación de las actividades clasificadas». El problema es que hasta ahora no ha sido así, con lo que hay un número indeterminado de viviendas turísticas sin el trámite de actividad clasificada. El caso es que hay corporaciones locales que entienden que se les endosa la tarea de verificar todos los trámites, algo que deben o deberían hacer los cabildos. En el Ejecutivo, en cambio, aseguran que la ley «no dice eso». «La ley dice que los cabildos comprueban el cumplimiento de toda la declaración responsable [la declaración responsable es la que permite comenzar una actividad, y a esta deberá unirse la solicitud de la pertinente licencia de actividad clasificada, lo que, cabe insistir, no viene ocurriendo] y que los ayuntamientos siguen haciendo lo que muchos de ellos están haciendo: la cédula de habitabilidad y la actividad clasificada».

Sea como sea, y según la actual redacción del anteproyecto de ley –al menos así lo consideran los alcaldes–, serán los consistorios los que tendrán que comprobar qué viviendas turísticas cumplen el requisito de actividad clasificada y qué inmuebles no cumplen esta obligación legal. Una tarea para la que muchas entidades locales no están preparadas, según afirmaron los regidores y ediles consultados por este diario, y que, más allá, dará lugar a litigios con los propietarios que han venido explotando viviendas vacacionales pese a no tener el requisito de actividad clasificada, lo que a su vez podría desembocar en una avalancha de indemnizaciones. Indemnizaciones –visto el desorden legal y administrativo al calor del cual se ha multiplicado el negocio del alquiler turístico– que en los ayuntamientos no están dispuestos a tragarse sin más.

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